La élite cruceña protege entorno terrorista

La institucionalidad cruceña está asumiendo la defensa del entorno terrorista, dijo ayer César Navarro, presidente de la comisión parlamentaria que investiga el separatismo.
Las aseveraciones surgen luego de evaluar los datos de la investigación y porque los cívicos y empresarios cruceños se negaron a brindar informaciones sobre su supuesta participación en la estructura terrorista.
“Instituciones cruceñas están asumiendo la defensa del entorno de los terroristas que encabezó Rózsa, porque las personas involucradas con ellos son parte del círculo político del poder inmediato que existe en Santa Cruz”, señaló la autoridad.
Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz, y Branko Marincovick, empresario y cívico cruceño, fueron convocados por los parlamentarios; pero no asistieron argumentando que no se trata del Ministerio Público.
El diputado señaló que muchos citados pertenecen a círculos políticos y corporativos, de la misma manera que algunos de los imputados y visibilizados como colaboradores del grupo miliciano, comandado por Eduardo Rózsa.
Por ejemplo, dijo, Luis Hurtado era miembro del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) y director del Programa de Semillas de la Prefectura cruceña; Enrique Vaca Pedraza fue gerente de Operaciones de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz); Alejandro Melgar perteneció al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco); y ‘Yoyo’ Balcázar es propietario de tres medios de comunicación, además de ser secretario ejecutivo del Comité Cívico de Santa Cruz.
“Más bien están cerrando un círculo que protege la impunidad colectiva de todas las personas vinculadas a este grupo”, consideró.
“Las personas identificadas son parte de un círculo inmediato del poder económico que en este último tiempo se ha constituido en el poder político. Por eso es que empiezan a hacer una defensa inmediata”, señaló el legislador.
Navarro anunció que hoy, en calidad de presidente de la comisión multipartidaria, presentará a los demás miembros del equipo parlamentario el informe preliminar para su análisis y tratamiento, previo al informe final que será elevado a la Cámara de Diputados, instancia que encomendó el caso.
El documento rescata la toma de declaraciones que hizo la comisión en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; además de los documentos recabados a varias entidades para determinar los vínculos creados con el grupo de Eduardo Rózsa.

Presentan acción de libertad para Tadic
El abogado de Mario Tadic Astorga, Gerardo Gianni Prado, informó ayer que el último viernes presentó un recurso de acción de libertad radicado en la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito.
Gianni Prado señaló que los argumentos que sustentan el recurso se basan en la supuesta detención indebida de su cliente; además de los maltratos que recibió, como consta en algunos certificados médicos, que dictaminan que Tadic sufrió fractura de costillas. De la misma manera, señaló que Tadic insistirá en la demanda contra el periodista español Julio César Alonso, quien lo identificó como uno de los responsables de la muerte del periodista suizo Cristhian Wurtenberg durante el desarrollo de la guerra croata.
“El señor Tadic es inocente de los cargos de los que lo acusa el periodista Alonso. Hemos iniciado una demanda que seguiremos hasta agotar instancias”, explicó.
En criterio del abogado, Tadic considera la denuncia como “difamación” y por eso está tramitando la demanda en el Juzgado Segundo de Sentencia en lo Penal.
“Nos vemos obligados a solicitar la presencia de Alonso por medios como el edicto y otras figuras porque desconocemos su domicilio legal y su nombre completo”, señaló.
También dijo que solicitará al hotel en el que se hospedó el periodista, bajo requerimiento fiscal correspondiente, los datos necesarios para la demanda que busca citar en Bolivia al periodista Julio César Alonso.

Savina niega acusaciones
La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuellar, negó acusaciones del diputado César Navarro, presidente de la comisión que investiga el caso de terrorismo.
La autoridad departamental pidió al legislador trabajar en vez de dedicarse a los “chismes” y le recordó que fue elegido para debatir leyes y no para inventar mentiras.
“Ellos se ocupan del chisme, ni siquiera hacen algo para Bolivia, para eso hemos elegido a diputados, tienen que trabajar, gestionar obras, eso necesitamos los departamentos, las provincias”, expresó Cuellar.
En criterio de la Prefecta, el diputado Navarro no tiene nada que ver con sus cuentas.
“Ellos tienen que gobernar, no hemos elegido para que busquen banco por banco, mentirosos, no hemos elegido para esas cosas”, aseguró, segun reporte de Fides.
Cuéllar comparó a Navarro con Santos Ramírez y le pidió que investigue cosas reales como los hechos de La Calancha.
“Hagan lo que hagan, Dios, tarde o temprano, juzgará a esos mañudos que están manejando, llevando gente a Chuquisaca como hicieron el 6 de agosto, eso habría que juzgar, ¿con qué plata llevan gente a Chuquisaca? A ellos hay que pedirles cuentas”, expresó la Prefecta.
Entre tanto, el jefe de gabinete de la Prefectura, Rodolfo Rivas, aseguró que la información de Navarro es una venganza política.
“Desmentir de manera clara y absoluta este hecho, pero además estamos a la espera de una confirmación oficial sobre estas declaraciones antojadizas y totalmente tendenciosas de un miembro de la comisión que investiga el caso de supuesto terrorismo en el país”, dijo Rivas.
El funcionario negó que Cuéllar tenga nexos con terroristas.

Comisión viajará a Sucre
La comisión de la Cámara de Diputados que indaga los hechos de terrorismo se trasladará a Sucre para investigar a las autoridades departamentales, informó ayer el diputado César Navarro.
El legislador, presidente de la instancia legislativa, informó que en el mes de junio del año pasado dos extranjeros llegaron a Sucre y depositaron el dinero en las cuentas de la prefecta Savina Cuéllar.
Si bien el diputado no quiso dar los nombres de los testigos, explicó que “arribó una avioneta particular, vino un mexicano y un español que se presentaron como expertos en temas electorales”.
Asimismo, reiteró las denuncias en contra de Cuéllar y aseguró que existen datos concretos sobre contactos en la ciudad de Sucre por parte del grupo irregular de Eduardo Rózsa Flores.

MÁS CUESTIONAMIENTOS
El senador por Chuquisaca, Ricardo Díaz, del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuestionó también el movimiento bancario de la cuenta personal de la prefecta Cuéllar.
El parlamentario denunció que en sólo tres operaciones bancarias, la ahora prefecta de Chuquisacó 300 mil bolivianos.
Díaz explicó que se trata de una cifra alta, por eso es necesario realizar las investigaciones correspondientes y establecer las razones de los sospechosos movimientos económicos por parte de Cuéllar en la campaña.

