Ministra de Defensa boliviana dice que los soldados sufrieron agravios durante su detención. Vicecanciller Alurralde afirma que entre ambos países no existe ‘rencor’. Aduana boliviana espera que se investigue por qué militares usaban chutos.
¿Abuso? Un soldado encadenado, cuando era llevado a la audiencia en el Ministerio Público chileno el domingo
El Deber, M. Chuquimia/Emol
Bolivia protesta; Chile niega abuso a soldados
Conflicto. La ministra de Defensa boliviana dice que los soldados sufrieron agravios durante su detención. El Ministerio Público chileno señala que se opondrá a la devolución de las armas incautadas
Las autoridades bolivianas reaccionaron con molestia por el trato que recibieron los 14 efectivos militares nacionales cuando fueron detenidos por la Policía chilena y la ministra de Defensa, María Cecilia Chacón, adelantó una protesta por ese trato que considera inhumano.
Por su parte, el ministro del Interior chileno, Rodrigo Hinzpeter, reaccionó a los dichos de la titular de Defensa e indicó que en el caso "se hicieron exactamente los procedimientos que establece la ley chilena, de acuerdo a los hechos".
El ministro indicó que "la falta de información de la ministra de Defensa de Bolivia puede llevar a decir que en nuestro país recibieron un trato inadecuado, para los hechos en que les correspondió participar a estos militares bolivianos".
"Además, quiero decir que durante el tiempo que estuvieron en el país contaron con asistencia médica, se les brindó vestuario, alimentación, y el propio Cónsul de Bolivia, que oficia en Iquique, tuvo palabras de elogio para el Ministerio Público, la Defensoría Penal y Gendarmeria de Chile, respecto de como se había conducido y se había tratado a estos militares", agregó Hinzpeter.
"No hay que olvidar los hechos que motivó esto también, el ingreso ilegal a nuestro país de personas portando armas de fuego", concluyó la autoridad.
Por su parte, el fiscal regional de Tarapacá (Chile) Manuel Guerra, aseguró que por ningún motivo en la detención de los soldados hubo algún trato inhumano que amerite el reclamo anunciado por las autoridades bolivianas, que además alegaron que el personal castrense fue tratado como presos comunes. Asimismo, sostuvo que se opondrán a la devolución de las armas incautadas en el procedimiento.
La ministra Chacón afirmó que era evidente que, “no solo se trata de efectivos militares, sino cualquier ciudadano boliviano tiene derecho y todos los ciudadanos cuando son detenidos pueden conversar con un abogado. Haremos nuestra representación ante las autoridades que correspondan”, advirtió.
Aunque no estaba previsto, ahora se pedirá informes a los efectivos sobre todo lo sucedido y la forma cómo fueron tratados en las celdas policiales.
Por su lado, el fiscal Guerra, que coordinó las diligencias ese día, sostuvo que le llamaba la atención dichas declaraciones sobre todo porque el reclamo gira en torno a que se les trató como delincuentes comunes. Al respecto, aseguró "los delitos que ellos cometieron son delitos comunes y en ese contexto se les trató como se trata a cualquier ciudadano que es detenido cometiendo un ilícito de esa naturaleza. No hubo trato preferente, ni tampoco discriminatorio".
El abogado Guerra dijo además que tras la aprehensión en flagrancia de los militares portando ilegalmente armas y en territorio chileno, se realizó una audiencia ante el juez de garantía de Pozo Almonte frente al cual ninguno reclamó algún trato vejatorio.
Respecto al anuncio del Gobierno de Evo Morales, en sentido que solicitarán la devolución del arsenal que se les decomisó tras la detención, el fiscal regional dijo: "Yo en principio me atrevo a señalar responsablemente, como cabeza del Ministerio Público de Tarapacá, absolutamente autónomos en la toma de decisión que nos corresponde, que nosotros nos vamos a oponer a la devolución de ese armamento porque fue ingresado ilegalmente al territorio nacional y de eso hay evidencia suficiente en nuestra carpeta de investigación", señaló Guerra al agregar que el decomiso se ajusta a derecho.
