El presidente Evo Morales dirigió una carta a su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, ante la crisis que afecta a ese país hermano

Correa rescatado por fuerzas militares, acusa al ex presidente Lucio Gutiérrez por la sublevación policial

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se dirigió este jueves en la noche a miles de sus partidarios en la Plaza de la Independencia de Quito tras ser liberado del hospital donde estaba recluido mediante una operación llevada a cabo por militares en un enfrentamiento con policías sublevados.

Correa saludó a sus simpatizantes que lo esperaban en la plaza de la independencia, frente a la sede del Ejecutivo, y aseguró que se trató de un día “de profunda tristeza”.

“Es un día de profunda tristeza que jamás creí que iba a llegar en mi Gobierno que solo busca el buen vivir”, señaló. Agradeció a los ciudadanos que fueron a “rescatarle” al hospital y que, según dijo, fueron recibidos con “gas pimienta, gas lacrimógeno, con pedradas”, supuestamente por policías sublevados.

Correa comentó que entre los sublevados había policías uniformados de tropa, pero también vestidos de civil y agregó que también debieron haber estado opositores de partidos políticos. Correa fue enfático en señalar que el culpable de lo acontecido fue el ex mandatario Lucio Gutiérrez, quien desmintió desde Brasil tales aseveraciones.

“Muchas gracias a esos héroes que me acompañaron en esta jornada”, dijo al mencionar entre ellos a sus guardias personales, ministros y asambleístas que lo acompañaron en el cuarto del hospital “dispuestos a dar la vida” por su presidente.

El gobernante aclaró que “jamás cedieron” ni aceptaron “negociar nada bajo presión” y señaló que no habrá impunidad. También expresó su agradecimiento a los presidentes que lo llamaron a solidarizarse.

Indicó que en el Regimiento Quito, a donde acudió para dirigirse a los policías sublevados, sintió “como una puñalada en la espalda” al ver la situación pues, a su criterio, ningún Gobierno ha atendido tanto a la institución policial.

"Han caído hermanos ecuatorianos", aseguró, al referirse a los cruentos enfrentamientos entre sus propias fuerzas del orden y que habría dejado una persona muerta, aunque las fuerzas del orden hablan de sólo heridos.

Evo Morales propondrá a mandatarios de UNASUR en reunión de emergencia trasladarse a Quito, Ecuador para preservar la vida de Rafael Correa

El presidente , Evo Morales, anunció que todos los presidentes de la unión de naciones suramericanas (UNASUR) se reunirán esta noche en argentina y en esa oportunidad propondrá que todos los mandatarios de este acuerdo regional se traslade a Quito- Ecuador para preservar la vida de Rafael Correa.

"Este es un golpe de la derecha ecuatoriana y de los estados unidos", dijo el mandatario boliviano, quien aseguró que "vamos a buscar todos los mecanismos para defender la democracia de ecuador y la de otros lugares", agregó.

Ecuador ejerce la presidencia temporal de la unasur, de modo que "este es un ataque a toda la unasur", agregó evo morales al anunciar la reunión urgente convocada para esta noche.

Los mandatarios comenzarán a llegar a buenos aires esta noche a partir de las 22 y serán recibidos por la presidenta argentina, cristina fernández de kirchner, y el secretario general de la UNASUR, Néstor KIrchner.

`Evo sobre la situación en Ecuador: ‘Es un intento de golpe de Estado al ALBA y a UNASUR’

El presidente boliviano Evo Morales expresó su apoyo al presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien enfrenta una protesta policial en rechazo a una ley del Gobierno ecuatoriano que contempla recortes salariales y beneficios a los policías.

Conferencia de Prensa:

“A todas las fuerzas vivas, sociales, del Ecuador, es importante salvar la vida del presidente Correa. Es importante que las fuerzas sociales, los grandes defensores de la democracia, de los derechos humanos, de las grandes transformaciones que se gestan en Ecuador y en Latinoamérica es nuestra obligación defender la democracia, salvar la vida y acabar con este intento de golpe.

En las conversaciones con algunos presidentes decidimos que lo más antes posible se instalará una reunión de Unasur en Buenos Aires, Argentina. Los presidentes de distintos países ya han empezado a trasladarse a esa ciudad, es una reunión de emergencia, de urgencia para condenar y rechazar este intento de golpe de Estado en Ecuador.

Además de eso, ya he propuesto a algunos presidentes que mañana todos los presidentes estén rumbo a Ecuador para garantizar la democracia, para salvar la vida del presidente Correa.

Tenemos información anticipada, como siempre los adversarios políticos de Latinoamérica, aliados de Estados Unidos, intentan acabar con mandatos, cuando no pueden con referéndum (intentan) con golpes de Estado, la historia se repite. Teníamos información que los opositores del compañero, hermano, presidente Correa ya estaban levantando firmas para un revocatorio, es lo más democrático, pero estoy seguro que ya no se siente en revocar el mandato al presidente Correa y empiezan el golpe de Estado.

El pueblo boliviano y sobre todo el Gobierno nacional vamos a defender la democracia en Latinoamérica. Estamos convencidos que esta clase de conspiraciones que vienen del exterior y del interior son con el objetivo de acabar a presidentes anticapitalistas y anti imperialistas. Este es un intento de golpe al ALBA y a UNASUR.

Este nuevo intento de golpe de Estado es una agresión, una provocación al ALBA TCP y estas grandes integraciones que gesta Sudamérica. Al gobierno de Estados Unidos no le interesa la agresión”.

Decretan estado de excepción en Ecuador tras intento de golpe de Estado

Quito, 30 Sep.- El Gobierno de Ecuador decretó hoy el estado de excepción en todo el territorio nacional y delegó a las Fuerzas Armadas la seguridad interna y externa del país. El secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, dijo en rueda de prensa desde el Palacio de Gobierno, que se declara el "estado de excepción por una semana" y que en ese periodo las fuerzas militares asumirán el control de la seguridad interna y externa del Estado.

La medida obedece al ambiente de conmoción que se registra en el país, después de que los policías iniciaran una protesta, que las autoridades del Gobierno han descrito como un intento de golpe de Estado. Además, en medio de la protesta en un regimiento policial en Quito, el presidente del país, Rafael Correa, se hizo daño en una rodilla y por ello fue conducido a un hospital aledaño. El jefe del Estado indicó, en declaraciones a la Radio Pública, que sospecha que algunos miembros de la policía intentarían ingresar en su habitación por el techo.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha denunciado que los sucesos que está viviendo este jueves Ecuador suponen un "intento de golpe de Estado" por parte de la oposición y ha precisado que la sublevación de los policías y los militares es "una conspiración que se ha venido preparando desde hace tiempo".

Correa afirmó que está atrapado en un hospital de la policía donde recibe tratamiento al haberse hecho daño en una pierna tras acudir a una protesta policial, y agregó que los manifestantes le impiden salir. "Me dicen que han cercado los alrededores" del centro médico, dijo el propio Correa a la Radio Pública.