La élite cruceña protege entorno terrorista

La institucionalidad cruceña está asumiendo la defensa del entorno terrorista, dijo ayer César Navarro, presidente de la comisión parlamentaria que investiga el separatismo.
Las aseveraciones surgen luego de evaluar los datos de la investigación y porque los cívicos y empresarios cruceños se negaron a brindar informaciones sobre su supuesta participación en la estructura terrorista.
“Instituciones cruceñas están asumiendo la defensa del entorno de los terroristas que encabezó Rózsa, porque las personas involucradas con ellos son parte del círculo político del poder inmediato que existe en Santa Cruz”, señaló la autoridad.
Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz, y Branko Marincovick, empresario y cívico cruceño, fueron convocados por los parlamentarios; pero no asistieron argumentando que no se trata del Ministerio Público.
El diputado señaló que muchos citados pertenecen a círculos políticos y corporativos, de la misma manera que algunos de los imputados y visibilizados como colaboradores del grupo miliciano, comandado por Eduardo Rózsa.
Por ejemplo, dijo, Luis Hurtado era miembro del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) y director del Programa de Semillas de la Prefectura cruceña; Enrique Vaca Pedraza fue gerente de Operaciones de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz); Alejandro Melgar perteneció al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco); y ‘Yoyo’ Balcázar es propietario de tres medios de comunicación, además de ser secretario ejecutivo del Comité Cívico de Santa Cruz.
“Más bien están cerrando un círculo que protege la impunidad colectiva de todas las personas vinculadas a este grupo”, consideró.
“Las personas identificadas son parte de un círculo inmediato del poder económico que en este último tiempo se ha constituido en el poder político. Por eso es que empiezan a hacer una defensa inmediata”, señaló el legislador.
Navarro anunció que hoy, en calidad de presidente de la comisión multipartidaria, presentará a los demás miembros del equipo parlamentario el informe preliminar para su análisis y tratamiento, previo al informe final que será elevado a la Cámara de Diputados, instancia que encomendó el caso.
El documento rescata la toma de declaraciones que hizo la comisión en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz; además de los documentos recabados a varias entidades para determinar los vínculos creados con el grupo de Eduardo Rózsa.

Presentan acción de libertad para Tadic
El abogado de Mario Tadic Astorga, Gerardo Gianni Prado, informó ayer que el último viernes presentó un recurso de acción de libertad radicado en la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito.
Gianni Prado señaló que los argumentos que sustentan el recurso se basan en la supuesta detención indebida de su cliente; además de los maltratos que recibió, como consta en algunos certificados médicos, que dictaminan que Tadic sufrió fractura de costillas. De la misma manera, señaló que Tadic insistirá en la demanda contra el periodista español Julio César Alonso, quien lo identificó como uno de los responsables de la muerte del periodista suizo Cristhian Wurtenberg durante el desarrollo de la guerra croata.
“El señor Tadic es inocente de los cargos de los que lo acusa el periodista Alonso. Hemos iniciado una demanda que seguiremos hasta agotar instancias”, explicó.
En criterio del abogado, Tadic considera la denuncia como “difamación” y por eso está tramitando la demanda en el Juzgado Segundo de Sentencia en lo Penal.
“Nos vemos obligados a solicitar la presencia de Alonso por medios como el edicto y otras figuras porque desconocemos su domicilio legal y su nombre completo”, señaló.
También dijo que solicitará al hotel en el que se hospedó el periodista, bajo requerimiento fiscal correspondiente, los datos necesarios para la demanda que busca citar en Bolivia al periodista Julio César Alonso.

Savina niega acusaciones
La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuellar, negó acusaciones del diputado César Navarro, presidente de la comisión que investiga el caso de terrorismo.
La autoridad departamental pidió al legislador trabajar en vez de dedicarse a los “chismes” y le recordó que fue elegido para debatir leyes y no para inventar mentiras.
“Ellos se ocupan del chisme, ni siquiera hacen algo para Bolivia, para eso hemos elegido a diputados, tienen que trabajar, gestionar obras, eso necesitamos los departamentos, las provincias”, expresó Cuellar.
En criterio de la Prefecta, el diputado Navarro no tiene nada que ver con sus cuentas.
“Ellos tienen que gobernar, no hemos elegido para que busquen banco por banco, mentirosos, no hemos elegido para esas cosas”, aseguró, segun reporte de Fides.
Cuéllar comparó a Navarro con Santos Ramírez y le pidió que investigue cosas reales como los hechos de La Calancha.
“Hagan lo que hagan, Dios, tarde o temprano, juzgará a esos mañudos que están manejando, llevando gente a Chuquisaca como hicieron el 6 de agosto, eso habría que juzgar, ¿con qué plata llevan gente a Chuquisaca? A ellos hay que pedirles cuentas”, expresó la Prefecta.
Entre tanto, el jefe de gabinete de la Prefectura, Rodolfo Rivas, aseguró que la información de Navarro es una venganza política.
“Desmentir de manera clara y absoluta este hecho, pero además estamos a la espera de una confirmación oficial sobre estas declaraciones antojadizas y totalmente tendenciosas de un miembro de la comisión que investiga el caso de supuesto terrorismo en el país”, dijo Rivas.
El funcionario negó que Cuéllar tenga nexos con terroristas.

Comisión viajará a Sucre
La comisión de la Cámara de Diputados que indaga los hechos de terrorismo se trasladará a Sucre para investigar a las autoridades departamentales, informó ayer el diputado César Navarro.
El legislador, presidente de la instancia legislativa, informó que en el mes de junio del año pasado dos extranjeros llegaron a Sucre y depositaron el dinero en las cuentas de la prefecta Savina Cuéllar.
Si bien el diputado no quiso dar los nombres de los testigos, explicó que “arribó una avioneta particular, vino un mexicano y un español que se presentaron como expertos en temas electorales”.
Asimismo, reiteró las denuncias en contra de Cuéllar y aseguró que existen datos concretos sobre contactos en la ciudad de Sucre por parte del grupo irregular de Eduardo Rózsa Flores.

MÁS CUESTIONAMIENTOS
El senador por Chuquisaca, Ricardo Díaz, del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuestionó también el movimiento bancario de la cuenta personal de la prefecta Cuéllar.
El parlamentario denunció que en sólo tres operaciones bancarias, la ahora prefecta de Chuquisacó 300 mil bolivianos.
Díaz explicó que se trata de una cifra alta, por eso es necesario realizar las investigaciones correspondientes y establecer las razones de los sospechosos movimientos económicos por parte de Cuéllar en la campaña.

Muestran un extracto bancario para relacionar a Savina con separatistas y Eduardo Rózsa

La “prueba” fue presentada por el diputado masista César Navarro, cabeza de la comisión que indaga el caso Rózsa. “es una vendetta por los insultos y rechiflas que sufrió el Presidente en Sucre el 6 de agosto”

Mercenario: Eduardo Rózsa Flores, con el uniforme del Ejército croata durante la Guerra de los Balcanes

Muestra un extracto bancario para relacionar a Savina y Rózsa

La comisión irá a Sucre a investigar ésta y otras pistas. Uno de sus miembros, quien representa a la oposición, dice que es una vendetta por los insultos y rechiflas que sufrió el Presidente en Sucre el 6 de agosto y otro asegura que Navarro actúa de forma irresponsable. Se indaga un depósito en la cuenta de Cuéllar de Bs 185.000.

La comisión se desplazará la próxima semana a Sucre para tomar declaraciones a las autoridades.

El extracto de la caja de ahorros de la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, cuando aún era candidata muestra que recibió aportes. El presidente de la comisión investigadora de Diputados, César Navarro (MAS), quien presentó la supuesta prueba, dijo que tiene indicios de que los recursos fueron desembolsados por los financiadores de la célula de Eduardo Rózsa Flores.

