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lunes, 13 de julio de 2009

Un puñado de ricos se apoderó de tierras en Pando y generó pobreza

El plan de asentamiento humano comenzó en 2006 y parte del principio del saneamiento previsto por la ley.

Cinco familias se apropiaron de 16.734 hectáreas (ha) de tierra en el departamento de Pando y las sometieron a procesos de deforestación y explotación de los recursos naturales, denunció ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
La autoridad identificó a las familias del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, de los senadores José Villavicencio (UN), Róger Pinto y Paulo Bravo (Podemos), y de la ex presidenta del Comité Cívico Ana Melena de Suzuki, a las que acusó además de oponerse al Plan de Asentamientos Humanos (PAH) que impulsa el Órgano Ejecutivo.
Los senadores señalan que el traslado las familias a Pando tendría el objetivo de equilibrar las zonas electorales en las que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene aceptación y que además el Ejecutivo pretende un plan de deforestación.
“Si ellos creen que estamos llevando gente para ganar votos, de verdad están retrasados en el tiempo”, replicó el Ministro y calificó a los legisladores de trasnochados “porque su supuesto predominio político ya lo perdieron”.
Quintana recordó que el PAH se realiza desde el año 2006, como parte del Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo –continuó– es lograr un equilibrio entre territorio y población, resolver el problema de la pobreza, la conflictividad social y la presión demográfica sobre la tierra.
Además el de impedir la incursión de súbditos extranjeros que lleguen a explotar de forma ilegal los recursos naturales; fomentar una nueva estructura económica y sentar la soberanía territorial en lugares despoblados, principalmente en las fronteras.
Indicó incluso que el Ejecutivo está atrasado en el plan de asentamientos, ya que éste debió iniciarse el 2 de agosto de 2008, cuando el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) terminó el proceso de saneamiento en el departamento de Pando.
Al igual que en Pando, en los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz se aplicará el plan de asentamientos humanos.

LAS FAMILIAS
De acuerdo a los datos presentados por el Ministro, la familia del senador de Unidad Nacional (UN) José Villavicencio posee siete predios que suman una extensión de 7.359 hectáreas.
“Cuando uno suma las propiedades que tiene esta familia se da cuenta de que posee tres veces la superficie territorial de la ciudad de Cobija, lo que quiere decir que comparativamente habrían deforestado más o menos dos tercios” de la capital pandina, apuntó.
Por este hecho, la ex Superintendencia Forestal le está siguiendo un proceso al senador Villavicencio.

PINTO

La familia del senador Róger Pinto, de Poder Democrático y Social (Podemos), tiene 3.269 hectáreas de tierra distribuidas en dos predios: El Lago, con 2.205 ha, y El Atajo, con una superficie de 1.064 hectáreas.
“Si el señor Pinto fuera generoso con su país y con su departamento, cediendo su territorio podríamos fundar una segunda ciudad de Cobija”, dijo Quintana y sostuvo que fácilmente en las propiedades del senador se podría albergar a más 40 mil personas.
De acuerdo con el ministro Quintana, en ambos predios más del 50 por ciento de los recursos forestales ya no existe.






MELENA DE SUZUKI
La ex presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena de Suzuki, que huyó a Brasil después de la masacre de El Porvenir, tiene 330 hectáreas de tierra, una décima parte de lo que es la superficie de la ciudad de Cobija.











PAULO BRAVO

La familia del senador Paulo Bravo (Podemos) tiene dos propiedades que suman una superficie total de 222 hectáreas, de la que más del 60 por ciento está deforestada, según la denuncia del Ministro.
“El senador Paulo Bravo le debe a ese departamento la mitad de los bosques de su propiedad”, indicó.