El hospital está rodeado de policías que protestan contra una reducción de sus beneficios salariales y que se han enfrentado con la escolta presidencial, que pretendía sacar al gobernante del centro. Correa acudió al hospital después de que resultara lesionado en la sede de uno de los mayores regimientos de Quito donde pretendía hablar con los cientos de policías que allí se habían congregado para protestar por una ley aprobada por la Asamblea Nacional la víspera.

Cuando se quiso ir de dicho regimiento, donde fue abucheado y donde incluso estallaron bombas lacrimógenas, el gobernante fue presionado por numerosos agentes que le rodearon. "En el tumulto se me dobló la pierna", dijo Correa, que acaba de ser operado en la rodilla derecha. "Me tuvieron que ingresar al hospital (...). Estoy con un suero y con tratamiento en la pierna y analgésicos", declaró el presidente de Ecuador a la Radio Pública. "Nos dispararon bombas lacrimógenas, al Presidente de la República", dijo, indignado, y relató que una de ellas explotó a poca distancia de él.

Una protesta policial que va a más

Policías y militares ecuatorianos salieron a las calles para protestar por una normativa que elimina algunos incentivos profesionales y protagonizaron incidentes en los que se vio envuelto el presidente Rafael Correa, quien denunció intentos de desestabilizar la democracia en Ecuador.

La Organización de Estados Americanos (OEA) ya ha convocado para hoy una reunión extraordinaria de su Consejo Permanente con el fin de tratar de la situación en Ecuador, calificada de "delicada" por el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa del país andino, Miguel Carvajal. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas envió una carta a Correa en la que le ratifica su "respaldo al Gobierno y a la democracia", declaró a Efe el portavoz del movimiento gobernante Aliazan País Orlando Pérez.

Por su parte, el presidente de Perú, Alan García, ordenó el cierre de la frontera con Ecuador y la suspensión del comercio bilateral hasta que su homólogo ecuatoriano logre restablecer su autoridad.

Correa, según dijo él mismo a una emisora de radio, se encuentra atrapado en un hospital de la Policía, al que fue llevado después de que tuviera que salir atropelladamente del Regimiento Quito, donde se presentó para interpelar a los manifestantes que habían ocupado esa dependencia. Correa, que acaba de ser operado de una rodilla, se hizo daño en una pierna cuando abandonaba el lugar rodeado de policías y en medio de gases lacrimógenos y está bajo tratamiento de suero.

"Señores, si quieren matar al presidente, aquí está: mátenme si si les da la gana, mátenme si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos", dijo Correa visiblemente exaltado al hablar en el Regimiento Quito. "Si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa, si quieren traicionar su misión de policías, su juramento, traiciónenlo, pero este presidente y este Gobierno seguirán haciendo lo que tiene que hacer", añadió.

"Por nosotros está en el poder Correa", gritaban, por su parte, los policías, mientras en medio de la protesta se escuchaban gritos de "vamos a la guerra civil". Al menos dos policías resultaron heridos hoy durante las protestas en el Regimiento Quito, según informó un médico de la institución policial.

El ejército bloquea el aeropuerto de Quito

Mientras esto sucedía, en el aeropuerto de Quito un grupo de 150 de integrantes de las fuerzas de seguridad bloqueó la pista, lo que obligó a suspender sus operaciones, según el alcalde de la ciudad. En otras ciudades de Ecuador también se han registrado protestas de los policías, a los que se han sumado algunos militares.

Por otro lado en Quito, cientos de personas se congregaron hoy frente al palacio presidencial de Carondelet para respaldar al jefe de Estado, con consignas como "Correa, amigo, el pueblo está contigo" Los manifestantes en apoyo al Gobierno agredieron a cinco agentes que no protestaban sino que llegaban a Carondelet como protección de unas autoridades gubernamentales, según pudo constatar una periodista de Efe.

Caos en las calles: bancos y colegios cerrados

Locales comerciales de todo tipo empezaron también a cerrar frente a la falta de resguardo policial y como medida de precaución ante eventuales saqueos. Los medios locales han informado de numerosos robos, atracos en plena vía pública, asaltos a coches particulares y unidades del transporte público y saqueos en las principales ciudades del país. Algunos centros comerciales han cerrado sus puertas por temor a ser blanco de las pandillas.

El Trolebús y el Ecovía suspendieron todos sus servicios como medida de precaución. Las principales calles se encuentran bloqueadas por policías que cuentan con la colaboración de la Comisión de Tránsito de Guayaquil, que aprovecharon la coyuntura para tomar las principales vías de la ciudad como el Puente de la Unidad Nacional, avenida de las Américas y avenida Portete.

Varias entidades bancarias de los Banco de Pichincha y el Boliviariano del Unicentro fueron atacadas por maleantes que aprovecharon la ausencia de la Policía Nacional para atracar algunos centros financieros, informaron medios ecuatorianos. Las actividades en todos los colegios han sido suspendidas hasta nuevo aviso, lo que obligó a miles de estudiantes a regresar a sus viviendas por temor a que sus instalaciones fuesen blanco de los delincuentes.

La protesta de los policías y militares estalló después de que la Asamblea Nacional aprobase la víspera la eliminación de incentivos en los ascensos y se extendiese el plazo para los mismos.

Apoyo exterior

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresó hoy su confianza en que el Gobierno de Ecuador podrá controlar la situación y descartó que, en principio, se trate de un golpe de Estado. "Yo tengo la sensación que esto no tiene la gravedad, desde un punto de vista militar, que se le dio en un primer momento, pero no cabe duda que hay mucho confusión", apuntó en declaraciones al Canal 24 Horas, de la red estatal de la televisión chilena (TVN).

Por su parte, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Néstor Kirchner, manifestó hoy el firme "compromiso y la más absoluta solidaridad" con lo que calificó como un "intento de "sublevación al orden constitucional de sectores corporativos de las fuerzas de seguridad" de Ecuador.

Previamente, el Gobierno argentino expresó su "profunda preocupación" por las protestas de uniformados. El Gobierno español manifestó su total respaldo al Ejecutivo de Ecuador y a las instituciones democráticas de ese país ante las noticias de un "intento de golpe de Estado".

El Ministerio de Exteriores difundió un comunicado en el que expresa el respaldo a las autoridades legítimas e instituciones democráticas ecuatorianas y la condena de "cualquier ruptura de la legalidad constitucional".

Cadena CNN EN ESPAÑOL corta abruptamente entrevista con Presidente Evo Morales, organizaciones sociales califican ese hecho de discriminación

La cadena norteamericana CNN EN ESPAÑOL cortó abruptamente una entrevadita que hacia con el presidente Evo Morales, cuando se refería al proyecto de Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación y explicaba que los medios de comunicación tienen la obligación de no mellar la dignidad de las personas, dicha actitud fue calificada por las Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) como de "racismo".