Se intentó comunicarse ayer con la prefecta Cuéllar y el director de Comunicación de esa Prefectura, Édgar Marín, sin éxito alguno.

El presidente del Comité de Defensa de Intereses de Chuquisaca (Codeinca), John Cava, informó que Cuéllar se encontraba en la localidad de Padilla.

El principal depósito, por 185.330,56 bolivianos, fue hecho el 11 de junio del año pasado, 18 días antes de la celebración de las elecciones prefecturales en ese departamento, aunque no es el único.

Con la finalidad de contar con información oficial sobre el particular, Navarro hizo una consulta a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), cuya respuesta será recibida la próxima semana.

El 16 de abril, la Policía intervino en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, para desarticular al grupo liderado por el boliviano-croata-húngaro Rózsa Flores, quien murió en esa acción junto con Micheal Martin Dwyer, irlandés, y Árpád Magyarosi, rumano. El húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tádic fueron capturados con vida.

Los más de 185.000 bolivianos fueron depositados en la cuenta de la entonces candidata a través de un cheque proveniente de otro banco. Por ello, la ASFI puede determinar la procedencia de ese pagaré.

La entonces candidata recibió otro depósito el 3 de junio por 45.000 bolivianos y el 13 de ese mes, otro por 15.438,90 bolivianos. Son los ingresos más cuantiosos, pero no los únicos.

La declaración jurada de bienes que la Prefecta hizo ante la Contraloría General del Estado muestra que su patrimonio asciende a 204.000 bolivianos.

Este documento aparece al día siguiente de los incidentes en el festejo por el 184 aniversario de la patria, de los que el Gobierno responsabilizó a la Prefecta.

Ayer, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, aseguró que Cuéllar “es la peor enemiga de Chuquisaca”, porque generó división y problemas cuando se había logrado un ambiente de conciliación con motivo del festejo por el día de la independencia.

El diputado Bernardo Montenegro, de Poder Democrático y Social (Podemos), calificó como “irresponsable” a Navarro y expresó su molestia por haber dado a conocer públicamente detalles relativos a la investigación antes que a sus miembros.

Los integrantes de la comisión parlamentaria se dirigirán a Sucre entre lunes y martes para tomar declaraciones a las autoridades chuquisaqueñas.

Al conocer esa información, la diputada Marisol Abán (MNR) dijo que se trata de una vendetta política después de lo sucedido en el festejo nacional y que no debe haber nuevos interrogatorios.

En su opinión, el trabajo de recolectar informes y declaraciones ha concluido y ahora corresponde preparar el reporte final, pero al no tener toda la documentación, presentará un proyecto, que no detecta actividades de terrorismo.

Otra pista

Tambien se conoció ayer que en la época proselitista previa a los comicios prefecturales de Chuquisaca llegó una avioneta al aeropuerto Juana Azurduy de Padilla que llevaba a dos expertos en campañas electorales.

Un testigo cuya identidad los investigadores mantienen en reserva les aseguró que los dos asesores eran extranjeros, uno de nacionalidad española, que permaneció en silencio, y un mexicano, que dijo muchas cosas. Este último pudo haber sido Eduardo Rózsa Flores, a quien identificó en las fotografías publicadas después de la muerte del veterano de la Guerra de los Balcanes.

La comisión espera reportes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en torno a la llegada de esta nave al aeródromo sucrense.

En declaraciones prestadas al Ministerio Público, el 21 de abril, Ignacio Villa Vargas, alias el “Viejo”, reveló que los prefectos y autoridades departamentales de Santa Cruz, Beni, Tarija, Pando y Chuquisaca conocían a Rózsa Flores y sus camaradas, con quienes se reunieron en varias oportunidades, aunque los aludidos negaron toda relación con el grupo irregular.

Vargas aseguró a los fiscales que los viajes eran conocidos por todos los prefectos de los lugares a los que se dirigían y que quien los transportaba generalmente era el piloto Orlando Áñez.

Evo pide a las FFAA mantener la unidad de Bolivia y desterrar a separatistas

El presidente boliviano Evo Morales pidió hoy a las Fuerzas Armadas a defender al pueblo, los recursos naturales y desterrar a los separatistas que pretenden dividir la patria.

"Las fuerzas armadas tienen que poner orden a esa gente que quiere dividir Bolivia (…) Primero está la unidad del pueblo boliviano", demandó Morales en oportunidad del aniversario de las FFAA.
Fuerzas Armadas con su propia doctrina, que trabajen para el pueblo, que defiendan los recursos naturales y la unidad de Bolivia, pidió el viernes el presidente Evo Morales al celebrar el 184 aniversario de creación de las FFAA de Bolivia y después del solemne juramento a la Bandera, en un acto multitudinario en la ciudad de Oruro.

"Nuestras Fuerzas Armadas tienen que tener su propia doctrina, Fuerzas Armadas que trabajen por el pueblo, que defiendan los recursos naturales", pidió el mandatario en un encendido discurso que precedió a la parada militar-indígena que se realiza por primera vez en la ciudad de Oruro.
Además Morales recordó que las Fuerzas Armadas tienen un mandato sublime del pueblo boliviano y "una obligación constitucional, noble y sagrada que es defender la unidad del territorio nacional".

Reconoció que existen algunas dificultades pero dijo que por encima de cualquier interés sectorial o regional, o cualquier reivindicación de cualquier sector. "Primero está la unidad del pueblo boliviano", matizó.
El Jefe de Estado recordó que en su gestión ha hecho todos los esfuerzos para mejorar y modernizar a las FFAA, después de 25 años en que no se renovaban.

RECONOCIMIENTO
El Presidente de Bolivia destacó el importante apoyo económico que ha proveído la actual gestión de gobierno a las FFAA.
"Quiero que sepa el pueblo boliviano que cuando llegué al Gobierno, encontré a unas Fuerzas Armadas desarmadas. Se olvidaron de modernizarla, equiparla. Desde que llegamos hemos tratado de mejorar y modernizar a las FFAA", manifestó en su discurso.

Entre los apoyos entregados, enumeró la adquisición de dos helicópteros, después de 25 años de la última compra.
Dijo haber destinado 30 millones de dólares para la obtención de barcazas para navegar por un canal artificial que será construido entre Puerto Suárez y Puerto Busch (en Santa Cruz, al este de Bolivia) hacia el río Paraguay-Paraná", por donde se tendrá "una salida hacia el océano Atlántico".

"Saben los miembros de las FFAA que estamos proyectando eso, para que con las barcazas de los bolivianos tengamos acceso al Atlántico", manifestó.
Subrayó también el presupuesto consignado a las FFAA, de 15 millones de dólares para equiparlas con aviones y radares con el fin de combatir el narcotráfico en el país.

En este caso, aunque lamentó la oposición de Estados Unidos de no vender a Bolivia aeronaves L-159-alca (avión ligero de combate avanzado) para mejorar la lucha contra el narcotráfico, pidió a la Comandancia de la institución armada que los adquiera aunque sea en Rusia o China.

