Por: Adalid Cabrera Lemuz
Los mismos grupos que financiaron una escalada terrorista y separatista en Bolivia desde el departamento de Santa Cruz son los que ahora se han dado a la tarea de pagar costosas publicaciones con el objetivo de sembrar dudas en la población sobre el trabajo que cumple el Ministerio Público para desvendar en su totalidad esas actividades que pusieron en serio riesgo la paz, seguridad y unidad nacionales, manifestó el martes el viceministro de Gobierno, Marcos Farfán.
Farfán se refirió a la separata publicada el lunes en el periódico La Razón bajo el título: Caso Rosza, un mar de dudas" donde se busca deslegitimar los avances de la investigación sobre las actividades del grupo terrorista y mercenario encabezado por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rosza Flores.
El viceministro dijo que curiosamente esa separata sale poco después de que el periodista español y corresponsal de guerra, Julio César Alonso, haya desnudado casi completamente las actividades de Rosza Flores y su agrupación de mercenarios extranjeros. Alonso dijo que sin lugar a dudas esta agrupación vino a Bolivia a provocar una guerra civil, tal como lo hizo en otras naciones, siempre a cambio del pago de jugosas y millonarias recompensas.
Alonso señaló que grupos como los de Rosza deambulan por el mundo, venden su trabajo al mejor postor y cumplen diversas misiones en los países con el fin de sembrar el terror, la violencia, el dolor, la destrucción y el luto en las familias.
Y razones para hacer esas revelaciones no le faltaron a Alonso debido a que Rosza era un viejo conocido suyo. Conoció sus actividades cuando, cámara en mano realizaba la cobertura periodística de diversas contiendas bélicas en las que vio en primera fila la cruenta forma cómo actuaban los mercenarios en diversas guerras civiles, sea en Los Balcanes, Croacia, África y otros.
Alonso se fue el lunes de Bolivia después de permanecer casi dos semanas para investigar sobre las ramificaciones del grupo de Rosza Flores en el país y dictar un curso universitario sobre la investigación periodística en situaciones de conflicto. Alonso quería saber más sobre Rosza y su grupo, al que seguía desde hacía tiempo con el fin de acumular pruebas en su contra. El periodista español reveló que Rosza ejecutó en Los Balcanes al periodista suizo Cristhian Battemberg por el solo hecho de haber descubierto sus andanzas.
Por las revelaciones de este periodista español, los bolivianos pudieron conocer los peligros que se cernían sobre Bolivia si es que prosperaban las actividades de Rosza y sus mercenarios que operaban bajo el mandato de grupos nacionales opositores, de acuerdo con las investigaciones preliminares.
Hasta la salida de Alonso de Bolivia, los grupos logísticos que sustentaron y financiaron las actividades terroristas y mercenarias se mantuvieron lejos del foro hasta que volvieron al ataque, esta vez con una millonaria publicación de 12 páginas evaluada en unos 240.000 bolivianos con la pretensión de desmoronar uno a uno los avances de la investigación realizada por el Ministerio Público.
Según el viceministro de Gobierno, basta mirar los que firman la separata publicada en La Razón para darse cuenta de que se trató de un contraataque bien financiado para deslegitimar las investigaciones y desmentir todas las revelaciones hechas por el corresponsal de guerra.
La separata fue presentada como una producción del medio que la publicó bajo la salida de "Especial", debido a que no aclara puntualmente que se trata de una solicitada o separata pagada. Solamente en un espacio reducido de su última página aparece: "Esta es una publicación de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarios de Bolivia (CONNIOB), una organización apócrifa desconocida por el sindicalismo y los movimientos sociales del país.
Farfán señaló que al lado de la identificación aparecen las firmas de Jaime Apaza Chuquimia y Víctor Hugo Velasco Iporre, quienes se identifican como responsables de CONNIOB.
Apaza es un indígena desclasado que marchó junto a las turbas racistas que agredieron a los campesinos de Chuquisaca el pasado 24 de mayo de 2008, a los que maltrataron y humillaron, al punto de hacerlos desnudar e hincar en plena plaza 25 de mayo para pedir perdón, no se sabe de qué.