La secretaria de de Relaciones, Leonilda Zurita dijo que la actitud de a CNN EN ESPAÑOL no es sólo lamentable sino que era un acto de discriminación y de odio que se tiene al Presidente Evo Morales.

Asimismo la Central Obrera Boliviana (COB), mediante su secretario de Hacienda, Ramiro Condori ese medio de comunicación falto respeto al Primer Mandatario del país y es catalogado como un acto de discriminación. vea el video de la entrevista

Bolivia invertirá 17.000 millones de dolares para desarrollo

El gobierno boliviano anunció una inversión pública de 17.000 millones de dólares en los próximos cinco años para impulsar el desarrollo del país andino.

"Estamos planificando invertir en los siguientes cinco años (...) alrededor de 17.000 millones de dólares, como mínimo, en inversión pública, para garantizar el financiamiento de medianos y grandes emprendimientos de industrialización", afirmó el vicepresidente Alvaro García Linera en una entrevista con la radio y canal estatal.

Según el funcionario, los resultados se verán en los próximos cinco años.

Alvaro García Linera informó además que el gobierno incrementó los recursos de la inversión pública de este año, al pasar de 1.800 a 2.200 millones de dólares, tras lo cual aseguró que la economía está sólida; que la gente ha recuperado la confianza en ella, y que ahora el país se encamina a la industrialización.

García efectuó un repaso a la evolución del modelo económico y a los resultados de la política económica, que se resumen en la nacionalización de las empresas estratégicas (YPFB, ENTEL, ENDE, Comibol) y en haber creado una base macroeconómica muy sólida que permitió capear la crisis mundial en los últimos dos años.

La política económica, dijo, está en función de la riqueza que necesita un país, la cual, si está en manos extranjeras, es necesario recuperarla y "luego distribuirla fundamentalmente a los más pobres, a los más necesitados, a los más débiles"; ésta, dijo, "es la política fundamental de estos cuatro años".

Asimismo, destacó el papel protagónico del Estado en la economía, que ahora genera riqueza y comienza a redistribuirla a los sectores desprotegidos de la sociedad, "ésta es la estructura del modelo económico contemporáneo", añadió.

En la actualidad, el Estado concentra el 33 por ciento, es decir, "de cada 100 bolivianos que hay en Bolivia, 33 los genera el Estado, y el otro 67 por ciento restante la empresa privada nacional, la pequeña y microempresa, la pequeña producción agrícola, la economía comunitaria y la inversión extranjera".

Pese a que en su evaluación, los resultados de gestión de los últimos cuatro años muestran cifras positivas, García dijo que a futuro hay bastante camino por recorrer y grandes necesidades que cubrir, pero recalcó que lo primero que había que hacer era quitar a la inversión extranjera la riqueza nacional para devolverla a su dueño, el Estado, y luego comenzar a redistribuirla.

Señaló que en la medida que el Estado genere más empresas, habrá más dinero para los pequeños productores, comerciantes y campesinos.

"La única manera de terminar con el viejo ciclo de pobreza, de distribución de pequeñas riquezas y estancamiento estructural de la economía, es industrializando. Los bolivianos nos jugamos nuestro destino en la industrialización", agregó.

Con relación a las críticas y opiniones que sostienen que el Estado, en el pasado, fue un mal administrador, García Linera dijo que los gobernantes utilizaban los recursos del Estado como cajas personales de sus familias, de su parentela y de su partido.

También manifestó que hay ejemplos de que la empresa privada "puede ser tremendamente ineficiente e incapaz", para lo cual puso de ejmplo la quiebra de Banco Sur y Banco Cochabamba, cuyo caso significó que la empresa privada no supiera "administrar los recursos, (pero) que quiso cubrir sus errores con dinero público".

Otro ejemplo penoso y triste para Bolivia, recordado por el vicepresidente, es el de Lloyd Aéreo Boliviano, que era orgullo de los bolivianos; "lo privatizaron, lo descuartizaron, lo destruyeron y ahora no existe, (además de que) dejó una deuda de casi 200 millones de dólares a sus trabajadores y al Estado".

Con esos antecedentes, señaló la necesidad de introducir medidas de control en el Estado. Por ejemplo, anular el nepotismo, los vínculos familiares; evitar que se distribuyan empresas entre familiares, que se use el dinero de una empresa pública para transferirla a otra, no cubrir un déficit con recursos de otra área.

Debido a ello, dijo, debe haber un "manejo transparente" y exigir a los gerentes de las empresas públicas compromiso, responsabilidad y productividad.

Para García Linera, todas las empresas del Estado tienen que ser altamente productivas y rentables, porque tienen que generar más dinero para los bolivianos.

Antes de 2006, la economía boliviana generaba 2.525 millones de dólares. Hoy, en más de cuatro años de gestión, el país genera 17.217 millones de dólares.

En promedio, Bolivia exportaba 2.867 millones de dólares hasta antes de 2006. En 2009, se exportaron 5.366 millones de dólares, cifra que en 2010 podría llegar a los 6.000 millones de dólares.

En 2005 las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia llegaban a 1.714 millones de dólares. El último dato del BCB, del viernes pasado especifica que ahora suman 8.907 millones de dólares.

En 2005, en los bancos privados habían 3.711 millones de dólares en depósitos del público. En la actualidad, esa cantidad de recursos se incrementó a 8.754 millones de dólares

Bolivia, entre el proceso de cambio y el poder de las multinacionales españolas

Erika González y Tania Martínez Portugal (Pueblos, nº 43, julio de 2010)

Bolivia empezó a ser rentable para la Inversión Extranjera Directa cuando se pusieron a la venta las grandes empresas estatales del país. Fue entonces cuando los capitales foráneos iniciaron su control sobre prácticamente todos los ámbitos económicos. En este proceso, las multinacionales españolas han estado presentes en sectores tan estratégicos como el agua, la electricidad, la banca, los hidrocarburos, etc. A través de la actividad y los impactos pasados y actuales de dos de estas empresas, BBVA y Repsol, se puede deducir por qué la población se rebeló contra las compañías transnacionales a principios del siglo XXI.

La introducción de Bolivia en el neoliberalismo estuvo marcada por la aprobación del Decreto Supremo 21060 en 1985 que suponía el fin del protagonismo del Estado en la gestión económica, establecido tras la Revolución de 1952. A partir de la década de los 80 se implementaron las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a través de diversas modificaciones legislativas cuyo objetivo no era otro que la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED). Es entonces cuando se privatizan numerosas empresas estatales, pero no aquellas que eran estratégicas. En la segunda mitad de la década de los noventa se llevó a cabo el llamado “proceso de capitalización” que significó la venta a las multinacionales extranjeras de estas empresas estatales clave. Entre los países emisores de IED, España cumple un papel significativo llegando a ser el tercer mayor inversor en términos de capital acumulado desde finales de los noventa.

En el presente artículo analizaremos el contexto en el cual la IED española aterriza en el país, sus implicaciones, el papel que han desarrollado las transnacionales españolas, y en concreto, el caso del BBVA y Repsol.

