El abuso político y la transgresión a las leyes al parecer son prácticas comunes en la Prefectura de Tarija, con despidos a funcionarios si no aportan obligatoriamente recursos para sostener a una agrupación política. Esta irregularidad se produjo en la administración de Mario Cossío Cortez, ex presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde se instruyó descuentos a los empleados públicos de sus planillas salariales.
El periódico Cambio accedió a documentos que demuestran la ilegalidad cometida tanto contra los servidores públicos que militan en la agrupación ciudadana Camino al Cambio como con los que no están con el frente del ex emenerrista Cossío.
Los aportes para el sustento de un partido o frente político se ejecutaron tradicionalmente en el país en los gobiernos neoliberales que detentaron más de 20 años el poder.
En unos casos obligados porque ingresaron a una institución estatal producto del favor partidario, en otros de forma voluntaria.
Pero en el caso de la Prefectura de Tarija se obligó a todos los funcionarios militantes y no militantes del frente de Cossío a firmar un documento que les imponía la retención de dinero por planillas para que aparezca como una acción completamente voluntaria.
Estos aportes son ilegales y están tipificados por el Estatuto del Funcionario Público, que sanciona este atropello. El ex vicepresidente del Comité Cívico de Tarija Jorge Blacud, quien llegó a la redacción de Cambio, mostró documentos que comprueban el abuso político y la irregularidad.
Denunció que los descuentos para la agrupación ciudadana de Mario Cossío se impusieron pese a la negativa de algunos empleados. “Hay muchos casos en que la gente no consintió el aporte, pero a fin de mes se sorprendieron con el descuento del 2,6 por ciento del total ganado”, afirmó.
El director de Recursos Humanos de la Prefectura, Javier Antezana, negó que se estén efectuando descuentos por planillas al personal prefectual, aunque reconoció que los aportes se dan de manera voluntaria.
Según las pruebas presentadas por Blacud, Cossío conoce de estos descuentos; sin embargo, prefirió mantener el silencio ante los reclamos que hicieron los funcionarios a través de varias notas dirigidas a esta autoridad. La Prefectura chapaca experimentó un incremento de más del 100 por ciento en la partida para salarios de 2005 a 2009, es decir, de 42.862.100 bolivianos en 2005 a 94.397.484 a diciembre de 2009, como se muestra en el presupuesto anual de la entidad.
Cada año se fue incrementando el presupuesto de sueldos. En 2006 se destinaron 63.240.054 para salarios, en 2007, 65.871; en 2008, 69.433.287 bolivianos.
AUTORIZACIÓN - DESCUENTOS
Se obligaba a la gente a firmar cartas en las que daban su consentimiento para el aporte a través de planilla, así el servidor se oponga aparecía su papeleta con la retención del 2,6 por ciento.
Entre los documentos probatorios de la denuncia se encuentra una carta de fecha 20 de junio de 2007, firmada por la secretaria técnico legal de la Unidad de Límites, Ruth Esperanza Romero Michel, en la que autoriza a la entonces secretaria de Administración y Finanzas de la Prefectura, Elvira Guillén Paz, que se le descuente de su haber 78 bolivianos cada mes.
Una parte de la misiva señala “autorizo a su autoridad que al momento de la cancelación de los salarios mensuales, descontar de mi sueldo la suma de 78 bolivianos y que este monto sea acumulado junto con los otros aportes, debiendo ser entregado en un solo monto unificado a nombre de Julia Cayo Cuentas”.
Aparentemente estos recursos son destinados a la creación de un fondo de beneficio y ayuda al trabajador de la entidad. Es decir, les enviaban cartas a los funcionarios ya redactadas, en las que autorizan el aporte y debían firmarlas si no querían sufrir alguna represalia, como el despido.
Blacud exhibió dos papeletas de pago en las que se especifican todos los descuentos como aporte de vejez y comisión a AFP, pero también aparece un descuento denominado “varios”, que va a la agrupación Camino al Cambio.
Estas arbitrariedades se evidencian en dos papeletas de pago correspondiente al mes de junio de 2007 de los señores Marco Antonio Hoyos Antezana, con un haber de 3.000 bolivianos y un descuento en la partida de varios de 78 bolivianos. El segundo, Franz Carlos Jaramillo Tejerina, con un haber de 6.170 bolivianos y un descuento de 156 bolivianos.