En la jornada –
El secretario de Coordinación Institucional de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Ortiz, aseguró que con la detención y posterior expulsión de los 14 militares la imagen del país fue ‘manchada’ a escala internacional.
- El vicecanciller Juan Carlos Alurralde acusó a las autoridades del vecino país de violar los convenios internacionales porque no trataron a los militares como correspondía y que les dieron un trato de delincuentes comunes.
- El general Alvin Anaya, ex comandante en jefe de las FFAA, en el programa televisivo No mentirás, lamentó el trato dado a los militares bolivianos y reclamó al comando castrense para explique los motivos por los cuales éstos se hallaban en territorio chileno, en vehículos que no le correspondían.
- En el mismo programa televisivo, el expresidente Carlos Mesa Gisbert consideró el hecho como abuso y humillación.
- El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que antes de un pronunciamiento se debe esperar el informe de la Cancillería respecto a este tema y que una declaración anticipada puede ocasionar malos entendidos.
- Los uniformados fueron detenidos en el sector del salar de Coipasa el viernes por policías chilenos, cuando conducían dos vehículos incautados.
Defensor anuncia una investigación
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, anunció ayer que instruyó a los representantes de la Defensoría en Oruro y Potosí que inicien una investiguen y establezcan si se vulneraron o no los derechos humanos de los 14 militares bolivianos que fueron detenidos por carabineros chilenos, el viernes, en el límite fronterizo con ese país.
"Nosotros vamos a hacer una valoración de todo, estamos en proceso de tener más elementos, (por eso) estoy instruyendo al representante defensorial de Potosí y también al de Oruro para que este asunto sea investigado y podamos tener los datos de primera mano", informó en conferencia de prensa.
Remarcó que la Defensoría del Pueblo coadyuvará en la investigación "desde la mirada de los derechos humanos", para establecer si se vulneró alguno de ellos, en el proceso de la detención.
Afirmó que en el caso de que se constate la vulneración de los derechos humanos de los 14 militares bolivianos, pedirá sanciones para quienes corresponda.
El Ministerio de Defensa y el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas informaron que una patrulla de 14 militares bolivianos fue ‘interceptada’ y ‘detenida’ en la localidad de Colchane, por Carabineros de Chile, en el sector de Huayllas, en las proximidades del Salar de Coipasa, el viernes, cuando realizaba una labor de control al contrabando de autos indocumentados y robados.
Vicecanciller: Chile suspendió diálogo y debe activarlo
Alurralde afirmó que entre ambos países no existe ‘rencor’.
La Razón - Paulo Cuiza – La Paz
El Gobierno de Chile suspendió la reunión de comisiones técnicas de diciembre del 2010, por lo que debe asumir la responsabilidad de fijar una nueva fecha del encuentro para reactivar el diálogo sobre la agenda de 13 puntos, explicó el vicecanciller Juan Carlos Alurralde.
Los vicecancilleres de ambos países conducían el diálogo político. Estas instancias se reunían dos veces al año, pero la segunda cita del 2010 no se realizó por una decisión unilateral del Gobierno chileno.
A raíz de la posición del Gobierno del vecino país, los presidentes Evo Morales y Sebastián Piñera acordaron formar una comisión de alto nivel a cargo de los cancilleres. El diálogo no dio resultados y Morales anunció el 23 de marzo que el diferendo marítimo será llevado a tribunales internacionales, sin renunciar al diálogo.
“Estamos esperando que Chile mencione alguna fecha”, afirmó Alurralde a radio Erbol. Añadió que el último incidente entre Bolivia y Chile, por la detención de 14 militares bolivianos en territorio chileno, generó una “comunicación muy intensa” entre autoridades de ambos países y que ello “permite ver que entre Bolivia y Chile no existe rencor”.
Bolivia emplazó a Santiago a presentar una propuesta útil, concreta y factible a la reivindicación nacional como base para empezar una negociación. Piñera, en reiteradas ocasiones, dijo que Santiago no tiene temas pendientes con La Paz, aunque su canciller Alfredo Moreno reconoció en la asamblea de la OEA la existencia de un diferendo.