MIL FELICIDADES MI QUERIDA BOLIVIA

Bolivia asegura que acuerdo preliminar con Chile por el Silala es transparente

El canciller boliviano, David Choquehuanca, aseguró el lunes a los pobladores de Quetena Chico, en el sur de Potosí, que el acuerdo preliminar trabajado con Chile por el uso de las aguas del manantial del Silala es transparente y proveerá recursos económicos a esa región.

Choquehuanca inauguró en esa región junto al ministro de Medio Ambiente y Agua, René Orellana, una socialización pública sobre los 17 puntos del acuerdo que podrían firmar los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet el venidero 10 de agosto.

"Hoy (lunes) se esta haciendo conocer tanto en Bolivia como en Chile este acuerdo, lo vamos a desarrollar punto por punto, se les va entregar el acuerdo a cada uno de ustedes y ojalá que los medios puedan hacer conocer el acuerdo en extenso", dijo el Canciller, tomado de la ABI.

Choquehuanca lamentó que "sectores de la oposición" estén dedicados a desinformar sobre los alcances y beneficios de ese preacuerdo para Bolivia, que establece que Chile pague el 50% por el uso de las aguas del Silala, después de más de 100 años de haberlo hecho sin cargo alguno.

"Hermanas y hermanos este acuerdo lo único que busca es que los chilenos no se lleven gratuitamente nuestras aguas. Igual día que pasa se llevan nuestras aguas, mañana si no firmamos se lo van ha seguir llevando gratis nuestras aguas", contrastó la autoridad.

Por otra parte, el Canciller boliviano cuestionó a los opositores que acusaron al Gobierno de Morales de traición por aceptar sólo el 50% de compensación cuando dijo que el país "ha sido manejado por ellos más de 180 años y qué han hecho al respecto", preguntó.

En ese marco, Choquehuanca aclaró que, antes de hacer oficial el acuerdo, explicará "a quien tengas dudas, punto por punto. Responderemos todas las preguntas", matizó.

"Por eso se invitó (a ese acto) no solamente a las autoridades y representantes cívicos de Potosí, sino a todas las organizaciones de Bolivia, al presidente de la Cámara de Senadores, al presidente de la Cámara de Diputados, a la brigada parlamentaria de Potosí", remarcó al subrayar que no aceptaron la invitación.

La compensación del 50% podría ser incrementada si el resultado de los estudios conjuntos que se lleven a cabo en los próximos cuatro años establece otros resultados.

Identifican a un español que fabricaba bombas para Rózsa

Listas encontradas en poder del terrorista delatan más contactos con mercenarios. La guerra civil contaría con ese refuerzo.

Alejandro Hernández Mora, un mercenario español experto en explosivos y sabotaje, fue identificado ayer por el Ministerio Público como uno de los convocados por Eduardo Rózsa Flores y el posible instructor en el preparado de explosivos y elementos combustibles, como el napalm (un combustible gelatinoso de alto poder incendiario).
“En la investigación que hemos hecho, tenemos, hay un español identificado con el nombre de Alejandro Hernández Mora, un experto en armar bombas. Esos datos están dentro del material secuestrado (al grupo mercenario)”, informó ayer el fiscal que investiga el caso terrorismo, Marcelo Soza Álvarez.
Hernández Mora perteneció a la Brigada Internacional, grupo que Rózsa comandó en la guerra en Croacia. Este ex militar español era apodado ‘Malaria’ y estaba encargado de fabricar los explosivos.
“Dentro de las anotaciones secuestradas al señor Eduardo Rózsa, tenemos el nombre de Mora, ignoramos si la persona vino al país (o mantuvo contacto con el grupo por otros medios)”, señaló el fiscal Soza, quien anunció también que solicitará al Servicio Nacional de Migración el flujo de viaje de este personaje, una vez que se reanuden las investigaciones, que están a la espera de la resolución del amparo constitucional interpuesto contra un fallo de la sala Penal Segunda de Santa Cruz.
Durante la declaración informativa de cooperación con las investigaciones, el periodista español Julio César Alonso corroboró los nombres que aparecieron entre las listas de voluntarios que Rózsa tomó en cuenta para su plan separatista.
El ‘Malaria’, según indicios del Ministerio Público y los datos aportados por investigadores del Tribunal Penal Internacional, pertenecería a la segunda línea de mercenarios que Rózsa pretendió traer al país para reforzar su estrategia de defensa armada de Santa Cruz.
“Rózsa llamaría primero a Alejandro y luego al resto; él tenía la lista y hemos comprobado que había comenzado a llamar”, señaló una fuente del Tribunal, que persigue a los mercenarios europeos. La estrategia a emplearse en Bolivia, se sospecha, era iniciar las confrontaciones en espiral con los voluntarios nacionales y el primer grupo mercenario que arribó al país. Una vez desatado el conflicto, que los expertos aseguran pudo aguantar una ofensiva de al menos una semana, llegaría al país la segunda línea de mercenarios.
Entre los documentos que el Ministerio Público encontró en el hotel Las Américas, el stand de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) y el espacio de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz figuran listas de mercenarios que Rózsa conocía a partir de su liderazgo en la guerra croata.
Así, se encuentran los nombres de Antonio Valencia, conocido francotirador ZNG Osijek PIV (las iniciales corresponden a la guardia nacional croata, la ciudad donde fueron destinados y PIV es el pelotón internacional de voluntarios).
También figuran los alias de ‘Bruno’ (conocido porque peleó con Rózsa en la Brigada Tomislav, en Bosnia) y ‘Ricardo’, quien sirvió en el HOS (Croata Hrvatske Obranbene Snage), una de las primeras fuerzas paramilitares formadas por croatas y de clara tendencia ustacha.
Según se identificó de las listas encontradas a Rózsa, hay una cantidad importante de mercenarios de esta línea y HOS se compone de los voluntarios más convencidos de la exterminación racial.
En la página de Internet USDDR Volunteers List aparece, junto a Rózsa y Mario Tadic, mucha gente mercenaria sospechosa de haberse enlistado para defender la causa autonómica cruceña.

Costas será convocado por la ley

Pese a las desatinadas protestas del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, llegará un momento determinado en que deberá comparecer ante el Ministerio Público para esclarecer su posible participación y colaboración con el grupo mercenario de Eduardo Rózsa.
Así coinciden varias autoridades encargadas de la investigación, entre los parlamentarios y las autoridades del Ministerio Público, que persiguen esclarecer el caso.
El fiscal asignado al caso, Marcelo Soza, señaló que una vez que se retomen las investigaciones, la justicia convocará a los ciudadanos que sea necesario para determinar las responsabilidades de la presencia mercenaria y los atentados terroristas perpetrados.
“Todos los ciudadanos que probablemente estén involucrados en este hecho tienen que necesariamente someterse a la ley, no solamente si es que estuviera el señor Rubén Costas (prefecto de Santa Cruz), sino también otros ciudadanos que se hubiesen visto involucrados en el hecho”, dijo y evitó comentar el lenguaje ofensivo y los calificativos del Prefecto cruceño.
“Lo que yo estoy haciendo, como Fiscal, es simplemente cumplir con la ley y debo sujetarme a ello. Cuestiones políticas que traten de hacer deslucir esta investigación están totalmente equivocadas y no las comento”, señaló.
El Ministerio Público hizo llegar ayer a la presidenta de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz, Blanca Alarcón, una “solicitud de pronunciamiento”, en vista de que aún no se da curso a la petición de amparo constitucional contra el fallo cruceño.