Director niega los aportes obligatorios de servidores
Ante la serie de denuncias sobre los aporte obligatorios vía planillas, el director de Recursos Humanos de la Prefectura, Javier Antezana, negó que se estén efectuando ese tipo de recaudaciones afectando el salario del personal.
Sin embargo, reconoció que alguna vez hubo descuentos a pedido expreso de algún funcionario de forma voluntaria e individual, que no sobrepasó el 30 por ciento del total de los funcionarios.
“Las planillas se mandan al Ministerio de Hacienda, donde cualquier funcionario de Gobierno puede tener acceso y ahí están los detalles, y se podrá verificar que en la presente gestión los únicos descuentos que se han hecho son los que están enmarcados dentro de la ley, por tal circunstancia la denuncia lo único que pretende es dañar la imagen de las personas”, señaló Antezana a la Nación.
Pese al desmentido de la Prefectura, en las planillas figura el descuento del 2,6 por ciento con la partida de ‘varios’. Es más, dos funcionarios continúan a la fecha reclamando por la devolución del dinero que les retuvieron ilegalmente.
Antezana aseguró que pese a ser éste año electoral, no se autorizó ningún descuento.
Estas irregularidades no son las primeras que se han mencionado.
Anteriormente, el diputado del MNR Johnny Tórrez recibió denuncias de varios militantes de la agrupación, quienes le indicaron que funcionarios de alto rango no sólo les estaban obligando a firmar los libros de Camino al Cambio, sino que estaban ejecutando descuentos.
‘Palos blancos’ recaudan los fondos
Los montos descontados a los servidores públicos eran depositados en cuentas de tres personas que hacían de ‘palos blancos’, como lo establece un comprobante de contabilidad del 30 de noviembre de 2006, explicó Jorge Blacud Martínez, ex vicepresidente de los cívicos tarijeños.
Los ‘palos blancos’ son personas que prestan sus nombres para ocultar al verdadero propietario u operador de acciones generalmente irregulares.
Sobre este hecho, el ex cívico tarijeño explicó que con esos descuentos la Prefectura de Tarija crea una cuenta para los ‘palos blancos’ a nombre de Julia Cayo Cuenca, quien según información prefectural es la persona que sirve el té en el despacho de Cossío. Además, aparecen en la lista de comprobante de pago los nombres de Miriam Avilez Tarifa, María Elizabeth Yáñez de la Vega y Olga Prado Flores, con diferentes sumas de dinero.
De acuerdo con Blacud, los aportes obligatorios fueron destinados para la campaña política del prefecto Mario Cossío (en los referendos para estatutos autonómicos y el revocatorio), ya que éstos se vienen ejecutando desde 2006, cuando asume la Prefectura.
Como prueba se tiene un comprobante de contabilidad de la Prefectura del mes de noviembre de 2006, en el que se observa que Julia Cayo Cuenca recibió 73.472 bolivianos.
En ese mismo detalle de pago se observan otros montos de 67.268 bolivianos a nombre de Miriam Avilez Tarifa, de 33.820 bolivianos a María Elizabeth Yáñez de la Vega y de 23.976 bolivianos a Olga Prado Flores. “La Prefectura prefiere ignorar el hecho y no informa a qué corresponden estos montos porque son cifras altas en diferentes pagos, lo que da a entender que están utilizando a otras personas que se prestan a ser palos blancos para el depósito de esos dineros”, afirmó Blacud.
Estatuto prohíbe aportes políticos
La Prefectura quebrantó la disposición legal del Estatuto del Funcionario Público en su artículo 26.
Este documento legal establece que “el servidor público sólo responde a los intereses de la colectividad, por consiguiente no deberá efectuarse descuentos de las remuneraciones a favor de un partido político alguno, así el servidor público hubiera consentido la misma. En caso de verificarse dichos cobros serán calificados como cobros indebidos, generándose la responsabilidad prevista por la ley”.
Esta prohibición también está contemplada en el Reglamento Interno del Personal de la Prefectura en el artículo 37, parágrafo cuarto: “Prohibición de reducciones a las remuneraciones. No podrán efectuarse descuentos a los salarios a favor de partido político, así sean autorizadas por el servidor público”.