Ardaya desconoce operativo y pide un informe a las FFAA
Conflicto. La presidenta de la entidad recaudadora dijo que los militares actuaron en el marco de la ley. Anuncian la contratación de una empresa que audite los hitos fronterizos.
Frontera. La Aduana y las Fuerzas Armadas desplegaron 750 militares bolivianos para evitar el ingreso ilegal de vehículos
Carla Paz V. | El Deber
La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, reconoció que desconoce cómo se realizó el operativo en el que fueron detenidos 14 militares el viernes en Chile, cuando manejaban dos vehículos con placas del vecino país. Por ello, pidió un informe a las Fuerzas Armadas (FFAA), documento que, según adelantó, estará listo la próxima semana.
“Sé que en este momento el Ejército está elaborando un informe sobre los acontecimientos ocurridos la semana pasada en Chile. Ellos estaban cumpliendo una función, evitar el ingreso de vehículos indocumentados”, precisó en un contacto telefónico con EL DEBER.
Cuando se le preguntó sobre la razón por la que los militares estaban sin efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) y sin un representante de la Fiscalía, como establece la Ley de Aduanas, Ardaya sostuvo que la Ley de Desarrollo Fronterizo otorga facultades a los militares y que ellos estaban cumpliendo un operativo en el marco de la legalización de vehículos ‘chutos’, que es de interés nacional.
Sin embargo, la norma mencionada establece que los militares pueden actuar en solitario solo cuando se trata del contrabando de combustibles en frontera. Al respecto, la titular de la Aduana insistió en que hay excepciones en caso de delitos en flagrancia y recalcó que estaban en un operativo.
Asimismo, se le consultó por qué los vehículos estaban en poder de los militares, seis días después de su incautación, a lo que Ardaya contestó que en el marco de la Ley 2157 (Acuerdo de Asunción sobre restitución de vehículos automotores terrestres y/o embarcaciones que trasponen ilegalmente las fronteras entre los Estados partes del Mercosur, y las Repúblicas de Bolivia y Chile), hay un plazo mayor en el marco de un proceso administrativo.
“Los denunciantes no fueron capaces de demostrar que los soldados robaron los vehículos, entonces es un incidente y hay que destacar el apoyo de las Fuerzas Armadas”, resaltó la funcionaria aduanera.
Ante la insistencia de los motivos por los que los vehículos decomisados no estaban en un depósito aduanero. Ardaya agregó: “Yo soy muy prudente, primero tengo que recibir el informe de cómo sucedió el hecho”.
La normativa aduanera establece que una vez decomisada la mercadería ilegal en presencia de un fiscal, los efectivos del COA deben trasladar la misma a un recinto aduanero para su respectivo aforo físico (establecer su valor).
Por su parte, el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, indicó que los dos vehículos eran conducidos hasta Pisiga, que es el lugar donde se está concentrando todos los motorizados indocumentados que ingresaron después de la promulgación de la ley de legalización de los ‘chutos’.
La ministra de Defensa, María Cecilia Chacón, en una conferencia de prensa, precisó que hasta el momento, en el almacén que tienen en esta zona, existen 100 rodados indocumentados que fueron decomisados desde el 8 de junio, cuando entró en vigencia la ley que regulariza el ingreso de estos autos.
Chacón afirmó que en el occidente del país, existen al menos 750 efectivos que están destinados a resguardar todo el cordón fronterizo que tiene Bolivia con la vecina Chile y que están trabajando en coordinación con los efectivos del COA.
La ministra explicó que luego del incidente que se produjo, la Cancillería trabaja en los comités de frontera para realizar un doble trabajo de control del ingreso de mercadería de contrabando a Bolivia.
Por otra parte, el jefe de bancada del MAS en Tarija, el diputado José Yucra, informó a ANF de que la Cancillería lo invitó a participar de un encuentro donde se analizará la posibilidad de iniciar auditorías a los hitos fronterizos.