Hubo terrorismo, existen imputaciones y evidencias

Ante publicaciones pagadas por la ultraderecha y declaraciones de los líderes cruceños, que ponen en tela de juicio la presencia terrorista, el fiscal responsable de las investigaciones, Marcelo Soza, aclaró que las imputaciones y las evidencias son las pruebas innegables de la presencia mercenaria y las acciones terroristas en el país.
“Nosotros nos basamos en la documentación que tenemos, en las evidencias que hemos colectado y nos tenemos que mover en ese margen, lamentablemente esa publicación (que circuló con La Razón) no refleja lo que es verídico”, explicó ayer el investigador Soza.
Para el Ministerio Público, las especulaciones, la negativa de las élites cruceña y beniana para declarar ante las comisiones de investigación son actitudes que no ayudan en el esclarecimiento. Sin embargo, tampoco atentan contra los elementos ya avanzados en la fase investigativa. “Tenemos datos fehacientes de las personas que están involucradas en el hecho, hay imputaciones, caso contrario no existirían”, agregó.
El periódico La Razón circuló el lunes con un “inserto” a su publicación, cuyo contenido se atribuye a una denominada Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarios de Bolivia y figuran como responsables dos ex dirigentes indígenas: Jaime Apaza y Víctor Hugo Velasco, contra quienes anunció un juicio el Ministerio de Gobierno, de la misma manera que considera un proceso al medio impreso por la no aclaración de “solicitada”, en el mismo documento cuestionado.
El documento, según sus creadores, es una “copia de artículos”, que en otros términos se conoce como “plagio” de notas de prensa, tomadas y alteradas, violando la propiedad intelectual y los derechos reservados. Las entidades colegiadas piden trasladar el caso al Tribunal de Imprenta.

Especial: Grupos que financiaron el terrorismo separatista pagan costosas publicaciones para desacreditar las investigaciones

Por: Adalid Cabrera Lemuz
Los mismos grupos que financiaron una escalada terrorista y separatista en Bolivia desde el departamento de Santa Cruz son los que ahora se han dado a la tarea de pagar costosas publicaciones con el objetivo de sembrar dudas en la población sobre el trabajo que cumple el Ministerio Público para desvendar en su totalidad esas actividades que pusieron en serio riesgo la paz, seguridad y unidad nacionales, manifestó el martes el viceministro de Gobierno, Marcos Farfán.

Farfán se refirió a la separata publicada el lunes en el periódico La Razón bajo el título: Caso Rosza, un mar de dudas" donde se busca deslegitimar los avances de la investigación sobre las actividades del grupo terrorista y mercenario encabezado por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rosza Flores.

El viceministro dijo que curiosamente esa separata sale poco después de que el periodista español y corresponsal de guerra, Julio César Alonso, haya desnudado casi completamente las actividades de Rosza Flores y su agrupación de mercenarios extranjeros. Alonso dijo que sin lugar a dudas esta agrupación vino a Bolivia a provocar una guerra civil, tal como lo hizo en otras naciones, siempre a cambio del pago de jugosas y millonarias recompensas.

Alonso señaló que grupos como los de Rosza deambulan por el mundo, venden su trabajo al mejor postor y cumplen diversas misiones en los países con el fin de sembrar el terror, la violencia, el dolor, la destrucción y el luto en las familias.

Y razones para hacer esas revelaciones no le faltaron a Alonso debido a que Rosza era un viejo conocido suyo. Conoció sus actividades cuando, cámara en mano realizaba la cobertura periodística de diversas contiendas bélicas en las que vio en primera fila la cruenta forma cómo actuaban los mercenarios en diversas guerras civiles, sea en Los Balcanes, Croacia, África y otros.

Alonso se fue el lunes de Bolivia después de permanecer casi dos semanas para investigar sobre las ramificaciones del grupo de Rosza Flores en el país y dictar un curso universitario sobre la investigación periodística en situaciones de conflicto. Alonso quería saber más sobre Rosza y su grupo, al que seguía desde hacía tiempo con el fin de acumular pruebas en su contra. El periodista español reveló que Rosza ejecutó en Los Balcanes al periodista suizo Cristhian Battemberg por el solo hecho de haber descubierto sus andanzas.

Por las revelaciones de este periodista español, los bolivianos pudieron conocer los peligros que se cernían sobre Bolivia si es que prosperaban las actividades de Rosza y sus mercenarios que operaban bajo el mandato de grupos nacionales opositores, de acuerdo con las investigaciones preliminares.

Hasta la salida de Alonso de Bolivia, los grupos logísticos que sustentaron y financiaron las actividades terroristas y mercenarias se mantuvieron lejos del foro hasta que volvieron al ataque, esta vez con una millonaria publicación de 12 páginas evaluada en unos 240.000 bolivianos con la pretensión de desmoronar uno a uno los avances de la investigación realizada por el Ministerio Público.

Según el viceministro de Gobierno, basta mirar los que firman la separata publicada en La Razón para darse cuenta de que se trató de un contraataque bien financiado para deslegitimar las investigaciones y desmentir todas las revelaciones hechas por el corresponsal de guerra.

La separata fue presentada como una producción del medio que la publicó bajo la salida de "Especial", debido a que no aclara puntualmente que se trata de una solicitada o separata pagada. Solamente en un espacio reducido de su última página aparece: "Esta es una publicación de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarios de Bolivia (CONNIOB), una organización apócrifa desconocida por el sindicalismo y los movimientos sociales del país.

Farfán señaló que al lado de la identificación aparecen las firmas de Jaime Apaza Chuquimia y Víctor Hugo Velasco Iporre, quienes se identifican como responsables de CONNIOB.

Apaza es un indígena desclasado que marchó junto a las turbas racistas que agredieron a los campesinos de Chuquisaca el pasado 24 de mayo de 2008, a los que maltrataron y humillaron, al punto de hacerlos desnudar e hincar en plena plaza 25 de mayo para pedir perdón, no se sabe de qué.

Los campesinos provenientes de diversas provincias de Chuquisaca se encontraban en Sucre para participar de los actos de celebración de la efeméride de Chuquisaca.

Apaza también fue visto en los cabildos autonómicos realizados en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y en actividades junto a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que perpetró acciones violentas contra pobladores de rasgos altiplánicos tras el referéndum revocatorio de agosto del año pasado, que fue la señal del inicio de un golpe cívico-prefectural que tenía el objetivo de desestabilizar no solamente al gobierno del presidente Evo Morales, sino a la propia democracia.

En esa consulta, que fue planteada por los prefectos que se oponen al gobierno, la población dio su amplio respaldo al presidente Evo Morales y no a los prefectos de La Paz y Cochabamba, José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa, lo que significó una derrota contra los aprestos de la oposición.