Realizando un cálculo del descuento del 2,6 por ciento desde febrero de 2006 hasta junio de 2009, la Prefectura aparentemente destinó a la agrupación Camino al Cambio 6,7 millones de bolivianos.
“Esta estimación se efectuó de acuerdo con la documentación que se logró conseguir de la propia Prefectura por medio de la gente afectada que rechaza estas actitudes, en la que se pudo constatar el descuento del 2,6 por ciento a todos los funcionarios desde el inicio de la gestión de Mario Cossío”, explicó el ex cívico.
Fueron los propios funcionarios los que denunciaron con documentación y dieron a conocer los descuentos ejecutados por la Prefectura.
“Esta información proviene de varios funcionarios que están indignados de que sigan descontando, nosotros sólo hemos hecho conocer a la opinión pública para que sepa sobre los abusos e irregularidades que se cometen en la Prefectura”, afirmó.
Cossío conoce abusos contra empleados
Las irregularidades sobre los descuentos de salarios fueron de conocimiento del prefecto Mario Cossío porque el 7 de abril de 2009 los servidores Teresa Tejerina y Omar Tórrez Coro le enviaron una carta para reclamarle sobre estos aportes y su devolución.
“Pasamos a relatar otro hecho ilegal que se ha cometido afectando al salario mensual que recibimos como funcionarios. Es así que en fecha 20 de junio de 2007 hemos sido sorprendidos con una carta enviada por Elvira Guillén y Lean Casal para que firmáramos autorizando un descuento al salario percibido como aporte a la agrupación ciudadana Camino al Cambio”, señala el documento de reclamo de Tejerina y Tórrez.
Estas personas afectadas manifestaron su negativa al indicado descuento, pero pese a este rechazo fueron víctimas del abuso del aporte del 2,6 por ciento registrado en sus papeletas de pago.
En la misma nota solicitan a Cossío que instruya a quien corresponda se proceda a la devolución del dinero retenido, además se investigue el destino de los recursos recaudados.
Ante la falta de respuesta, Tórrez y Tejerina le hacen llegar una segunda nota en la que exigen la devolución inmediata de los descuentos ilegales e injustificados, y anunciaron asumir medidas legales para que se repare la injusticia.
El periódico Cambio accedió a documentos que demuestran la ilegalidad cometida tanto contra los servidores públicos que militan en la agrupación ciudadana Camino al Cambio como con los que no están con el frente del ex emenerrista Cossío.
Los aportes para el sustento de un partido o frente político se ejecutaron tradicionalmente en el país en los gobiernos neoliberales que detentaron más de 20 años el poder.
En unos casos obligados porque ingresaron a una institución estatal producto del favor partidario, en otros de forma voluntaria.
Pero en el caso de la Prefectura de Tarija se obligó a todos los funcionarios militantes y no militantes del frente de Cossío a firmar un documento que les imponía la retención de dinero por planillas para que aparezca como una acción completamente voluntaria.
Estos aportes son ilegales y están tipificados por el Estatuto del Funcionario Público, que sanciona este atropello. El ex vicepresidente del Comité Cívico de Tarija Jorge Blacud, quien llegó a la redacción de Cambio, mostró documentos que comprueban el abuso político y la irregularidad.
Denunció que los descuentos para la agrupación ciudadana de Mario Cossío se impusieron pese a la negativa de algunos empleados. “Hay muchos casos en que la gente no consintió el aporte, pero a fin de mes se sorprendieron con el descuento del 2,6 por ciento del total ganado”, afirmó.
El director de Recursos Humanos de la Prefectura, Javier Antezana, negó que se estén efectuando descuentos por planillas al personal prefectual, aunque reconoció que los aportes se dan de manera voluntaria.
Según las pruebas presentadas por Blacud, Cossío conoce de estos descuentos; sin embargo, prefirió mantener el silencio ante los reclamos que hicieron los funcionarios a través de varias notas dirigidas a esta autoridad. La Prefectura chapaca experimentó un incremento de más del 100 por ciento en la partida para salarios de 2005 a 2009, es decir, de 42.862.100 bolivianos en 2005 a 94.397.484 a diciembre de 2009, como se muestra en el presupuesto anual de la entidad.