Los campesinos provenientes de diversas provincias de Chuquisaca se encontraban en Sucre para participar de los actos de celebración de la efeméride de Chuquisaca.
Apaza también fue visto en los cabildos autonómicos realizados en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y en actividades junto a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que perpetró acciones violentas contra pobladores de rasgos altiplánicos tras el referéndum revocatorio de agosto del año pasado, que fue la señal del inicio de un golpe cívico-prefectural que tenía el objetivo de desestabilizar no solamente al gobierno del presidente Evo Morales, sino a la propia democracia.
En esa consulta, que fue planteada por los prefectos que se oponen al gobierno, la población dio su amplio respaldo al presidente Evo Morales y no a los prefectos de La Paz y Cochabamba, José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa, lo que significó una derrota contra los aprestos de la oposición.
Finalmente el golpe cívico-prefectural fracasó pero sus responsables en Pando dejaron tras de sí más de una decena de campesinos masacrados cuando se trasladaban a participar en una concentración popular. El Ministerio Público sustenta acciones para el procesamiento del ex prefecto de ese departamento, Leopoldo Fernández Ferreira, y un grupo de paramilitares que estaban a su servicio.
Para Farfán, las organizaciones que financiaron estos aprestos subversivos y los que costearon el viaje, hospedaje, alimentación, armamento y organización del grupo de Rosza parecen haber vuelto al escenario con la publicación de la separata en la que descalifican las investigaciones realizadas al respecto.
Agregó que el contenido de la separata muestra que técnicamente fue elaborada por periodistas profesionales muy bien rentados porque intentaron manipular con habilidad los acontecimientos para mostrar que las investigaciones del Ministerio Público no tendrían ni pies ni cabeza.
"Lo que se busca con esa publicación es crear un colchón periodístico para justificar acciones judiciales de prevaricato contra los investigadores que llevan adelante el caso", señaló.
En la tapa de la separata los autores colocaron un epígrafe que desnuda sus verdaderas intenciones. Señala: "En casi cuatro meses, la muerte de tres hombres acusados por el gobierno de terroristas no termina de aclararse. Hay contradicciones y las pruebas se esfuman. El caso está paralizado por el conflicto de competencias. Un abogado planteará una demanda internacional".
Ese solo epígrafe no soportaría un simple análisis de contenido. Para empezar se habla de "muerte de tres hombres acusados por el Gobierno de terroristas…..", cuando las pruebas acumuladas por el Ministerio Público hasta hoy y por las declaraciones tomadas por la Comisión Parlamentaria que investiga el caso muestra en su totalidad lo que significa Rosza y su grupo de mercenarios, lo que fue corroborado por las revelaciones de Alonso.
Igualmente induce a los lectores a pensar que el caso no avanza y que "hay contradicciones y las pruebas se esfuman". Está claro que el propósito de deslegitimar el trabajo de la Fiscalía y de la comisión parlamentaria.
Otro de los conceptos manejados en la publicación en su tapa anota "El caso está paralizado por el conflicto de competencias. Un abogado planteará una demanda internacional", al parecer esos planteamientos son para sentar las bases de una recusación a los investigadores y los jueces que vayan a tratar el asunto y, más aún, advertir con el inicio de una demanda internacional.
El tratamiento informativo dado al caso en la separata es coincidente con la que impulsan otros medios de comunicación privado, algunos de cuyos propietarios son investigados por la adjudicación ilegal de extensiones de tierras en las zonas del oriente del país, que se refieren a los mercenarios como "supuestos terroristas"
En el fondo, al referirse a los tres mercenarios muertos en la confrontación con la Policía el pasado 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz , la publicación intenta darle un contenido humano para introducir en forma subliminal al lector que los identifique con tres hombres que fueron ejecutados por las fuerzas del orden, un discurso que ha sido manejado con habilidad por autoridades políticas y parlamentarias del departamento de Santa Cruz, entre ellos el prefecto de ese departamento, Rubén Costas, y el presidente del Senado, Oscar Ortiz.