Finalmente el golpe cívico-prefectural fracasó pero sus responsables en Pando dejaron tras de sí más de una decena de campesinos masacrados cuando se trasladaban a participar en una concentración popular. El Ministerio Público sustenta acciones para el procesamiento del ex prefecto de ese departamento, Leopoldo Fernández Ferreira, y un grupo de paramilitares que estaban a su servicio.

Para Farfán, las organizaciones que financiaron estos aprestos subversivos y los que costearon el viaje, hospedaje, alimentación, armamento y organización del grupo de Rosza parecen haber vuelto al escenario con la publicación de la separata en la que descalifican las investigaciones realizadas al respecto.

Agregó que el contenido de la separata muestra que técnicamente fue elaborada por periodistas profesionales muy bien rentados porque intentaron manipular con habilidad los acontecimientos para mostrar que las investigaciones del Ministerio Público no tendrían ni pies ni cabeza.

"Lo que se busca con esa publicación es crear un colchón periodístico para justificar acciones judiciales de prevaricato contra los investigadores que llevan adelante el caso", señaló.

En la tapa de la separata los autores colocaron un epígrafe que desnuda sus verdaderas intenciones. Señala: "En casi cuatro meses, la muerte de tres hombres acusados por el gobierno de terroristas no termina de aclararse. Hay contradicciones y las pruebas se esfuman. El caso está paralizado por el conflicto de competencias. Un abogado planteará una demanda internacional".

Ese solo epígrafe no soportaría un simple análisis de contenido. Para empezar se habla de "muerte de tres hombres acusados por el Gobierno de terroristas…..", cuando las pruebas acumuladas por el Ministerio Público hasta hoy y por las declaraciones tomadas por la Comisión Parlamentaria que investiga el caso muestra en su totalidad lo que significa Rosza y su grupo de mercenarios, lo que fue corroborado por las revelaciones de Alonso.

Igualmente induce a los lectores a pensar que el caso no avanza y que "hay contradicciones y las pruebas se esfuman". Está claro que el propósito de deslegitimar el trabajo de la Fiscalía y de la comisión parlamentaria.

Otro de los conceptos manejados en la publicación en su tapa anota "El caso está paralizado por el conflicto de competencias. Un abogado planteará una demanda internacional", al parecer esos planteamientos son para sentar las bases de una recusación a los investigadores y los jueces que vayan a tratar el asunto y, más aún, advertir con el inicio de una demanda internacional.

El tratamiento informativo dado al caso en la separata es coincidente con la que impulsan otros medios de comunicación privado, algunos de cuyos propietarios son investigados por la adjudicación ilegal de extensiones de tierras en las zonas del oriente del país, que se refieren a los mercenarios como "supuestos terroristas"

En el fondo, al referirse a los tres mercenarios muertos en la confrontación con la Policía el pasado 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz , la publicación intenta darle un contenido humano para introducir en forma subliminal al lector que los identifique con tres hombres que fueron ejecutados por las fuerzas del orden, un discurso que ha sido manejado con habilidad por autoridades políticas y parlamentarias del departamento de Santa Cruz, entre ellos el prefecto de ese departamento, Rubén Costas, y el presidente del Senado, Oscar Ortiz.

Desde la segunda página, el lector menos avisado podría ver las intenciones de la separata. Abre la nota con "La pregunta sigue, cómo llegó Rosza?: El desarrollo señala que unos piensan que fue financiado por empresarios de Santa Cruz", pero siembra la cizaña al mencionar que otros piensan que fue el propio gobierno que lo contrató con el fin de tener un pretexto para atacar a los opositores y autonomistas.

En esa misma página da cobertura a las declaraciones de los dos integrantes del grupo de Rosza que no murieron en el enfrentamiento y que están presos en la cárcel en un espacio en el que reivindican su inocencia. La publicación hasta cita una consideración de la enciclopedia Wilkipedia que califica al caso como un "confuso asunto".

En las páginas subsiguientes la separata incluye una información manipulada sobre lo que habría sido el operativo mostrando nuevamente a los mercenarios como víctimas en base a supuestas declaraciones de testigos y coloca con realce la presencia fortuita de un grupo de tripulantes militares de una aeronave venezolana en el hotel y de una autoridad del Ministerio de Gobierno, además de una supuesta auditoria técnica de un Consejo de Defensa de los Derechos Humanos del Comité Pro Santa Cruz que subraya que la Policía habría dejado morir a los terroristas.

En la pagina central, la publicación muestra sus verdaderas intenciones al subrayar "La grandes pruebas se caen poco a poco y para descalificar al periodista español Julio César Alonso y a Ignacio Villa Vargas calificándolos como "ex convictos".

Otro de los blancos de la publicación es la Comisión Parlamentaria que investiga el caso con la toma de declaraciones a varias personas en Santa Cruz y La Paz.

En sus páginas finales el impreso dedica espacios al fallo judicial emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz que resta jurisdicción y competencia al fiscal Marcelo Soza para investigar el caso o a tomar declaraciones a los presuntos imputados. Incluye una información en la que subraya que el abogado de Ellot Toasó, uno de los cómplices de Rosza detenido, demandó al presidente boliviano ante las Naciones Unidas

De pies a cabeza, la publicación de 12 páginas parece ser un legajo de la defensa de los imputados antes que un trabajo periodístico que debería mostrar los hechos sin riesgo de ser manipulados y sin tratar de inducir a los lectores a hacer suyos los discursos esgrimidos por los investigados en este caso.

El viceministro de Gobierno subrayó que otro de los objetivos de la separata y de sus autores intelectuales y materiales es distraer la investigación y sembrar dudas en la población sobre su desarrollo y hasta incurre en una apología del delito al buscar la liberación de culpas de los sospechosos de haber financiado el montaje de una conspiración contra el gobierno que habría incluido hasta un magnicidio con la ejecución de las principales autoridades.

El Ministerio de Gobierno ha salido al frente a esa publicación y el martes publicó una solicitada de una página, ni el 10 por ciento del espacio de la separata, en la que hizo conocer sus cuestionamientos a la publicación, mucho más si intentó ingresar de contrabando en la mente de los lectores del mencionado periódico sin identificar su origen.

La solicitada del Ministerio de Gobierno enfatizó que las autoridades aportarán en forma permanente con pruebas al Ministerio Público con el fin de contribuir a la investigación sobre terrorismo y separatismo para que la justicia sancione a las personas que financiaron a los mercenarios implicados con estos hechos y sus financiadores, señaló el martes un informe del Ministerio de Gobierno.

El informe subraya que la publicación se realiza en un momento en el que la investigación confirma que el país "fue expuesto al riesgo de una guerra civil, propiciada por grupos de mercenarios terroristas internacionales que fueron traídos al país para generar la división de nuestro territorio".

El comunicado del Ministerio de Gobierno alertó a la población "a no dejarse engañar por estos intentos que sólo pretenden evitar que la investigación avance y justificar la decisión de jueces prevaricadores que responden a un grupo de personas que, valiéndose de sus recursos económicos, no tuvieron ningún escrúpulo en contratar a estos mercenarios para mantener sus privilegios dentro del país".