FERNÁNDEZ

La familia del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, hoy recluido en el penal de San Pedro de La Paz por su vinculación con la masacre de El Porvenir, tiene seis predios que suman 5.552 hectáreas.
El predio Santa Isabel, que está a nombre de Leopoldo Fernández Ferreira y Pilar Negri Soria de Fernández, tiene una superficie de 3.874 ha; El Paraíso 14 ha y el predio Santa Lucía 24 ha. En tanto, el predio Oasis cuenta con una superficie de 12 hectáreas, y La Guardia del Tigre tiene 1.190 hectáreas.
“Las propiedades que tiene el señor Leopoldo Fernández y su familia son superiores a la superficie de toda la ciudad de Cobija”, indicó Quintana.

Algunos datos
La ex presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena de Suzuki, tiene una propiedad con una superficie total de 330 hectáreas.

La familia del senador de Unidad Nacional (UN) José Villavicencio posee siete predios que suman una extensión de 7.359 hectáreas.

La familia del senador Paulo Bravo (Podemos) tiene dos propiedades que suman una superficie total de 222 hectáreas. El 60 por ciento está deforestado.

La familia del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, hoy recluido en el penal de San Pedro de La Paz, tiene seis propiedades, que suman 5.552 hectáreas.

La familia del senador Róger Pinto (Podemos) tiene 3.269 hectáreas de tierra distribuidas en dos predios: El Lago (2.205 hectáreas) y El Atajo (1.064 hectáreas).

El Ministro dijo que si el senador Pinto cediera sus propiedades se podría fundar una segunda ciudad de Cobija, que albergaría a 40 mil personas.

“Los asentamientos son una política de Estado”
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó ayer que los asentamientos humanos son una política de Estado que tiene el objetivo de lograr un equilibrio entre territorio y población, además de resolver el problema de la pobreza.
Quintana dijo que ése es el objetivo del plan de asentamiento que se realiza en el departamento de Pando y que fue retrasado en más de un año por la masacre de Porvenir, registrada el 11 de septiembre de 2008.
Negó que la ejecución de esta política de Estado, en la región amazónica, tenga fines electorales como lo denunciaron legisladores de la oposición.
Precisó que en Pando, donde el proceso de saneamiento concluyó el 2 de agosto de 2008, se entregarán 200.000 hectáreas a las comunidades campesinas.
Estas poblaciones, en cerca de un 90 por ciento, se dedicarán a la economía agroforestal para lograr la reforestación de las regiones depredadas, indicó Quintana.
Recordó que en las décadas 50 y 70 se llevaron adelante otros procesos de colonización en los departamentos de Santa Cruz y en el norte de La Paz, y no necesariamente los beneficiados votaron por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
En esa dirección, aseguró que los asentamientos humanos del Plan Nacional de Desarrollo tienen como componente esencial la estrategia de distribución justa, equitativa y necesaria de tierras a los bolivianos que no la poseen.
Quintana denunció que “algunos sectores avalados por empresarios de la región quieren obstaculizar el plan de dotación de tierras a necesitados porque temen perder sus concesiones forestales”.
Reveló que el senador Roger Pinto (Podemos) y otros parlamentarios impulsaron una ley que permitía la enajenación del territorio boliviano mediante la venta de tierras a extranjeros.
Señaló que estos políticos –que ahora se oponen al plan de asentamientos que busca que los bolivianos más necesitados superen la pobreza– saquearon los recursos naturales de Pando (depredación de maderas preciosas), traficaron madera, combustibles y cometieron contrabando.
Es más, son socios de empresarios privados extranjeros y de Santa Cruz, que son dueños de extensas concesiones forestales, por ello se oponen a la distribución de tierras porque perderán sus privilegios.
Además, denunció que existen organizaciones no gubernamentales que se oponen férreamente a que se distribuyan tierras, argumentando que sus intereses se verán seriamente afectados.
El ministro Quintana acusó además a la bancada parlamentaria de Pando de ser el cómplice silencioso del accionar de las ONG en la política y economía del país del norte, puesto que se opone a que tropas bolivianos sienten soberanía en Pando y prefieren la presencia del Comando Sur de Estados Unidos.
“Expresan su sentimiento antipatriótico hacia las tropas del Comando Amazónico, cuya misión es proteger la soberanía nacional”, agregó el ministro.