Desde la segunda página, el lector menos avisado podría ver las intenciones de la separata. Abre la nota con "La pregunta sigue, cómo llegó Rosza?: El desarrollo señala que unos piensan que fue financiado por empresarios de Santa Cruz", pero siembra la cizaña al mencionar que otros piensan que fue el propio gobierno que lo contrató con el fin de tener un pretexto para atacar a los opositores y autonomistas.
En esa misma página da cobertura a las declaraciones de los dos integrantes del grupo de Rosza que no murieron en el enfrentamiento y que están presos en la cárcel en un espacio en el que reivindican su inocencia. La publicación hasta cita una consideración de la enciclopedia Wilkipedia que califica al caso como un "confuso asunto".
En las páginas subsiguientes la separata incluye una información manipulada sobre lo que habría sido el operativo mostrando nuevamente a los mercenarios como víctimas en base a supuestas declaraciones de testigos y coloca con realce la presencia fortuita de un grupo de tripulantes militares de una aeronave venezolana en el hotel y de una autoridad del Ministerio de Gobierno, además de una supuesta auditoria técnica de un Consejo de Defensa de los Derechos Humanos del Comité Pro Santa Cruz que subraya que la Policía habría dejado morir a los terroristas.
En la pagina central, la publicación muestra sus verdaderas intenciones al subrayar "La grandes pruebas se caen poco a poco y para descalificar al periodista español Julio César Alonso y a Ignacio Villa Vargas calificándolos como "ex convictos".
Otro de los blancos de la publicación es la Comisión Parlamentaria que investiga el caso con la toma de declaraciones a varias personas en Santa Cruz y La Paz.
En sus páginas finales el impreso dedica espacios al fallo judicial emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz que resta jurisdicción y competencia al fiscal Marcelo Soza para investigar el caso o a tomar declaraciones a los presuntos imputados. Incluye una información en la que subraya que el abogado de Ellot Toasó, uno de los cómplices de Rosza detenido, demandó al presidente boliviano ante las Naciones Unidas
De pies a cabeza, la publicación de 12 páginas parece ser un legajo de la defensa de los imputados antes que un trabajo periodístico que debería mostrar los hechos sin riesgo de ser manipulados y sin tratar de inducir a los lectores a hacer suyos los discursos esgrimidos por los investigados en este caso.
El viceministro de Gobierno subrayó que otro de los objetivos de la separata y de sus autores intelectuales y materiales es distraer la investigación y sembrar dudas en la población sobre su desarrollo y hasta incurre en una apología del delito al buscar la liberación de culpas de los sospechosos de haber financiado el montaje de una conspiración contra el gobierno que habría incluido hasta un magnicidio con la ejecución de las principales autoridades.
El Ministerio de Gobierno ha salido al frente a esa publicación y el martes publicó una solicitada de una página, ni el 10 por ciento del espacio de la separata, en la que hizo conocer sus cuestionamientos a la publicación, mucho más si intentó ingresar de contrabando en la mente de los lectores del mencionado periódico sin identificar su origen.
La solicitada del Ministerio de Gobierno enfatizó que las autoridades aportarán en forma permanente con pruebas al Ministerio Público con el fin de contribuir a la investigación sobre terrorismo y separatismo para que la justicia sancione a las personas que financiaron a los mercenarios implicados con estos hechos y sus financiadores, señaló el martes un informe del Ministerio de Gobierno.
El informe subraya que la publicación se realiza en un momento en el que la investigación confirma que el país "fue expuesto al riesgo de una guerra civil, propiciada por grupos de mercenarios terroristas internacionales que fueron traídos al país para generar la división de nuestro territorio".
El comunicado del Ministerio de Gobierno alertó a la población "a no dejarse engañar por estos intentos que sólo pretenden evitar que la investigación avance y justificar la decisión de jueces prevaricadores que responden a un grupo de personas que, valiéndose de sus recursos económicos, no tuvieron ningún escrúpulo en contratar a estos mercenarios para mantener sus privilegios dentro del país".