En España investigan a quiénes contrataron al grupo de Eduardo Rózsa

Revelaciones del periodista Alonso aportaron en la investigación de la Fiscalía y de la comisión de diputados.

“Dentro de un tiempo creo que vais a tener bastante información, no sólo de Bolivia, sino de España”, dijo ayer el periodista español Julio César Alonso, que investigó por 14 años la vida y las acciones del mercenario boliviano Eduardo Rózsa Flores.
El investigador del Tribunal Penal Internacional, con sede en Europa, explicó que en España ya se investigan los nexos que importaron al grupo mercenario a Bolivia.
Alonso señaló que la apertura de una veta investigativa en España responde a la preocupación de la presencia mercenaria y el hecho de que su país haya servido de tránsito para que grupos de mercenarios, como el de Eduardo Rózsa, vengan a fabricar una guerra civil. “Yo quiero que se abra una investigación en España porque no quiero que en mi país hagan mercenarios. Lo que pasó en Bolivia nació en Europa, hay que investigarlo desde Europa”, señaló.
Desde la anterior semana, el periodista español relató en varios medios su experiencia y hallazgos de la investigación que siguió en el caso del mercenario Eduardo Rózsa Flores, y los grupos húngaros y croatas radicales de ultraderecha. Luego de sus revelaciones, partidos políticos de oposición y sectores de ultraderecha salieron al paso con una lluvia de acusaciones para descalificar al periodista y las evidencias del pasado mercenario de Rózsa.
“Yo no voy a entrar en asuntos internos de Bolivia; pero sí me tomo esto como un problema interno de mi país y de mi comunidad”, dijo.
Ayer por la mañana, Alonso visitó al fiscal Marcelo Soza y a su equipo de investigadores asignados al caso terrorismo. En horas de la tarde tuvo una sesión con los miembros de la comisión especial de diputados, que realiza una investigación paralela de la presencia, las acciones y los vínculos del grupo que lideró Rózsa. En ambas oportunidades brindó, voluntariamente, informes sobre sus conocimientos de la persona de Rózsa Flores y Mario Francisco Tadic, principalmente; además de proporcionar elementos nuevos, en el marco de establecer los verdaderos vínculos del separatismo.
El martes explicó que el contacto con Rózsa se realizó en Hungría, a través de Gylla Atilla, un reclutador de mercenarios que supuestamente fue a quien acudieron (los bolivianos de ultraderecha) para pedir ayuda armada con el propósito de independizar Santa Cruz.
César Navarro, presidente de la comisión multipartidaria, a la finalización de la entrevista con Alonso señaló que el aporte del periodista fue relevante, ya que pudo confirmar la presencia de extranjeros mercenarios que eran parte del grupo de Eduardo Rózsa Flores.
“Él nos ha informado que el señor Mario Tadic es una persona vinculada a Rózsa desde la década de los 90 y que estaría involucrado a la muerte de un periodista suizo en España, Christian Wurtenberg”, informó.
De la misma manera, confirmó los datos sobre el mercenario Tibor Revesz, que sería el fundador de la logia Szekely y tiene formación paramilitar. El mercenario también habría sido contactado por Gylla Atilla para establecer la estructura terrorista.

Comisión pide datos del mercenario
César Navarro, presidente de la comisión multipartidaria que investiga el tema terrorismo, informó que el periodista Julio César Alonso brindó una declaración altamente importante para las investigaciones.
“Hemos comprometido que hasta la primera quincena del mes de agosto, el señor Alonso nos enviará documentación a través de la Embajada boliviana (en España, sobre Eduardo Rózsa Flores)”, señaló.
La documentación será analizada por los diputados a cargo de la investigación. Sin embargo, explicó, se prevé un desfase porque la comisión multipartidaria espera presentar su informe definitivo hasta finales del mes de julio.
“Consideramos que la información que (ahora) ha brindado nos da importantes detalles; pero también nos confirma hipótesis. Corroboramos que Rózsa fue contratado en el Congo y participó en los Balcanes porque quiso”, explicó.

Con permiso para indagar terrorismo
El periodista español Julio César Alonso, investigador del Tribunal Penal Internacional, informó ayer a la comisión especial que investiga el tema terrorismo que está autorizado para investigar el caso de Eduardo Rózsa en el país. Así lo confirmó el presidente de la Comisión, César Navarro.
“Él solicitó autorización a la Embajada de Bolivia para realizar sus trabajos periodísticos en nuestro país, también pidió que se le pueda brindar la información para que él pueda tomar declaraciones a varias personas en nuestro país para hacer una nota periodística”, informó Navarro a la conclusión de la reunión con el periodista que investigó a Rózsa por más de 15 años.
El investigador se encuentra en el país desde el 5 de julio y prevé regresar a España el 2 de agosto, según informó en la sesión conformada por diputados de oficialismo y oposición. Alonso se comprometió a autoavalarse ante la Embajada de Bolivia en España, con documentación que acredite su experiencia laboral y profesional en guerra. Pese a que su presencia fue voluntaria y como parte de una invitación posterior, Alonso no se hizo problemas para responder sobre temas relacionados a su intimidad, como su reclusión por un caso de narcotráfico y contestar acerca de los detalles del pago de su viaje al país.
Como resumen de su aporte informativo en la comisión parlamentaria, según Navarro, se conocieron datos importantes, como la forma de organización y articulación del grupo de Eduardo Rózsa Flores y muchos puntos coincidentes con hipótesis de las investigaciones de la comisión.
Por ejemplo, dijo Navarro, se ratificó que el mercenario Tibor Revezs era parte de una logia y que Rózsa tuvo otras conexiones mercenarias.

Alonso explicó detención
Julio César Alonso, el periodista español que hizo importantes aportes para conocer quién fue realmente el mercenario Eduardo Rózsa Flores, explicó ayer que fue detenido en Argentina por un tema de narcotráfico.
“Sí, yo estuve condenado hace años, tendría que haber salido de la cárcel, si no me equivoco, hace dos (años), estuve un año. En España los delitos de narcotráfico se cumplen íntegramente. Le voy a explicar, incluso hemos eliminado cualquier posibilidad de facturar equipaje. Yo investigué a la Policía bonaerense, está el informe del 94, llegué a Madrid con un equipaje que no era mío con 7 kilos de cocaína al 45% y fui condenado a 11 años.
Al año se reabrió el caso, que es lo que le ha faltado a esta gente investigar, y al reabrirse el caso se me puso en libertad y se archivó. En aquella época, incluso cinco mil periodistas pidieron mi indulto, yo lo rechacé porque el indulto en España suponía reconocer un delito”, relató el investigador, que fue más de 15 años corresponsal de guerra y convivió, por su trabajo, con gente mercenaria como Eduardo Rózsa Flores y Mario Francisco Tadic, a quien reconoce como autor de la muerte de dos periodistas, entre ellos la de su camarada Christian Wurtenberg.
El periodista también anunció ayer que no hablará más con los medios de comunicación porque lo que tenía que decir ya lo dijo. Además explicó que nadie pagó su viaje y sobre otras acusaciones prefirió no tomarlas en cuenta.

