El pasado negro de Samuel Doria Medina

Samuel Doria Medina se nemefció con la privatización de empresas del Estado

El empresario y candidato presidencial por Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, es un político conservador que se benefició de la privatización de las empresas del Estado que él mismo apoyó y que en su campaña, "proclama lo que no practica", según una investigación del periodista Edgar Ramos Andrade. "Samuel Doria Medina mantiene y es coherente con una política conservadora. Desde Víctor Paz Estenssoro (presidente entre 1985-1989, última gestión), pasando por su sobrino Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), Hugo Banzer Suárez (2001-2002), Jorge Quiroga(2002-2003), Carlos Mesa (2003-2005).

Hay una línea política a la que colaboró, pero que también se benefició económicamente", dijo.
El investigador presentó su estudio del jefe del UN en un programa televisivo denominado El Otro Perfil del Candidato, que se emite por Bolivia TV Canal 7.

Dijo que la privatización que impulsó Doria Medina cuando fue Ministro en la gestión de Paz Zamora, benefició también a empresarios de una élite económica poco ética como Raúl Garafulic (el desaparecido ex dueño del diario La Razón y de la Red ATB), a Branko Marinkovic (empresario y ex líder cívico de Santa Cruz) y a sí mismo.

Puso como ejemplo, la fábrica de Cemento El Puente de Tarija que fue privatizada por Doria Medina, y que más tarde fue su beneficiario, y a la fábrica de cemento FANCESA que rematada y subastada también le fue adjudicada.
"La fábrica de aceite El Rey de Villamontes (Tarija) fue privatizada por Doria Medina y el beneficiario fue la empresa Aceite Rico de Branko Marinkovic. De la privatizada Hilandería Santa Cruz se benefició Raúl Garafulic Gutiérrez", señaló.

Recordó que en su gestión Ministerial el empresario del cemento proclamó que iba a privatizar una empresa estatal por semana y repetía a la prensa que el mercado, la oferta y la demanda definían la actividad productiva en Bolivia.
"Pero entre 1991 y 1993, según la ex Superintendencia de Bancos, se produjo el cierre, la quiebra y la liquidación de bancos como los del Estado, Minero y Agrícola. En esa coyuntura el Banco Central de Bolivia tuvo que prestar 600 millones de dólares para devolver cuentas corrientes, cajas de ahorro y préstamos del público", aclaró.
Destacó asimismo, que el candidato del UN "proclama lo que no practica" porque "dice que los bolivianos debemos consumir alimentos ecológicos pero sigue vendiendo comida chatarra en Burger King".

En lo que denomina "el fenómeno de la comida chatarra", Ramos apunta a Doria Medina, quien propone a través de radio y televisión que se debe consumir alimentos ecológicos mientras él sigue en la industria de la comida rápida de Burger King, "que ofrece hamburguesas y pollos fritos no ecológicos y altamente contaminantes en 7 restaurantes de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz".
"Publicita la Responsabilidad Social Empresarial, que más parece una limosna frente a la millonaria fuga de capitales que realiza pagando el costo de la franquicia de Burger King hacia sus oficinas

Cámara de Diputados aprobó pot mayoria informe sobre terrorismo en Bolivia

El diputado Cesar Navarro, presidente de la comisión multipartidaria El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles por la noche el informe de la Comisión Multipartidaria que investigó a la célula de mercenarios europeos, sus financiadores y nexos locales, que tramaba la secesión de Bolivia. El informe concluyó que la milicia en cabeza del boliviano húngaro croata Eduardo Rózsa "no tenía otra intención que dividir territorialmente Bolivia, por vía de actos terroristas". El informe fue aprobado con el voto a favor de 65 diputados y 12 en contra. El legajo pasará a manos del Ministerio Público para engrosar la investigación que sustancia del Estado por vía del fiscal Marcelo Soza. La sesión, que se prolongó por más de 10 horas, aprobó el documento de 12 conclusiones y 7 recomendaciones. El informe pide al Ministerio Público, entre otros puntos, realizar las gestiones necesarias ante la Cancillería y la Policía Internacional (Interpol), para que Alejandro Melgar, Hugo Achá, Luis Hurtado, Lorgio Balcázar, Alejandro Brown, Ronny Hurtado, Juan Carlos Velarde, Enrique Vaca, Orlando Justiniano, sospechados de haber financiado a Rózsa y sus milicianos y que se dieron a la fuga, "sean habidos y conducidos ante las autoridades competentes en Bolivia".