La Ley de Capitalización y la IED española

En el inicio del primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003) ve la luz la Ley de Capitalización que da paso a la entrada de inversión extranjera en las empresas estatales más importantes como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), entre otras. Aunque se intenta diferenciar de una privatización para evitar la protesta social, éste es precisamente el objetivo. Con el agravante de la sucesión de irregularidades en la venta [1] y de los cambios fiscales a favor de las empresas transnacionales y en detrimento del Tesoro General de la Nación.

Bolivia no ha sido uno de los destinos principales de la inversión extranjera de España, pero el capital español sí ha sido importante en este país. Además, para España, las inversiones realizadas durante este período en Bolivia han resultado estratégicas. Multinacionales como Repsol, BBVA o PRISA han obtenido, gracias a las reformas neoliberales y el acompañamiento de las políticas y la diplomacia de los sucesivos gobiernos españoles, grandes beneficios que les han permitido continuar con sus actividades y expandirse por el continente. Actualmente, en términos de capital acumulado, España es el tercer país inversor por detrás de los EEUU y Brasil [2].

La gran mayoría de las multinacionales españolas que operan o han operado en Bolivia lo hacen en sectores estratégicos para la economía tales como la gestión del agua y de los hidrocarburos, la banca, los aeropuertos, los seguros y los medios de comunicación. Hablamos de Repsol YPF, Iberdrola, BBVA, Aena, Abertis, Mapfre, Prisa (Santillana) y de otras compañías que ya se han ido del país como Unión Fenosa, Abengoa, y el Banco Santander. Para ver el papel que han tenido estas multinacionales en el desarrollo del país se tomarán como ejemplo dos compañías españolas: Repsol y BBVA.

Las pensiones de jubilación, el negocio para el BBVA

El desembarco de las entidades financieras españolas en suelo boliviano se enmarca en un proceso de bancarización progresiva que se vive en la región latinoamericana a partir de la década de los noventa y en el cual las entidades extranjeras verán su número en aumento. Afinales de los noventa, el BBVAy el grupo Santander iniciaron su actividad en Bolivia.

El banco que hoy continúa en el país es el BBVAy centra su actividad en la Administradora de Fondo de Pensiones Previsión (AFP Previsión). En el caso de Bolivia, la AFP es algo más que la compañía que gestiona el sistema de pensiones privado. La capitalización de las empresas estatales establecía que cerca del 50% de las acciones de estas empresas debían pasar a ser propiedad de los bolivianos y bolivianas. Pero el Gobierno de Sánchez de Lozada decidió que quien debía gestionarlo eran las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Así, en 1997 se crearon dos AFP: Previsión que fue adjudicada al BBV y Futuro que fue adjudicada a Argentaria. En el contrato se estableció un periodo de exclusividad de 5 años en el que se prohibía la entrada de otras compañías. Pero hay más, en 1999 se fusionan ambos bancos y se crea un monopolio privado, a cargo del BBVA, que administró el 100% de las pensiones y todas las acciones de la población boliviana. Hasta el año 2001 cuando el Gobierno boliviano obligó a romper dicho monopolio.

Para el Estado la gestión privada de las pensiones no supuso ningún alivio, debido a que tenía que seguir pagando las pensiones anteriores a la reforma, pero sin los ingresos de las antiguas empresas estatales. Por otro lado, la actividad del BBVA no ha evitado la ausencia de protección social para grandes segmentos de la población, más bien al contrario, deja desprotegida a gran parte de la población activa que trabaja en el sector informal y que en 2007 llegó al 60%.

La nueva Ley de Pensiones proyectada por el Gobierno de Evo Morales prevé la creación de una entidad estatal denominada Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo, ofreciendo la posibilidad de optar por una entidad pública para gestionar la jubilación. Ante la posibilidad de ver mermados sus beneficios, la multinacional financiera ha anunciado que pondrá sobre la mesa el Tratado Recíproco de Inversiones entre España y Bolivia que blinda los derechos de la compañía frente a las decisiones soberanas de un Estado como el boliviano.

Repsol en el lobby petrolero contra el proceso de cambio

En 1999, Repsol inició su actividad en Bolivia de forma indirecta ya que a través de su compra de YPF se convirtió también en propietaria de Andina, una de las empresas que surgió de la privatización de la petrolera boliviana YPFB. A partir de ahí la presencia de la multinacional española ha ido creciendo y su negocio actual continúa a través de las filiales Maxus Bolivia, Andina, y Repsol YPF Gas de Bolivia que produce y comercializa el 45% del gas licuado de petróleo del país. Si tenemos en cuenta las cifras que manejaba la compañía en 2007, el total de sus activos era el equivalente a seis veces el Producto Interior Bruto (PIB) boliviano.

El daño que han hecho las multinacionales del petróleo, y entre ellas Repsol YPF, al patrimonio de la población boliviana, a su soberanía, a su derecho a la energía, a los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente ha estado muy bien documentado en numerosas publicaciones [3] y ha sido denunciado en actos internacionales como el Tribunal Permanente de los Pueblos de Viena (Austria, 2006) y Lima (Perú, 2008) [4]. Es más, la Guerra del Gas de 2003 fue la respuesta de la población a esta situación y, en ella, Repsol YPF tuvo un papel protagonista porque fue una de las impulsoras del proyecto Pacific GLP, que representaba el expolio histórico al que había sido sometido Bolivia en el sector de los hidrocarburos. A la multinacional española del petróleo le han atribuido el establecimiento de sobreprecios, el pago a proveedores no identificados, a compañías del mismo grupo corporativo, etc. para sobredimensionar los gastos [5].

Es importante señalar aquí el papel de transnacionales como Repsol en el proceso de cambio de Bolivia, iniciado con el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos en 2006. Desde su promulgación, la reacción de las multinacionales del petróleo ha sido el rechazo y la puesta en marcha de la maquinaría mediática, política y diplomática que tienen a su disposición. En este contexto ha sido destacable la defensa a ultranza de los intereses económicos de Repsol por el Gobierno español. Todo ello con el fin de frenar cualquier medida que disminuya sus elevados beneficios.

Después de cuatro años parecen haberse calmado las tensiones pero esto no quiere decir que las multinacionales petroleras hayan aceptado perder la capacidad de decisión en la explotación de hidrocarburos, todo lo contrario, continúan presionando al actual Gobierno para mantener su posición privilegiada. Por ejemplo, en la conferencia “Sociedades Inflamables”, realizada en julio de 2009 en La Paz, el representante de un lobby petrolero afirmaba que la nacionalización estaba mal hecha y que se iba a estar privatizando en 5 años. Frente a estas afirmaciones el Gobierno de Bolivia se posiciona diciendo que el Decreto de Nacionalización establece el marco donde las compañías son socias y no patrones. En cambio, las multinacionales tienen en su mano una elevada capacidad de presión, no sólo por la diplomacia de los países de origen de estas compañías y los tratados bilaterales de inversiones que las protegen, sino porque la ausencia de su inversión ha ocasionado, y sigue haciéndolo, el desabastecimiento energético del país. Algo que no puede ser revertido por la estatal YPFB que, de momento, tiene medios limitados para realizar la exploración y explotación directamente, aunque tenga teóricamente la administración nade las compañías petroleras. De este modo, el Gobierno boliviano llama a la inversión extranjera y las multinacionales ponen sobre la mesa sus condiciones.