Los mismos grupos que financiaron una escalada terrorista y separatista en Bolivia desde el departamento de Santa Cruz son los que ahora se han dado a la tarea de pagar costosas publicaciones con el objetivo de sembrar dudas en la población sobre el trabajo que cumple el Ministerio Público para desvendar en su totalidad esas actividades que pusieron en serio riesgo la paz, seguridad y unidad nacionales, manifestó el martes el viceministro de Gobierno, Marcos Farfán.
Farfán se refirió a la separata publicada el lunes en el periódico La Razón bajo el título: Caso Rosza, un mar de dudas" donde se busca deslegitimar los avances de la investigación sobre las actividades del grupo terrorista y mercenario encabezado por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rosza Flores.
El viceministro dijo que curiosamente esa separata sale poco después de que el periodista español y corresponsal de guerra, Julio César Alonso, haya desnudado casi completamente las actividades de Rosza Flores y su agrupación de mercenarios extranjeros. Alonso dijo que sin lugar a dudas esta agrupación vino a Bolivia a provocar una guerra civil, tal como lo hizo en otras naciones, siempre a cambio del pago de jugosas y millonarias recompensas.
Alonso señaló que grupos como los de Rosza deambulan por el mundo, venden su trabajo al mejor postor y cumplen diversas misiones en los países con el fin de sembrar el terror, la violencia, el dolor, la destrucción y el luto en las familias.
Y razones para hacer esas revelaciones no le faltaron a Alonso debido a que Rosza era un viejo conocido suyo. Conoció sus actividades cuando, cámara en mano realizaba la cobertura periodística de diversas contiendas bélicas en las que vio en primera fila la cruenta forma cómo actuaban los mercenarios en diversas guerras civiles, sea en Los Balcanes, Croacia, África y otros.
Alonso se fue el lunes de Bolivia después de permanecer casi dos semanas para investigar sobre las ramificaciones del grupo de Rosza Flores en el país y dictar un curso universitario sobre la investigación periodística en situaciones de conflicto. Alonso quería saber más sobre Rosza y su grupo, al que seguía desde hacía tiempo con el fin de acumular pruebas en su contra. El periodista español reveló que Rosza ejecutó en Los Balcanes al periodista suizo Cristhian Battemberg por el solo hecho de haber descubierto sus andanzas.
Por las revelaciones de este periodista español, los bolivianos pudieron conocer los peligros que se cernían sobre Bolivia si es que prosperaban las actividades de Rosza y sus mercenarios que operaban bajo el mandato de grupos nacionales opositores, de acuerdo con las investigaciones preliminares.
Hasta la salida de Alonso de Bolivia, los grupos logísticos que sustentaron y financiaron las actividades terroristas y mercenarias se mantuvieron lejos del foro hasta que volvieron al ataque, esta vez con una millonaria publicación de 12 páginas evaluada en unos 240.000 bolivianos con la pretensión de desmoronar uno a uno los avances de la investigación realizada por el Ministerio Público.
Según el viceministro de Gobierno, basta mirar los que firman la separata publicada en La Razón para darse cuenta de que se trató de un contraataque bien financiado para deslegitimar las investigaciones y desmentir todas las revelaciones hechas por el corresponsal de guerra.
La separata fue presentada como una producción del medio que la publicó bajo la salida de "Especial", debido a que no aclara puntualmente que se trata de una solicitada o separata pagada. Solamente en un espacio reducido de su última página aparece: "Esta es una publicación de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarios de Bolivia (CONNIOB), una organización apócrifa desconocida por el sindicalismo y los movimientos sociales del país.
Farfán señaló que al lado de la identificación aparecen las firmas de Jaime Apaza Chuquimia y Víctor Hugo Velasco Iporre, quienes se identifican como responsables de CONNIOB.
Apaza es un indígena desclasado que marchó junto a las turbas racistas que agredieron a los campesinos de Chuquisaca el pasado 24 de mayo de 2008, a los que maltrataron y humillaron, al punto de hacerlos desnudar e hincar en plena plaza 25 de mayo para pedir perdón, no se sabe de qué.