Honduras: La responsabilidad de Washington

Fuente: La Jornada
Ante la crisis política hondureña, el gobierno de Barack Obama terminó por inclinarse en favor del régimen golpista que encabeza Roberto Micheletti. No otra cosa significa la disposición de Washington a otorgar su reconocimiento a la presidencia que surja de las elecciones previstas para el 29 de noviembre, pese a que éstas, de celebrarse bajo la dictadura militar instaurada en junio pasado, carecerán de toda legitimidad, credibilidad y transparencia.
En efecto, en los días anteriores se había hecho evidente el designio de la diplomacia estadunidense de dar cobertura a la estrategia de los golpistas de ganar tiempo con el propósito de enfrentar a la comunidad internacional al hecho consumado de unos comicios organizados –si llegan a realizarse– por un poder antidemocrático, dictatorial y represivo.
En esa lógica, las autoridades ilegítimas de Tegucigalpa fueron postergando el cumplimiento del acuerdo de San José –que de por sí representaba una concesión inaceptable al golpismo– y llegaron a distorsionarlo hasta el punto de fabricar una parodia del gobierno de unidad nacional previsto en ese pacto: en lugar de colocar al frente al presidente legítimamente electo, Manuel Zelaya, los asaltantes del poder lo conformaron con el propio Micheletti, impuesto en la Presidencia por ellos mismos.
Por lo que se refiere al gobierno de Estados Unidos, las conclusiones a extraer de este episodio son necesariamente preocupantes: independientemente de las convicciones y de los deseos personales del presidente demócrata, es claro que el aparato militar, empresarial y diplomático estadunidense ha impuesto en Honduras las inveteradas y tradicionales tendencias antidemocráticas de la política de Washington hacia el resto del hemisferio: alentar el surgimiento de dictaduras militares cuando y donde el Departamento de Estado, el Pentágono y las agencias de espionaje consideran que peligra la hegemonía de la superpotencia, y cuando y donde les resulte conveniente aplastar ejercicios de soberanía nacional.
Por otra parte, este catastrófico viraje de la crisis hondureña coloca a la diplomacia latinoamericana ante el espejo de su propia impotencia. A pesar de los esfuerzos de gobiernos como el de Brasil por restaurar en Honduras el orden constitucional quebrantado por el cuartelazo del 28 de junio, es claro que la intermediación diplomática continental ha resultado inoperante y que la dictadura hondureña tiene ante sí la perspectiva de perpetuarse mediante la organización de unos comicios amañados y la imposición en ellos de un resultado que Washington ha calificado de antemano como aceptable, aunque no lo sea.
La apuesta del poder estadunidense y de la oligarquía local es clara: dejar que el tiempo erosione al movimiento de resistencia popular que se ha ido articulando tras las demandas de restaurar el orden democrático vulnerado y restituir a Zelaya en el cargo para el que fue electo.
Previsiblemente, las reivindicaciones de esa resistencia evolucionarán en las semanas próximas, acaso para exigir la realización de comicios libres de sospecha o para demandar una refundación democrática de las instituciones desvirtuadas por quienes las tomaron por asalto en junio pasado.
Sea cual fuera el escenario, debe impedirse la consolidación de esta aventura golpista, que sería precedente y referente para nuevas agresiones a la institucionalidad democrática en otras naciones de la región.
En tal circunstancia, tocará a las sociedades de las naciones latinoamericanas exigir a sus gobiernos respectivos que desconozcan la elección hondureña del próximo día 29 y sus resultados, y que otorguen su respaldo a las instancias opositoras y democráticas surgidas de la sociedad para enfrentar al régimen de facto.