Los resultados actuales de la IED española

El BBVA y Repsol son sólo dos ejemplos del modo de actuar de las multinacionales españolas en Bolivia y esta forma de proceder se ha repetido con Abengoa en la privatización del agua en Cochabamba, con Iberdrola en La Paz y sus impactos laborales [6], con la ausencia de inversión de Red Eléctrica de España, el sesgo informativo de los medios de Prisa en contra del Gobierno de Evo Morales y las irregularidades cometidas por la editorial Santillana [7].

Lo que ha supuesto la entrada de IED foránea en Bolivia y en concreto los impactos de las multinacionales españolas en el país se desarrollarán en un libro que publicará este año el Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad. Como adelanto, los dos ejemplos de este artículo reflejan cómo estas transnacionales no han contribuido a la mejora de la calidad de vida de la población, ni a fortalecer sus decisiones soberanas, más bien han actuado en sentido contrario. Una vez que la población se ha pronunciado eligiendo un Gobierno que ha impulsado políticas de cambio, el reto sigue estando en desmantelar el poder de estas multinacionales y someter su actividad al respeto de los derechos fundamentales de la población.

Erika González y Tania Martínez Portugal
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad

Este artículo ha sido publicado en la revista Pueblos, nº 43, julio de 2010.

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NOTAS:

[1] Gandarillas, M.; Tahbub, M. y Rodríguez, G. (2008). La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Icaria y Paz con Dignidad. Barcelona.

[2] Datos del Banco Central de Bolivia disponibles en su web.

[3] Gavaldá, M. (2006). Viaje a Repsolandia, Tútuma Edicions, Barcelona.

[4] Los informes de los casos presentados al TPP y las sentencias de las dos sesiones están disponibles en la web www.enlazandoalternati vas.org.

[5] McGuigan C. (2007). Los beneficios de la inversión extranjera. ¿Cuáles fueron sus resultados en el sector de petróleo y gas en Bolivia?, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, La Paz.

[6] Sáez, C.; Barba, M.; Lago, J. (2009). “Análisis de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de las multinacionales vascas: los casos de BBVA e Iberdrola”. Lan Harremanak nº 19.

[7] Martínez Portugal, T.. “Filias y fobias políticas de los medios de comunicación en Bolivia: el caso de PRISA”. Boletín OMAL nº 38, enero de 2010.

Goni aún gobierna en los bosques de Bolivia

14 familias concentran 2,5 millones de hectáreas, el 68% de las concesiones forestales

Estremece saber que algunas leyes del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada siguen vigentes en el país, entre ellas la Ley Forestal y el Decreto 27024 que disminuyó las patentes forestales en beneficio de muchos propietarios que pertenecen a partidos políticos de derecha

El último informe de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) confirma que el poder del ex presidente fugado continúa vigente en el país, favoreciendo a sectores empresariales, acólitos y políticos que concentran el 68% de las concesiones forestales en Bolivia. En total son 14 familias que tienen en su poder 2,5 millones de hectáreas (2.538.266).

Y es que continúa vigente la Ley Forestal 1700 del 12 de junio de 1996 (primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada) que define la concesión de uno de los principales pulmones que tiene Bolivia. Pero no solo es la concentración de recursos naturales, sino que además son favorecidos con un Decreto (27024 de mayo de 2003) que disminuye las patentes forestales en casi tres millones de dólares sin que hasta el momento nadie haga algo por frenar estas irregularidades.

Según el informe de la ATB, existe una superficie forestal inicial de más de cinco millones de hectáreas (5.300.536), con un total de 87 concesiones, de las cuales 51 tienen licencia, 22 entraron en caducidad, siete están en proceso de extinción y otras siete están en proceso de renuncia.

Casi cuatro millones de hectáreas (3.724.568) fueron concedidas al amparo de la Ley 1700, siendo el departamento de Santa Cruz el que concentra la mayor parte de ellas, con el 58%, Pando el 26%, Beni el 10% y La Paz el 6%.

Pese a los discursos revolucionarios de 1952, la lógica de entregar recursos naturales estuvo siempre enmarcada en un principio de lograr la mayor concentración posible en beneficio de unos cuantos y Sánchez de Lozada no fue la excepción a esa regla.

La propia Ley Agraria de 1953 apuntó al latifundio, al igual que el Decreto Ley 3464 de 3 de agosto de 1953, que consolidó la dotación de grandes superficies de tierra para la crianza de ganado, particularmente vacuno. Cabe recordar que la Reforma Agraria del predecesor de Goni distribuyó desde 1953 a 1993 alrededor de 57,3 millones de hectáreas. El 68% del total de esta tierra fue distribuido como propiedades medianas y empresas correspondientes a tan sólo el 18% de la población beneficiaria, mientras que el 29% de la superficie alcanzó al solar campesino y propiedad comunaria correspondiente al 80% de la población beneficiaria, según un informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria.

Arrancar la tierra de manos de sus verdaderos dueños para entregarla en bandeja de plata a unos cuantos es una vieja práctica. En 1864, don Juan Vicente Dorado argumentaba las ventajas de la ex vinculación. Consideraba que “arrancar estos terrenos de mano del indígena ignorante o atrasado, sin medios, capacidad o voluntad para cultivarlos y pasarlos a la emprendedora, activa e inteligente raza blanca, ávida de propiedades, es efectivamente la conversión más saludable en el orden social y económico de Bolivia” (Boletín Somos Tierra del INRA).

Uno de los más grandes terratenientes de la historia de Bolivia, Nicolás Suárez, “dueño” de seis millones de hectáreas en Pando y parte del Acre a comienzos del siglo XX, parece competir con los actuales propietarios de grandes extensiones de tierra y bosques, como los Saavedra Bruno, los Monasterio, los Antelo Gil, etc. La Ley INRA, aprobada en 1996, y la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria promulgada en el Gobierno de Evo Morales nada pudieron hacer hasta el momento para frenar tanto abuso.

Pero la ambición de apoderarse de extensas zonas forestales no queda satisfecha con la entrega incontrolada, sino que además se logra eludir el pago de impuestos con el beneplácito del Estado “benefactor”. En este sentido, los empresarios forestales lograron que Sánchez de Lozada promulgue el Decreto 27024, cinco meses antes de que huyera fuera del país.