Las auditorías permitirán definir claramente la extensión del territorio. Además, dijo Yucra, se evitará lo ocurrido con los 14 militares que fueron detenidos en Chile. “El domingo nos ha llegado una nota de la Cancillería, nos está dando una fecha y hora para tener una audiencia con el canciller", precisó.
Yucra explicó que la Cancillería, el Instituto Geográfico Militar y el Instituto Nacional de Reforma Agraria acordaron contratar una empresa que inicie una auditoría a los hitos fronterizos.
Invierten en asientos fiscales
El Ministerio Público de Bolivia creó en las fronteras del país 11 nuevos asientos fiscales debidamente equipados para la atención de todas las necesidades en cuanto a la lucha contra el tráfico de sustancias controladas, contrabando y delitos medioambientales, así como la creación de igual número de ítemes para fiscales que ejercerán funciones en ellos.
El fiscal general del Estado, Mario Uribe, explicó que los recursos fueron solicitados en el marco de lo que establece la Ley Nº 100, un presupuesto complementario para la concreción de este proyecto que el Ministerio de Economía otorgó en una suma aproximada a los Bs 10 millones. Por lo que dejarán de depender de la cooperación externa para solventar sus gastos administrativos.
Además, indicó que esta nueva forma de implementar la investigación en los lugares donde se genera el delito es un avance positivo porque también se trabajará de la mano con las Fuerzas Armadas y con la Policía boliviana, que son coadyuvantes a la labor de investigación del Ministerio Público.
Los asientos fiscales están en las zonas fronterizas Bermejo, Yacuiba, Villazón, Tambo Quemado, Desaguadero, Cobija, Guayaramerín, Puerto Suárez, entre otras poblaciones./Erbol
La situación en frontera y países vecinos
Chile. Un equipo de periodistas de EL DEBER evidenció en Pisiga que los vehículos ilegales siguen ingresando al país, pese al patrullaje militar en la zona. En varios domicilios hay motorizados con placas chilenas que están cubiertos con carpas. Los legisladores del vecino país protestaron contra la nacionalización.
“Con esta ley el Gobierno boliviano avala las prácticas de robo y contrabando realizadas por organizaciones criminales a ambos lados de la frontera”, señala un documento del Senado chileno.
Argentina. En Yacuiba, frontera de Bolivia con Argentina, no se tiene todavía un reporte oficial sobre el ingreso de motorizados al país. Marcial Renjifo, ejecutivo seccional de Yacuiba, indicó que están legalizando los motorizados indocumentados, pero espera que en el transcurso de la presente semana se pueda contar con una cifra.
Paraguay. El 26 de mayo, el Gobierno de Paraguay promulgó una ley que dispone importar vehículos usados con hasta 10 años de antigüedad, pero deberán ser sometidos a las normas de inspección técnica vehicular, según dispone la Ley 3850. Paraguay es el segundo importador de motorizados usados, luego de Bolivia.
Brasil. La Alcaldía de Puerto Suárez dio cuenta de que hay 2.054 vehículos indocumentados que utilizan placas provisionales en la frontera. Erik Dulón Castro, director de recaudaciones, informó de que incluso le entregan un carné de propiedad provisional que cuenta con el aval de la Unidad Operativa de Tránsito.
Como se recordará, el 7 de junio la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, lanzó un plan para reforzar, con la inédita presencia de las Fuerzas Armadas, la seguridad en los 16.000 kilómetros de frontera con diez países.
Aduana espera que se investigue por qué militares usaban chutos
Un senador chileno dijo que los uniformados “entraron a delinquir”.
Estrategia. En el Ministerio de Defensa se informó que este tipo de hechos en las fronteras responden a estrategias militares para detectar chuteros en plena acción.
Página Siete, La Paz
La Aduana espera que se investigue por qué los militares usaban vehículos chutos en la frontera con Chile. Así lo señaló su titular, Marlene Ardaya, y aseguró que esta actitud forma parte del trabajo que está desarrollando el Ejército.