Contrataron a Rózsa en Hungría, a través del mercenario Atilla

Cada miliciano habría recibido una oferta que supera los 1.000 euros mensuales, sin contar los viáticos en el país.
Gylla Atilla es un mercenario, un conocido mercenario, anticomunista y en Hungría habría sido el nexo para contactar a los emisarios bolivianos con el mercenario Eduardo Rózsa Flores. Los términos del contrato para “independizar Santa Cruz” se habrían suscrito en Hungría.
Según datos indagados por el periodista español Julio César Alonso, organizaciones ultraderechistas con objetivos de limpieza étnica contactaron a Rózsa, en Hungría, a través del mercenario Atilla, quien es reconocido como líder de traficar mercenarios a la guerra de Croacia.
“A través de ese hombre se empiezan a formar los primeros contactos con Eduardo Rózsa Flores, a quien le facilita (Atilla) un guardaespaldas (Michael Martion Dwyer) y además le habilita contactos para que organice su propio grupo de mercenarios para este trabajo”, dijo.
En Hungría y en Bosnia, el periodista corresponsal de guerra aseguró que existen personas que han iniciado una investigación para identificar cuáles fueron los contactos.
Alonso, en una entrevista el fin de semana, señaló que considera que entre los vínculos que establecieron el contacto Hungría-Bolivia se debe tener en cuenta a las organizaciones de ultraderecha, de carácter nacional socialista y racista.
“Habrá que buscar algo parecido aquí, entre los sectores afines a estas ideologías. Ellos tienen reuniones a nivel de la internacional nacional socialista; habrá que investigar qué gente de Bolivia participa en esas reuniones y así empezaremos a descubrir cuáles son los nexos que trajeron a Rózsa”, señaló.
Rózsa, una vez contactado, explicó el corresponsal de guerra, buscó entre la gente mercenaria con la que trabajó a los miembros duros de su grupo. El primero que se conformó era el encargado de entrenar a los futuros soldados. “Ahí están los especialistas en explosivos, en combate cuerpo a cuerpo, en artillería pesada, en inteligencia y en comunicaciones”, explicó.
Según Alonso, en esta clase de conformación irregular, generalmente un contrato con un mercenario supera los 1.000 euros, sin contar con los otros gastos (viáticos).
Desde el 16 de abril, fecha en que se desmontó al grupo armado en un operativo policial en el hotel Las Américas de Santa Cruz, la Fiscalía y la comisión especial de diputados investigaron el caso.
La investigación paralela, entre los primeros indicios, estableció que en el país hubo fuentes de financiamiento de las actividades del grupo; identificadas, en sus declaraciones testificales, por los mismos miembros de la milicia que sobrevivieron, como ‘Los tíos’; ‘La torre’; ‘El faro’ y ‘el Consejo Supremo’.
El ‘Consejo Supremo’, por ejemplo, según un chat de Rózsa, lo conformaron Rubén Costas, Branko Marinkovic, Eduardo Paz, Mauricio Roca y Germán Antelo, líderes cruceños sospechosos de aportar, supuestamente, para el movimiento autonómico cruceño, que bien pudo derivar en el soporte económico para Rózsa.
Para el periodista español, el caso de Bolivia no debe ser aislado del contexto europeo.

García asegura que opositores encubren

Respecto a las declaraciones del corresponsal de guerra Julio César Alonso, sobre los mercenarios liderados por Eduardo Rózsa y sus pretensiones de separatismo en Bolivia, el vicepresidente Álvaro García instó ayer a la oposición a dejar de encubrir los afanes secesionistas.
“Tengo que lamentar la actitud sistemática de encubrimiento de la oposición. Este es un tema de Estado y ahí la oposición se aplazó. La oposición aplicó un espíritu de secta, no le importa el país, le interesan sus intereses”, declaró.
Los datos, aseveró, son contundentes porque hubo personas que pretendían separar el país. “Lo que dijo el periodista Alonso reafirma varias cosas que están en la investigación y consolida una serie de informaciones. Lo que debería hacer la oposición es pedir que los rastros se verifiquen y no salir a descalificar, porque quienes hacen eso encubren”.

Alonso acusa a periodista de robo

El corresponsal español Julio César Alonso acusó la tarde del martes al periodista John Arandia de robarle información privada de su flash memory, cuando fue invitado a su programa televisivo; hecho que fue negado por el aludido, quien afirmó que pidió permiso para emitir los documentos privados a través de la Red Uno, reportó la Red Erbol.
“El que se ha llevado la información flash es un periodista que se llama John, yo le dejé mi memoria flash para que sacara unas imágenes, él (refiriéndose a Arandia) nada más lo contó ayer, él sólo ha hecho paste y copy, y ha metido toda la información en su ordenador”, aseveró.
Alonso expresó su indignación al señalar que su pasaporte fue exhibido sin su permiso en el programa Que no me pierda, que dirige Arandia en la Red Uno.
“Yo tenía documentos personales, ayer ha sido exhibido mi pasaporte sin ningún permiso, yo creo que siendo benévolo, fue un despiste, no voy a entrar en una lucha en la que pretenden que entre, pues cada uno tiene que asumir sus actos”, expresó.
“Antes del programa yo autoricé que muestre los videos, no le autoricé sobre los documentos. En el programa, y como no tengo nada que ocultar, me pregunta si podemos hablar de una carta de mi productora y otro documento de Word que es alterable”.
Pidió que se le devuelva el material que fue extraído de su memoria. “Me gustaría que me devolviese el contenido de la memoria flash que se ha borrado”, señaló.
Sobre esta acusación, el periodista aludido, John Arandia, aclaró que utilizó la documentación con el respectivo permiso de Julio César Alonso y aseguró que no teme algún proceso judicial y más bien convocó a los que se sienten afectados a asumir las acciones.

Tadic ratificó su denuncia

El Ministerio Público recibió ayer la declaración ampliatoria de Mario Francisco Tadic, en el marco de la querella formal contra Hugo Antonio Achá Melgar, ex presidente de Human Rights Foundation Bolivia, y Alejandro Melgar Pereyra, árbitro conciliador de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), a quienes acusa por el delito de Trata y Tráfico de Personas.
El 16 junio, la defensa de Tadic presentó la denuncia contra ambos, por considerarse engañado y explotado.
Gerardo Pardo informó ayer que la audiencia realizada en el penal de San Pedro fue para ratificar su denuncia contra esas dos personas, a quienes logró identificar como las que “manejaban el grupo mercenario de Eduardo Rózsa Flores”.
Tadic denunció también que le quitaron sus documentos y no le permitieron abandonar el país.
Desde la anterior semana, el periodista español Julio César Alonso denunció a Tadic como un mercenario que participó en la muerte del periodista Christian Wurtenberg, en la guerra croata.
Alonso aseguró que, desde Suiza, los familiares del periodista que murió torturado iniciarán una demanda contra Tadic.
La defensa del imputado por el caso terrorismo nuevamente invitó al denunciante a presentar pruebas. Anunció que analiza la posibilidad de iniciar una demanda contra el periodista, quien a su vez dijo que puede demostrar el pasado mercenario de Tadic.