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viernes, 31 de julio de 2009

Identifican a un español que fabricaba bombas para Rózsa

Listas encontradas en poder del terrorista delatan más contactos con mercenarios. La guerra civil contaría con ese refuerzo.

Alejandro Hernández Mora, un mercenario español experto en explosivos y sabotaje, fue identificado ayer por el Ministerio Público como uno de los convocados por Eduardo Rózsa Flores y el posible instructor en el preparado de explosivos y elementos combustibles, como el napalm (un combustible gelatinoso de alto poder incendiario).
“En la investigación que hemos hecho, tenemos, hay un español identificado con el nombre de Alejandro Hernández Mora, un experto en armar bombas. Esos datos están dentro del material secuestrado (al grupo mercenario)”, informó ayer el fiscal que investiga el caso terrorismo, Marcelo Soza Álvarez.
Hernández Mora perteneció a la Brigada Internacional, grupo que Rózsa comandó en la guerra en Croacia. Este ex militar español era apodado ‘Malaria’ y estaba encargado de fabricar los explosivos.
“Dentro de las anotaciones secuestradas al señor Eduardo Rózsa, tenemos el nombre de Mora, ignoramos si la persona vino al país (o mantuvo contacto con el grupo por otros medios)”, señaló el fiscal Soza, quien anunció también que solicitará al Servicio Nacional de Migración el flujo de viaje de este personaje, una vez que se reanuden las investigaciones, que están a la espera de la resolución del amparo constitucional interpuesto contra un fallo de la sala Penal Segunda de Santa Cruz.
Durante la declaración informativa de cooperación con las investigaciones, el periodista español Julio César Alonso corroboró los nombres que aparecieron entre las listas de voluntarios que Rózsa tomó en cuenta para su plan separatista.
El ‘Malaria’, según indicios del Ministerio Público y los datos aportados por investigadores del Tribunal Penal Internacional, pertenecería a la segunda línea de mercenarios que Rózsa pretendió traer al país para reforzar su estrategia de defensa armada de Santa Cruz.
“Rózsa llamaría primero a Alejandro y luego al resto; él tenía la lista y hemos comprobado que había comenzado a llamar”, señaló una fuente del Tribunal, que persigue a los mercenarios europeos. La estrategia a emplearse en Bolivia, se sospecha, era iniciar las confrontaciones en espiral con los voluntarios nacionales y el primer grupo mercenario que arribó al país. Una vez desatado el conflicto, que los expertos aseguran pudo aguantar una ofensiva de al menos una semana, llegaría al país la segunda línea de mercenarios.
Entre los documentos que el Ministerio Público encontró en el hotel Las Américas, el stand de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) y el espacio de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz figuran listas de mercenarios que Rózsa conocía a partir de su liderazgo en la guerra croata.
Así, se encuentran los nombres de Antonio Valencia, conocido francotirador ZNG Osijek PIV (las iniciales corresponden a la guardia nacional croata, la ciudad donde fueron destinados y PIV es el pelotón internacional de voluntarios).
También figuran los alias de ‘Bruno’ (conocido porque peleó con Rózsa en la Brigada Tomislav, en Bosnia) y ‘Ricardo’, quien sirvió en el HOS (Croata Hrvatske Obranbene Snage), una de las primeras fuerzas paramilitares formadas por croatas y de clara tendencia ustacha.
Según se identificó de las listas encontradas a Rózsa, hay una cantidad importante de mercenarios de esta línea y HOS se compone de los voluntarios más convencidos de la exterminación racial.
En la página de Internet USDDR Volunteers List aparece, junto a Rózsa y Mario Tadic, mucha gente mercenaria sospechosa de haberse enlistado para defender la causa autonómica cruceña.

Costas será convocado por la ley

Pese a las desatinadas protestas del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, llegará un momento determinado en que deberá comparecer ante el Ministerio Público para esclarecer su posible participación y colaboración con el grupo mercenario de Eduardo Rózsa.
Así coinciden varias autoridades encargadas de la investigación, entre los parlamentarios y las autoridades del Ministerio Público, que persiguen esclarecer el caso.
El fiscal asignado al caso, Marcelo Soza, señaló que una vez que se retomen las investigaciones, la justicia convocará a los ciudadanos que sea necesario para determinar las responsabilidades de la presencia mercenaria y los atentados terroristas perpetrados.
“Todos los ciudadanos que probablemente estén involucrados en este hecho tienen que necesariamente someterse a la ley, no solamente si es que estuviera el señor Rubén Costas (prefecto de Santa Cruz), sino también otros ciudadanos que se hubiesen visto involucrados en el hecho”, dijo y evitó comentar el lenguaje ofensivo y los calificativos del Prefecto cruceño.
“Lo que yo estoy haciendo, como Fiscal, es simplemente cumplir con la ley y debo sujetarme a ello. Cuestiones políticas que traten de hacer deslucir esta investigación están totalmente equivocadas y no las comento”, señaló.
El Ministerio Público hizo llegar ayer a la presidenta de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz, Blanca Alarcón, una “solicitud de pronunciamiento”, en vista de que aún no se da curso a la petición de amparo constitucional contra el fallo cruceño.

Hubo terrorismo, existen imputaciones y evidencias

Ante publicaciones pagadas por la ultraderecha y declaraciones de los líderes cruceños, que ponen en tela de juicio la presencia terrorista, el fiscal responsable de las investigaciones, Marcelo Soza, aclaró que las imputaciones y las evidencias son las pruebas innegables de la presencia mercenaria y las acciones terroristas en el país.
“Nosotros nos basamos en la documentación que tenemos, en las evidencias que hemos colectado y nos tenemos que mover en ese margen, lamentablemente esa publicación (que circuló con La Razón) no refleja lo que es verídico”, explicó ayer el investigador Soza.
Para el Ministerio Público, las especulaciones, la negativa de las élites cruceña y beniana para declarar ante las comisiones de investigación son actitudes que no ayudan en el esclarecimiento. Sin embargo, tampoco atentan contra los elementos ya avanzados en la fase investigativa. “Tenemos datos fehacientes de las personas que están involucradas en el hecho, hay imputaciones, caso contrario no existirían”, agregó.
El periódico La Razón circuló el lunes con un “inserto” a su publicación, cuyo contenido se atribuye a una denominada Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarios de Bolivia y figuran como responsables dos ex dirigentes indígenas: Jaime Apaza y Víctor Hugo Velasco, contra quienes anunció un juicio el Ministerio de Gobierno, de la misma manera que considera un proceso al medio impreso por la no aclaración de “solicitada”, en el mismo documento cuestionado.
El documento, según sus creadores, es una “copia de artículos”, que en otros términos se conoce como “plagio” de notas de prensa, tomadas y alteradas, violando la propiedad intelectual y los derechos reservados. Las entidades colegiadas piden trasladar el caso al Tribunal de Imprenta.