Hasta entonces, las empresas forestales tenían acumulada una deuda de aproximadamente 10,3 millones de dólares debido a que pagaban un dólar por patente de hectárea concedida para aprovechamiento. La mencionada norma modifica el reglamento de concesiones y establece la Tarifa de Regulación Forestal (TRF) anual por hectárea regulada para los productos maderables y define el procedimiento operativo para su aplicación.

El Decreto evitó que los empresarios cumplan su amenaza de devolver la totalidad de sus concesiones, porque consideraban que mantenerlas representaba una obligación económica muy grande, como si la explotación irracional de los recursos naturales fuera una bendición.

Leonardo Tamburini, abogado del CEJIS, advertía en su momento que con esta norma “se consolidará el inequitativo acceso y uso del bosque, puesto que ya no sería posible recuperar las áreas objeto de caducidad y reversión, para ser redistribuidas a otros actores sociales o empresariales, con lo que se generará además la concentración de los mejores bosques en pocas manos, y a un precio módico. Además de mantenerse en pocas manos grandes áreas sin uso ni pago por ellas, se perfila una asonada de licitaciones internacionales que acapararán grandes extensiones de tierras forestales, anulando definitivamente las aspiraciones de que esas tierras sean redistribuidas para indígenas, campesinos y campesinos sin tierra, incorporándolos al aprovechamiento forestal sostenible”.

En la Ley Forestal de Goni se establecía que la patente empresarial debe ser calculada sobre la totalidad del área concesionada, pero con el Decreto sólo se cobra sobre el “área de intervención anual”. Es decir que una empresa maderera que tiene una concesión de 22 mil hectáreas, por ejemplo, no paga por toda esa superficie, sino sólo por la que declara que trabaja en el año, pero mantiene el derecho sobre la totalidad de la concesión.

¡Y los favorecidos son!

Ahora veamos en cifras lo que nos dice la ABT: antes del Decreto 27024 se recaudaba en Santa Cruz más de un millón y medio de dólares (1.595.492 exactamente), pero con el perdonazo tributario se recauda sólo 68.151 dólares, es decir una disminución de 1.527.341 dólares.

En Pando hubo una disminución de 852.505 dólares; en Beni bajó la recaudación en 216.628 dólares y finalmente en La Paz la diferencia del pago de patente a consecuencia de la norma 27024 equivale a 186.506 dólares americanos. En total, el Estado boliviano dejó de percibir 2.782.981 dólares.

Ahora veamos quiénes son los favorecidos con la enorme concentración forestal en Bolivia. El informe de la ABT indica que en primer lugar se encuentra Larry Grant Hansler Bell, quien tiene 509.911 hectáreas. Es socio de la Cámara Forestal de Bolivia y principal propietario de la empresa maderera CIMAL IMR SA. Tiene una demanda por no depositar al Fondo de Pensiones los recursos para que una de sus empleadas se jubile.

En las concesiones otorgadas por persona le sigue Augusto Gutiérrez Ramírez, quien posee 365.122 hectáreas. Según un artículo de Fortunato Esquivel del Foro Bolivia, pertenecería a la “Logia Toborochi” (Organización del Gran Grigotá), de cuyos miembros se dice que “ocultan sus verdaderos propósitos bajo el discurso del “cruceñismo”, de la lucha “anticolla”, el “peligro comunista” y últimamente la “Autonomía”. Con tales justificativos controlan actualmente todos los espacios del poder político, económico y social de Santa Cruz.

Otro de los favorecidos es Fernando Antelo Gil, quien tiene en sus manos nada más que 239.669 hectáreas. Fue demandado por restringir el paso por su propiedad “La Unión”; fue mencionado como uno de los “palos blancos” del banco Unión en un artículo de Elizabeth Salguero Carrillo. La denuncia publicada por la ahora Concejal del municipio paceño se basa en el Informe SB/ISB/11516, efectuado por inspectores de la Superintendencias de Bancos, que establece la existencia de créditos vinculados en el Banco Unión, otorgados a “palos blancos” de Andrés Petricevic, Jorge Valdez y Luis Fernando Saavedra Bruno. Parte del artículo señala que “entre los créditos vinculados a Jorge Valdez otorgados por el Banco Unión se encuentran Gregorio Huanca Cruz (portero de Bolivian Automotors, empresa vinculada al diputado del MNR y Jhonny Salvatierra); a Guillermo Flores Alvarez (empleado de la empresa Agroindustrial La Chonta, vinculada a Jorge Valdez Añez y Fernando Antelo Gil), crédito a favor de la Compañía Maicera SA (COMASA), empresa vinculada a Andrés Petricevic y Luis Saavedra Bruno”.

Continúan en la lista de beneficiarios Edgar Díaz Alemán y Luis Antonio Rigo Nico, quienes tienen 175.637 hectáreas por tres concesiones. El primero fungió como Director de la Cámara Forestal, institución privada sin fines de lucro y con alcance nacional. Es el órgano matriz de las empresas forestales de Bolivia y su sede se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Cruz.

Posteriormente se ubican Luis Vaca Venegas y Hugo Fernando Endivil Ortiz con 154.495 hectáreas. Finalmente, en esta lista de concesiones por persona se encuentra Sandro Stefano Giordano García quien posee 152.522 hectáreas en dos concesiones, Jeffre Scott Atkin con 150.944 hectáreas y Mario Barbery Sciaroni con 40.004 hectáreas.

Por familia

Las dotaciones por familia se distribuyen entre Mauricio Eloy Etienne Solares, cuya dotación alcanza a 282.439 hectáreas con cuatro concesiones. Tiene bajo su mando la empresa Maderera Boliviana Etienne “MABET” SA., domiciliada en Riberalta – Beni y sus productos son exportados a Chile, China, España, Estados Unidos y otros.

Siguen en la lista de los favorecidos Juan Abuawad Chahuan con 181.902 hectáreas, el empresario figura entre los principales dirigentes de la Falange Socialista Boliviana (FSB) que se alineó contra el Gobierno de Evo Morales.

También se encuentra Fernando Roig Justiniano, que tiene 157.492 hectáreas; Federico Sauto Diaz y Jorge Paz Rivero, quienes poseen 122.081 hectáreas; Nayib Yureidini N., con 120.143 hectáreas; y finalmente aparece en la lista de la ABT Martinez Salguero Julio y Martinez Salguero Felix con 67.870 hectáreas.

Para completar la lista de favorecidos se encuentran quienes detentan a la vez concesiones forestales maderables y no maderables por familia. En primer lugar se ubica Carlos Alberto Sonnenschen Antelo, quien tiene una concesión de 183.727 hectáreas. Sonnenschen fue elegido Diputado uninominal del MNR por el departamento de Beni y actualmente es Senador en la Asamblea Legislativa por el Plan Progreso para Bolivia (PPB).

El primer secretario de la Cámara de Diputados de la anterior legislatura, Martín Mollo, denunció que fue el congresista más faltón de toda la anterior gestión, “en los últimos cuatro años, Carlos Saneheshein se ha faltado entre un 95 y 98% de las veces. Casi nadie lo conoce en el hemiciclo”.