Los campesinos provenientes de diversas provincias de Chuquisaca se encontraban en Sucre para participar de los actos de celebración de la efeméride de Chuquisaca.
Apaza también fue visto en los cabildos autonómicos realizados en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y en actividades junto a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que perpetró acciones violentas contra pobladores de rasgos altiplánicos tras el referéndum revocatorio de agosto del año pasado, que fue la señal del inicio de un golpe cívico-prefectural que tenía el objetivo de desestabilizar no solamente al gobierno del presidente Evo Morales, sino a la propia democracia.
En esa consulta, que fue planteada por los prefectos que se oponen al gobierno, la población dio su amplio respaldo al presidente Evo Morales y no a los prefectos de La Paz y Cochabamba, José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa, lo que significó una derrota contra los aprestos de la oposición.
Finalmente el golpe cívico-prefectural fracasó pero sus responsables en Pando dejaron tras de sí más de una decena de campesinos masacrados cuando se trasladaban a participar en una concentración popular. El Ministerio Público sustenta acciones para el procesamiento del ex prefecto de ese departamento, Leopoldo Fernández Ferreira, y un grupo de paramilitares que estaban a su servicio.
Para Farfán, las organizaciones que financiaron estos aprestos subversivos y los que costearon el viaje, hospedaje, alimentación, armamento y organización del grupo de Rosza parecen haber vuelto al escenario con la publicación de la separata en la que descalifican las investigaciones realizadas al respecto.
Agregó que el contenido de la separata muestra que técnicamente fue elaborada por periodistas profesionales muy bien rentados porque intentaron manipular con habilidad los acontecimientos para mostrar que las investigaciones del Ministerio Público no tendrían ni pies ni cabeza.
"Lo que se busca con esa publicación es crear un colchón periodístico para justificar acciones judiciales de prevaricato contra los investigadores que llevan adelante el caso", señaló.
En la tapa de la separata los autores colocaron un epígrafe que desnuda sus verdaderas intenciones. Señala: "En casi cuatro meses, la muerte de tres hombres acusados por el gobierno de terroristas no termina de aclararse. Hay contradicciones y las pruebas se esfuman. El caso está paralizado por el conflicto de competencias. Un abogado planteará una demanda internacional".
Ese solo epígrafe no soportaría un simple análisis de contenido. Para empezar se habla de "muerte de tres hombres acusados por el Gobierno de terroristas…..", cuando las pruebas acumuladas por el Ministerio Público hasta hoy y por las declaraciones tomadas por la Comisión Parlamentaria que investiga el caso muestra en su totalidad lo que significa Rosza y su grupo de mercenarios, lo que fue corroborado por las revelaciones de Alonso.
Igualmente induce a los lectores a pensar que el caso no avanza y que "hay contradicciones y las pruebas se esfuman". Está claro que el propósito de deslegitimar el trabajo de la Fiscalía y de la comisión parlamentaria.
Otro de los conceptos manejados en la publicación en su tapa anota "El caso está paralizado por el conflicto de competencias. Un abogado planteará una demanda internacional", al parecer esos planteamientos son para sentar las bases de una recusación a los investigadores y los jueces que vayan a tratar el asunto y, más aún, advertir con el inicio de una demanda internacional.
El tratamiento informativo dado al caso en la separata es coincidente con la que impulsan otros medios de comunicación privado, algunos de cuyos propietarios son investigados por la adjudicación ilegal de extensiones de tierras en las zonas del oriente del país, que se refieren a los mercenarios como "supuestos terroristas"
En el fondo, al referirse a los tres mercenarios muertos en la confrontación con la Policía el pasado 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz , la publicación intenta darle un contenido humano para introducir en forma subliminal al lector que los identifique con tres hombres que fueron ejecutados por las fuerzas del orden, un discurso que ha sido manejado con habilidad por autoridades políticas y parlamentarias del departamento de Santa Cruz, entre ellos el prefecto de ese departamento, Rubén Costas, y el presidente del Senado, Oscar Ortiz.