Cada año se fue incrementando el presupuesto de sueldos. En 2006 se destinaron 63.240.054 para salarios, en 2007, 65.871; en 2008, 69.433.287 bolivianos.
AUTORIZACIÓN - DESCUENTOS
Se obligaba a la gente a firmar cartas en las que daban su consentimiento para el aporte a través de planilla, así el servidor se oponga aparecía su papeleta con la retención del 2,6 por ciento.
Entre los documentos probatorios de la denuncia se encuentra una carta de fecha 20 de junio de 2007, firmada por la secretaria técnico legal de la Unidad de Límites, Ruth Esperanza Romero Michel, en la que autoriza a la entonces secretaria de Administración y Finanzas de la Prefectura, Elvira Guillén Paz, que se le descuente de su haber 78 bolivianos cada mes.
Una parte de la misiva señala “autorizo a su autoridad que al momento de la cancelación de los salarios mensuales, descontar de mi sueldo la suma de 78 bolivianos y que este monto sea acumulado junto con los otros aportes, debiendo ser entregado en un solo monto unificado a nombre de Julia Cayo Cuentas”.
Aparentemente estos recursos son destinados a la creación de un fondo de beneficio y ayuda al trabajador de la entidad. Es decir, les enviaban cartas a los funcionarios ya redactadas, en las que autorizan el aporte y debían firmarlas si no querían sufrir alguna represalia, como el despido.
Blacud exhibió dos papeletas de pago en las que se especifican todos los descuentos como aporte de vejez y comisión a AFP, pero también aparece un descuento denominado “varios”, que va a la agrupación Camino al Cambio.
Estas arbitrariedades se evidencian en dos papeletas de pago correspondiente al mes de junio de 2007 de los señores Marco Antonio Hoyos Antezana, con un haber de 3.000 bolivianos y un descuento en la partida de varios de 78 bolivianos. El segundo, Franz Carlos Jaramillo Tejerina, con un haber de 6.170 bolivianos y un descuento de 156 bolivianos.
Director niega los aportes obligatorios de servidores
Ante la serie de denuncias sobre los aporte obligatorios vía planillas, el director de Recursos Humanos de la Prefectura, Javier Antezana, negó que se estén efectuando ese tipo de recaudaciones afectando el salario del personal.
Sin embargo, reconoció que alguna vez hubo descuentos a pedido expreso de algún funcionario de forma voluntaria e individual, que no sobrepasó el 30 por ciento del total de los funcionarios.
“Las planillas se mandan al Ministerio de Hacienda, donde cualquier funcionario de Gobierno puede tener acceso y ahí están los detalles, y se podrá verificar que en la presente gestión los únicos descuentos que se han hecho son los que están enmarcados dentro de la ley, por tal circunstancia la denuncia lo único que pretende es dañar la imagen de las personas”, señaló Antezana a la Nación.
Pese al desmentido de la Prefectura, en las planillas figura el descuento del 2,6 por ciento con la partida de ‘varios’. Es más, dos funcionarios continúan a la fecha reclamando por la devolución del dinero que les retuvieron ilegalmente.
Antezana aseguró que pese a ser éste año electoral, no se autorizó ningún descuento.
Estas irregularidades no son las primeras que se han mencionado.
Anteriormente, el diputado del MNR Johnny Tórrez recibió denuncias de varios militantes de la agrupación, quienes le indicaron que funcionarios de alto rango no sólo les estaban obligando a firmar los libros de Camino al Cambio, sino que estaban ejecutando descuentos.
‘Palos blancos’ recaudan los fondos
Los montos descontados a los servidores públicos eran depositados en cuentas de tres personas que hacían de ‘palos blancos’, como lo establece un comprobante de contabilidad del 30 de noviembre de 2006, explicó Jorge Blacud Martínez, ex vicepresidente de los cívicos tarijeños.
Los ‘palos blancos’ son personas que prestan sus nombres para ocultar al verdadero propietario u operador de acciones generalmente irregulares.