Le sigue Pedro Colanzi Serrate, que en total recibe 114.157 hectáreas, reelegido como presidente de la Cámara Forestal de Bolivia por la gestión 2009-2010.

En tercer lugar se ubica José Agustín Vargas Rivera, que tiene una concesión de 81.035 hectáreas. Como Subprefecto de la provincia Vaca Díez protestó por las acciones que inició el Gobierno de Evo Morales de poblar algunas regiones de Pando y Beni.

En cuarto lugar se encuentran Gustavo Peñaranda Guardia y Francisco Peñaranda Guardia, éste último fue diputado suplente de Mario Duri Guayao del MIR-Nueva Mayoría, y entre ambos poseen 56.142 hectáreas. También se encuentran Alcides Nacimento Becerra, Lidia Becerra de Oliveira, Edilio Nacimento Becerra y María Ibeth Becerra Roca, quienes reciben en total 45.294 hectáreas.

Finalmente aparece en esta lista Armando Cabrera Rosado y Luis Ernesto Cabrera Rosado, a quienes les entregan en total 3.171 hectáreas de concesión forestal maderable. En total son seis Familias que detentan 523.528 hectáreas forestales maderables y no maderables.

¿Quién le pone el cascabel al gato?

El Gobierno anunció la reformulación de la Ley Forestal 1700 que apunta a modificar cuatro aspectos vinculados que son: El incremento de las sanciones por la quema de áreas forestales de forma ilegal, reposición del costo de la patente por hectárea de tierra, el desmonte de bosques de forma controlada y el control de las concesiones.

El director Ejecutivo de la ABT Cliver Rocha dijo que la nueva Ley Forestal normará las autorizaciones para el desmonte de bosques, que deberán estar relacionados a un plan de uso del suelo. Además, la nueva ley repondrá la patente por hectárea de concesión forestal que fue rebajada por el ex presidente Sánchez de Lozada.

Indicó que uno de los aspectos que también amerita ser modificado es la multa que pagan las personas por la quema de pastizales sin ninguna autorización: en la actualidad sólo pagan 20 centavos de dólar por hectárea, pues considera que se debe incrementar la sanción porque un productor agropecuario que causa una quema ilegal de 200 hectáreas paga la suma de 400 dólares.

Y precisamente son Beni y Santa Cruz, donde se concentran las mayores concesiones de tierra y zonas forestales, los departamentos donde se registraron los mayores focos de calor. El último informe de la ABT y del Ministerio de Medio Ambiente y Agua señala que en el primer departamento se registraron 12.027 focos de calor y 11.931 en Santa Cruz durante esta gestión.

fuente

Bolivia en el camino de la Post alfabetización

Con la fusión de colores de Bolivia, Cuba y Venezuela, en el municipio de Pucarani, provincia paceña de Los Andes, quedó inaugurada hoy en este país andino la Cuarta Convocatoria del Programa Nacional de Postalfabetización (PNP).

"Ya puedo leer y escribir. Ahora me doy cuenta que antes no sabía nada", comentó a Prensa Latina Berta Conde, una de las mujeres aymara que recibió certificado de graduada en el primer bloque de la campaña durante la festividad, organizada en saludo al Día Internacional de la Alfabetización.

Engalanada con su atuendo típico, ella aprovechó la ocasión para recitar versos aprendidos en su lengua originaria y demostrar parte de lo logrado por los 824 mil 101 alfabetizados, según la declaración del 20 de diciembre de 2008.

En acto celebrado entonces, en la ciudad de Cochabamba, el presidente Evo Morales proclamó la erradicación de la problemática en el país, tercero en rebasar esa meta en América Latina.

Pero no basta con "hacer hablar al papel", como señaló este miércoles en Pucarani el director general del PNP, Benito Ayma, quien instó a aprovechar la posibilidad que ofrece el gobierno para avanzar en el camino del conocimiento, con la colaboración de cubanos y venezolanos.

"Hoy la educación no está en la ciudad, sino que viene a nuestras comunidades", recordó y agregó que por eso "aprender, más que un derecho, es una obligación".

Motivo de orgullo debe ser para los pobladores de Pucaraní y de los nueve departamentos, 112 provincias y 335 municipios inmersos en el proyecto, que "muchos jóvenes estarán transitando a niveles superiores", añadió.

Para Ayma, resulta urgente que los medios de comunicación informen, orienten y ayuden a concretar la voluntad política del Estado Plurinacional: que la mayoría de la población alcance el sexto grado para 2013.

Hasta la fecha, los incorporados a la cuarta fase del PNP suman 50 mil y se estima que al concluir el año en curso, estos asciendan a 250 mil.

"Aymaras, como originarios, nunca tuvimos la posibilidad que nos da el hermano Evo Morales, por eso tenemos que impulsar este proceso y profundizar en lo aprendido", conminó uno de los facilitadores del programa en las cercanias de los andes bolivianos, Teodoro Chuquima.

Desde su inauguración, el 22 de marzo de 2009, el PNP benefició -sin exclusiones- a los alfabetizados mayores de 15 años sin acceso previo a la educación primaria.

Unidades educativas, cárceles, barrios, asilos de ancianos, cuarteles, iglesias, sindicatos, juntas vecinales y otros, sirven de sede a los 11 mil 742 puntos creados en todo el país, en algunos de los cuales también reciben especial atención las personas discapacitadas.

"No basta con la formación básica, tenemos que seguir aspirando a niveles superiores para que se reafirme la dignidad de los aymara", señaló el alcalde municipal, Félix Espinosa, y un coro de mujeres y hombres de todas las edades lo acompañó en una suerte de oda al saber, de recorrido este día por toda Bolivia.

Luis Alberto "Chito" Valle llegó al poder de la mano de su esposa

Luis Alberto Valle (66), se casó con la hija del ex presidente Hugo Banzer. ‘Chito’ ya está en la cárcel y Sacha promete traer a todos los prófugos de la justicia

En el pasado. El extinto Hugo Banzer y su yerno, Alberto ‘Chito’ Valle.

Paulo Cuiza – La Paz, La Razón

Amante de las exclusivas motocicletas Harley Davidson, comenzó a forjar su historia política en la década de los años 70, cuando conoció a Patricia, hija de Banzer, ex dictador (1971-1978) y luego presidente constitucional de Bolivia (1997-2001).

Chito Valle y Patricia se conocieron en el Colegio Militar de Irpavi, donde compartían su pasión por la natación. El 6 de septiembre de 1972 contrajeron nupcias y años más tarde Valle se graduaría como médico.

En 1978, Banzer terminaba su dictadura de siete años y empezaba a perfilar su paso a la democracia, con la fundación de Acción Democrática Nacionalista (ADN). Este partido fue el paraguas bajo el que se cobijaron muchos, entre ellos su yerno.