Desde la segunda página, el lector menos avisado podría ver las intenciones de la separata. Abre la nota con "La pregunta sigue, cómo llegó Rosza?: El desarrollo señala que unos piensan que fue financiado por empresarios de Santa Cruz", pero siembra la cizaña al mencionar que otros piensan que fue el propio gobierno que lo contrató con el fin de tener un pretexto para atacar a los opositores y autonomistas.
En esa misma página da cobertura a las declaraciones de los dos integrantes del grupo de Rosza que no murieron en el enfrentamiento y que están presos en la cárcel en un espacio en el que reivindican su inocencia. La publicación hasta cita una consideración de la enciclopedia Wilkipedia que califica al caso como un "confuso asunto".
En las páginas subsiguientes la separata incluye una información manipulada sobre lo que habría sido el operativo mostrando nuevamente a los mercenarios como víctimas en base a supuestas declaraciones de testigos y coloca con realce la presencia fortuita de un grupo de tripulantes militares de una aeronave venezolana en el hotel y de una autoridad del Ministerio de Gobierno, además de una supuesta auditoria técnica de un Consejo de Defensa de los Derechos Humanos del Comité Pro Santa Cruz que subraya que la Policía habría dejado morir a los terroristas.
En la pagina central, la publicación muestra sus verdaderas intenciones al subrayar "La grandes pruebas se caen poco a poco y para descalificar al periodista español Julio César Alonso y a Ignacio Villa Vargas calificándolos como "ex convictos".
Otro de los blancos de la publicación es la Comisión Parlamentaria que investiga el caso con la toma de declaraciones a varias personas en Santa Cruz y La Paz.
En sus páginas finales el impreso dedica espacios al fallo judicial emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz que resta jurisdicción y competencia al fiscal Marcelo Soza para investigar el caso o a tomar declaraciones a los presuntos imputados. Incluye una información en la que subraya que el abogado de Ellot Toasó, uno de los cómplices de Rosza detenido, demandó al presidente boliviano ante las Naciones Unidas
De pies a cabeza, la publicación de 12 páginas parece ser un legajo de la defensa de los imputados antes que un trabajo periodístico que debería mostrar los hechos sin riesgo de ser manipulados y sin tratar de inducir a los lectores a hacer suyos los discursos esgrimidos por los investigados en este caso.
El viceministro de Gobierno subrayó que otro de los objetivos de la separata y de sus autores intelectuales y materiales es distraer la investigación y sembrar dudas en la población sobre su desarrollo y hasta incurre en una apología del delito al buscar la liberación de culpas de los sospechosos de haber financiado el montaje de una conspiración contra el gobierno que habría incluido hasta un magnicidio con la ejecución de las principales autoridades.
El Ministerio de Gobierno ha salido al frente a esa publicación y el martes publicó una solicitada de una página, ni el 10 por ciento del espacio de la separata, en la que hizo conocer sus cuestionamientos a la publicación, mucho más si intentó ingresar de contrabando en la mente de los lectores del mencionado periódico sin identificar su origen.
La solicitada del Ministerio de Gobierno enfatizó que las autoridades aportarán en forma permanente con pruebas al Ministerio Público con el fin de contribuir a la investigación sobre terrorismo y separatismo para que la justicia sancione a las personas que financiaron a los mercenarios implicados con estos hechos y sus financiadores, señaló el martes un informe del Ministerio de Gobierno.
El informe subraya que la publicación se realiza en un momento en el que la investigación confirma que el país "fue expuesto al riesgo de una guerra civil, propiciada por grupos de mercenarios terroristas internacionales que fueron traídos al país para generar la división de nuestro territorio".
El comunicado del Ministerio de Gobierno alertó a la población "a no dejarse engañar por estos intentos que sólo pretenden evitar que la investigación avance y justificar la decisión de jueces prevaricadores que responden a un grupo de personas que, valiéndose de sus recursos económicos, no tuvieron ningún escrúpulo en contratar a estos mercenarios para mantener sus privilegios dentro del país".