Ante la pregunta de por qué los militares estaban en un auto indocumentado, Ardaya respondió: “Tiene que haber un proceso de investigación, el tema de la prueba corresponde a la investigación, no podríamos nosotros emitir una opinión cuando todavía no se ha investigado”, dijo.
En este mismo marco, el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, señaló que se esperará informes para asumir las acciones correspondientes a nivel diplomático.
“Tenemos que recibir todos los informes de los hechos con la mayor precisión posible, para ello el ente adecuado y que debe remitir estos informes es justamente el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas y con base en los mismos actuar”, sostuvo.
14 militares bolivianos armados fueron detenidos por Carabineros de Chile cuando transitaban por el salar de Coipasa, dentro de territorio chileno, pero muy cerca de la frontera en la madrugada del 17 de junio.
Según informaron medios de comunicación, los efectivos se trasladaban en dos autos con placas chilenas. Los propietarios de los vehículos, dos bolivianos residentes en Chile, denunciaron que los militares les habían robado el vehículo. Sin embargo, después no pudieron sustentar su denuncia ni tampoco demostrar fehacientemente que son los dueños.
La versión del Ministerio de Defensa señala que los militares estaban patrullando a pie, dentro de territorio boliviano, y que dieron con los dos autos, cuyos propietarios supuestamente deseaban nacionalizarlos en Bolivia. Los militares habrían requisado los autos y, al llevarlos a Pisiga, para su entrega a Aduanas, se desorientaron y pasaron a territorio chileno.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía local de Pozo Almonte y de la Fiscalía Militar, bajo a cusación de ingreso ilegal al país, tenencia de armas y robo de auto. SIn embargo, al no haber pruebas, se decidió expulsarlos a Bolivia.
La ministra de Defensa, Cecilia Chacón, denunció que en Chile se trató a los militares “como delincuentes comunes”. Añadió que se los había incomunicado durante varias horas y se les había negado acceso a un abogado. La ministra dijo que se hará “una representación” a Chile vía Cancillería.
El ministro chileno de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, dijo sentirse “desconcertado” por las declaraciones de la ministra Chacón.
“Quiero señalar que probablemente la ministra de Defensa de Bolivia no cuenta con toda la información, que le ha llevado a sostener que pudo haber de parte de nuestro país maltrato (‘) para dejar las cosas en su lugar, fueron detenidos dentro de nuestro territorio, con un ingreso ilegal y portando armas de fuego”, dijo según Erbol.
El fiscal que investiga el caso en Chile, Jardy Tórrez, anunció en el canal estatal chileno que si bien no se pudo probar que los militares son autores de los hechos, las investigaciones proseguirán.
Por su parte, el senador Eugenio Tupa sostuvo que la Cancillería boliviana debería pedir disculpas a Santiago porque los uniformados bolivianos cometieron un delito al cruzar un territorio.
“Señalar que Chile tuvo una acción abusiva con ellos en circunstancias que sorprendieron infraganti en el delito, es absolutamente impropio descargarse con responsabilidades ni con la Fiscalía y los tribunales. Son ellos los que tienen que dar explicaciones a sus fuerzas armadas. Entran a Chile a cometer delito”, afirmó.
Las dudas que aún persisten
La detención de los 14 efectivos militares bolivianos en la frontera con Chile, la semana pasada, deja más dudas que deben ser aclaradas por las autoridades.
Por ejemplo, si el contingente estaba realizando un patrullaje para vigilar y evitar el ingreso de vehículos de contrabando, qué hacían a bordo de un motorizado indocumentado.
Acaso las autoridades castrenses o de la Aduana no coordinan que cualquier operativo tenga el apoyo de transporte.
Por otra parte, se desconoce quién deberá realizar la investigación respectiva, la Aduana o las Fuerzas Armadas, de quien dependen los efectivos militares.
Otra duda que no acaba de aclararse es por qué los efectivos militares tienen que realizar este tipo de operativos a altas horas de la noche y sin contar con el respectivo acompañamiento de movilidades, en un territorio desierto, como es la extensa frontera con Chile.
Las autoridades aún no se pronuncian al respecto.