Sobre este hecho, el ex cívico tarijeño explicó que con esos descuentos la Prefectura de Tarija crea una cuenta para los ‘palos blancos’ a nombre de Julia Cayo Cuenca, quien según información prefectural es la persona que sirve el té en el despacho de Cossío. Además, aparecen en la lista de comprobante de pago los nombres de Miriam Avilez Tarifa, María Elizabeth Yáñez de la Vega y Olga Prado Flores, con diferentes sumas de dinero.
De acuerdo con Blacud, los aportes obligatorios fueron destinados para la campaña política del prefecto Mario Cossío (en los referendos para estatutos autonómicos y el revocatorio), ya que éstos se vienen ejecutando desde 2006, cuando asume la Prefectura.
Como prueba se tiene un comprobante de contabilidad de la Prefectura del mes de noviembre de 2006, en el que se observa que Julia Cayo Cuenca recibió 73.472 bolivianos.
En ese mismo detalle de pago se observan otros montos de 67.268 bolivianos a nombre de Miriam Avilez Tarifa, de 33.820 bolivianos a María Elizabeth Yáñez de la Vega y de 23.976 bolivianos a Olga Prado Flores. “La Prefectura prefiere ignorar el hecho y no informa a qué corresponden estos montos porque son cifras altas en diferentes pagos, lo que da a entender que están utilizando a otras personas que se prestan a ser palos blancos para el depósito de esos dineros”, afirmó Blacud.
Estatuto prohíbe aportes políticos
La Prefectura quebrantó la disposición legal del Estatuto del Funcionario Público en su artículo 26.
Este documento legal establece que “el servidor público sólo responde a los intereses de la colectividad, por consiguiente no deberá efectuarse descuentos de las remuneraciones a favor de un partido político alguno, así el servidor público hubiera consentido la misma. En caso de verificarse dichos cobros serán calificados como cobros indebidos, generándose la responsabilidad prevista por la ley”.
Esta prohibición también está contemplada en el Reglamento Interno del Personal de la Prefectura en el artículo 37, parágrafo cuarto: “Prohibición de reducciones a las remuneraciones. No podrán efectuarse descuentos a los salarios a favor de partido político, así sean autorizadas por el servidor público”.
Realizando un cálculo del descuento del 2,6 por ciento desde febrero de 2006 hasta junio de 2009, la Prefectura aparentemente destinó a la agrupación Camino al Cambio 6,7 millones de bolivianos.
“Esta estimación se efectuó de acuerdo con la documentación que se logró conseguir de la propia Prefectura por medio de la gente afectada que rechaza estas actitudes, en la que se pudo constatar el descuento del 2,6 por ciento a todos los funcionarios desde el inicio de la gestión de Mario Cossío”, explicó el ex cívico.
Fueron los propios funcionarios los que denunciaron con documentación y dieron a conocer los descuentos ejecutados por la Prefectura.
“Esta información proviene de varios funcionarios que están indignados de que sigan descontando, nosotros sólo hemos hecho conocer a la opinión pública para que sepa sobre los abusos e irregularidades que se cometen en la Prefectura”, afirmó.
Cossío conoce abusos contra empleados
Las irregularidades sobre los descuentos de salarios fueron de conocimiento del prefecto Mario Cossío porque el 7 de abril de 2009 los servidores Teresa Tejerina y Omar Tórrez Coro le enviaron una carta para reclamarle sobre estos aportes y su devolución.
“Pasamos a relatar otro hecho ilegal que se ha cometido afectando al salario mensual que recibimos como funcionarios. Es así que en fecha 20 de junio de 2007 hemos sido sorprendidos con una carta enviada por Elvira Guillén y Lean Casal para que firmáramos autorizando un descuento al salario percibido como aporte a la agrupación ciudadana Camino al Cambio”, señala el documento de reclamo de Tejerina y Tórrez.
Estas personas afectadas manifestaron su negativa al indicado descuento, pero pese a este rechazo fueron víctimas del abuso del aporte del 2,6 por ciento registrado en sus papeletas de pago.
En la misma nota solicitan a Cossío que instruya a quien corresponda se proceda a la devolución del dinero retenido, además se investigue el destino de los recursos recaudados.
Ante la falta de respuesta, Tórrez y Tejerina le hacen llegar una segunda nota en la que exigen la devolución inmediata de los descuentos ilegales e injustificados, y anunciaron asumir medidas legales para que se repare la injusticia.