En los años 80, Valle ocupó el cargo de cónsul de Bolivia en Canadá e ingresó a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En los 90, casado y con hijos, ingresó a la Alcaldía de La Paz como concejal, siempre por ADN. Ejerció el cargo de Alcalde de manera interina por cuatro meses, debido a problemas institucionales en el gobierno municipal.

Siempre apadrinado por Banzer, candidateó y consiguió un curul en el Congreso. El 6 de agosto de 1997, Valle juró como diputado, pero dos días después el recién electo mandatario Banzer aprobó el Decreto presidencial 24815 por el cual designó a su yerno como prefecto de La Paz.

Un amigo y empleado de Chito Valle en la Prefectura cuenta que la ex autoridad es una persona “carismática, de trato amable, jovial y con gran apego al trabajo y a su familia”. Los viajes a las provincias, visitas a su suegro en el Palacio Quemado y la participación en recepciones sociales marcaban su agenda en ese entonces.

Otras fuentes comentaron que, además de su pasión por las motocicletas, le gustaba mantener una agenda social siempre ocupada. Tanto como ciudadano común como ocupando algún cargo importante, a Chito Valle le gustaba lucirse en las calles de La Paz montado en sus Harley Davidson.

Dos de sus motocicletas formaron parte del equipo de seguridad del presidente Banzer y las adquirió en una subasta pública, cuando el Jefe de Estado decidió renovarlas. Se comenta que adquirió cada una en sólo 500 dólares.

Hizo traer repuestos desde Estados Unidos para reacondicionarlas y se dice que incluso la ropa negra que vestía para manejar sus preciados motorizados también era importada desde el país del norte. Cierto o no, la verdad es que el ex prefecto sabía combinar perfectamente su atuendo con las famosas Harley.

Todos lo conocían como Chito, un diminutivo de Albertito, según cuentan. Su gestión al frente de la Prefectura lo llevó a conocer varias regiones del departamento de La Paz, entre ellas la paradisiaca población de Rurrenabaque, donde tras retirarse de la política hizo construir el hotel Jatauba.

La historia del lujoso hotel es singular: Sonia, encargada de Turismo de la Prefectura, le presentó un proyecto turístico para “Rurre”, que le impactó a tal punto que decidió visitar la zona tropical. Una vez ahí dijo: “Esto es para mí, quiero los papeles para el lunes”, y así fue.

Las presiones políticas y las denuncias en su contra sobre hechos de corrupción millonarios, terminaron por obligarlo a presentar su renuncia ante su suegro. Retornó a su curul y se cobijó en su inmunidad para obstaculizar y frenar cualquier acción legal en su contra.

Al término de su mandato siguió con su vida normal. El 2009 fue arrestado, logró su libertad y huyó al Perú donde permaneció hasta ayer.

Familiares vinculados con ilícitos

Las denuncias de corrupción contra Luis Alberto Valle salpicaron a su primo, Javier Valle Alcoreza, quien está acusado de complicidad en los hechos irregulares. Valle Alcoreza se encuentra en Chile; en febrero de este año, la Corte de Justicia de ese país negó la solicitud de extradición.

Millonario daño económico

El daño económico que provocó Luis Alberto Chito Valle al Estado llegaría a 22 millones de dólares y no sólo a 17 como se informó en las últimas semanas, aseguró a La Razón el ex director jurídico de la Prefectura de La Paz, Eduardo León.

“El daño económico al Estado no es de 17 millones de dólares, sino de 22 millones”, dijo León, funcionario durante la gestión del ex prefecto José Luis Paredes (2005-2008).

Recordó que la ex Prefectura, ahora Gobernación, reactivó las denuncias por corrupción ante la Fiscalía General. El expediente de la acusación contra el ex prefecto tiene al menos 10.000 fojas de pruebas.

La Fiscalía presentó acusación por delitos de conducta antieconómica, falsedad ideológica y contratos lesivos al Estado, por los casos “Chitochatarra” (venta de vehículos como chatarra), Fademin (transferencia de bienes del ex Banco Minero) y La Cuisine (compra de muebles lujosos). La Prefectura pidió 12 años de presidio para Valle.

Según León, la ex Prefectura también acusó a los esposos y parientes políticos del ex prefecto, Enrique Vargas Delos y Carmiña Ilonka Banzer Prada, por la venta irregular de bienes a la Prefectura paceña.

Valle también fue acusado por la compra con sobreprecio de un caldero para la piscina olímpica de Alto Obrajes por 100.000 dólares y por la construcción del Centro Deportivo de Alto Obrajes con un precio que elevó de 2,5 millones a 3,1 millones de dólares.

Otro caso en su contra que cursa en la justicia es el referido a la compra de una balsa de totora para adornar la curva norte del estadio Hernando Siles, la que fue adquirida a un costo de 3.000 dólares, cuando su precio en realidad no excedería los 500 dólares. Asimismo, se lo acusa por la venta sin autorización de la infraestructura del Consejo Departamental de Bienes, dependencia que vendió como una casa particular. Ahora deberá rendir cuentas por estos y otros delitos por los que fue acusado.

‘Chito’ Valle es encarcelado y Sacha promete traer a todos los prófugos de la justicia

La Paz, 1 Sep (Erbol).- Tras la llegada del ex prefecto paceño Luis Alberto Valle, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aseguró este miércoles que traerá al país a todas las ex autoridades y personalidades prófugas de la justicia boliviana.

“No sólo es este caso (la detención de ‘Chito’ Valle), se va a traer a todos quienes están siendo buscados por la justicia boliviana”, manifestó la autoridad gubernamental, al ser consultado sobre la situación del primo del ex prefecto, Javier Valle Alcoreza, otro prófugo de la justicia, que se presume que aún se encuentra en Chile.

Llorenti, en una declaración de prensa improvisada en horas de la madrugada, celebró que luego de 10 años de proceso Chito se encuentre ahora encerrado en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz.

Enfatizó que este caso de la ex primera autoridad departamental de La Paz no debe ser politizado, tal como supuestamente pretende volverlo Valle, porque en realidad se trata de un hecho o muestra clarara de la lucha contra la impunidad.

Valle arribó a las 03.11 al aeropuerto militar de El Alto en un avión de la Fuerza Aérea Bolivia y luego fue trasladado al penal de San Pedro de La Paz, donde llegó a las 04.20 en un vehículo Toyota, color plomo, con placa de control 1034-FYB.

Tanto del avión, como del motorizado, Chito fue bajado por la fuerza por efectivos policiales a arrastras debido a que se resistía descender de manera voluntaria.

El Ministro de Gobierno destacó que ahora es turno de los administradores de la justicia, que deben cumplir con el juzgamiento de Valle por los actos delictivos que cometió en función pública.

La larga lista de los prófugos de la justicia boliviana encabezan: el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, Javier Torres Goytia, Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo, Jorge Berinduague; además de Guillermo Fortún, Ernesto Asbún, los implicados del caso Porvenir, del denominado caso terrorismo y otros.