Identifican a un español que fabricaba bombas para Rózsa

Listas encontradas en poder del terrorista delatan más contactos con mercenarios. La guerra civil contaría con ese refuerzo.

Alejandro Hernández Mora, un mercenario español experto en explosivos y sabotaje, fue identificado ayer por el Ministerio Público como uno de los convocados por Eduardo Rózsa Flores y el posible instructor en el preparado de explosivos y elementos combustibles, como el napalm (un combustible gelatinoso de alto poder incendiario).
“En la investigación que hemos hecho, tenemos, hay un español identificado con el nombre de Alejandro Hernández Mora, un experto en armar bombas. Esos datos están dentro del material secuestrado (al grupo mercenario)”, informó ayer el fiscal que investiga el caso terrorismo, Marcelo Soza Álvarez.
Hernández Mora perteneció a la Brigada Internacional, grupo que Rózsa comandó en la guerra en Croacia. Este ex militar español era apodado ‘Malaria’ y estaba encargado de fabricar los explosivos.
“Dentro de las anotaciones secuestradas al señor Eduardo Rózsa, tenemos el nombre de Mora, ignoramos si la persona vino al país (o mantuvo contacto con el grupo por otros medios)”, señaló el fiscal Soza, quien anunció también que solicitará al Servicio Nacional de Migración el flujo de viaje de este personaje, una vez que se reanuden las investigaciones, que están a la espera de la resolución del amparo constitucional interpuesto contra un fallo de la sala Penal Segunda de Santa Cruz.
Durante la declaración informativa de cooperación con las investigaciones, el periodista español Julio César Alonso corroboró los nombres que aparecieron entre las listas de voluntarios que Rózsa tomó en cuenta para su plan separatista.
El ‘Malaria’, según indicios del Ministerio Público y los datos aportados por investigadores del Tribunal Penal Internacional, pertenecería a la segunda línea de mercenarios que Rózsa pretendió traer al país para reforzar su estrategia de defensa armada de Santa Cruz.
“Rózsa llamaría primero a Alejandro y luego al resto; él tenía la lista y hemos comprobado que había comenzado a llamar”, señaló una fuente del Tribunal, que persigue a los mercenarios europeos. La estrategia a emplearse en Bolivia, se sospecha, era iniciar las confrontaciones en espiral con los voluntarios nacionales y el primer grupo mercenario que arribó al país. Una vez desatado el conflicto, que los expertos aseguran pudo aguantar una ofensiva de al menos una semana, llegaría al país la segunda línea de mercenarios.
Entre los documentos que el Ministerio Público encontró en el hotel Las Américas, el stand de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) y el espacio de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz figuran listas de mercenarios que Rózsa conocía a partir de su liderazgo en la guerra croata.
Así, se encuentran los nombres de Antonio Valencia, conocido francotirador ZNG Osijek PIV (las iniciales corresponden a la guardia nacional croata, la ciudad donde fueron destinados y PIV es el pelotón internacional de voluntarios).
También figuran los alias de ‘Bruno’ (conocido porque peleó con Rózsa en la Brigada Tomislav, en Bosnia) y ‘Ricardo’, quien sirvió en el HOS (Croata Hrvatske Obranbene Snage), una de las primeras fuerzas paramilitares formadas por croatas y de clara tendencia ustacha.
Según se identificó de las listas encontradas a Rózsa, hay una cantidad importante de mercenarios de esta línea y HOS se compone de los voluntarios más convencidos de la exterminación racial.
En la página de Internet USDDR Volunteers List aparece, junto a Rózsa y Mario Tadic, mucha gente mercenaria sospechosa de haberse enlistado para defender la causa autonómica cruceña.

Costas será convocado por la ley

Pese a las desatinadas protestas del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, llegará un momento determinado en que deberá comparecer ante el Ministerio Público para esclarecer su posible participación y colaboración con el grupo mercenario de Eduardo Rózsa.
Así coinciden varias autoridades encargadas de la investigación, entre los parlamentarios y las autoridades del Ministerio Público, que persiguen esclarecer el caso.
El fiscal asignado al caso, Marcelo Soza, señaló que una vez que se retomen las investigaciones, la justicia convocará a los ciudadanos que sea necesario para determinar las responsabilidades de la presencia mercenaria y los atentados terroristas perpetrados.
“Todos los ciudadanos que probablemente estén involucrados en este hecho tienen que necesariamente someterse a la ley, no solamente si es que estuviera el señor Rubén Costas (prefecto de Santa Cruz), sino también otros ciudadanos que se hubiesen visto involucrados en el hecho”, dijo y evitó comentar el lenguaje ofensivo y los calificativos del Prefecto cruceño.
“Lo que yo estoy haciendo, como Fiscal, es simplemente cumplir con la ley y debo sujetarme a ello. Cuestiones políticas que traten de hacer deslucir esta investigación están totalmente equivocadas y no las comento”, señaló.
El Ministerio Público hizo llegar ayer a la presidenta de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito de La Paz, Blanca Alarcón, una “solicitud de pronunciamiento”, en vista de que aún no se da curso a la petición de amparo constitucional contra el fallo cruceño.

Hubo terrorismo, existen imputaciones y evidencias

Ante publicaciones pagadas por la ultraderecha y declaraciones de los líderes cruceños, que ponen en tela de juicio la presencia terrorista, el fiscal responsable de las investigaciones, Marcelo Soza, aclaró que las imputaciones y las evidencias son las pruebas innegables de la presencia mercenaria y las acciones terroristas en el país.
“Nosotros nos basamos en la documentación que tenemos, en las evidencias que hemos colectado y nos tenemos que mover en ese margen, lamentablemente esa publicación (que circuló con La Razón) no refleja lo que es verídico”, explicó ayer el investigador Soza.
Para el Ministerio Público, las especulaciones, la negativa de las élites cruceña y beniana para declarar ante las comisiones de investigación son actitudes que no ayudan en el esclarecimiento. Sin embargo, tampoco atentan contra los elementos ya avanzados en la fase investigativa. “Tenemos datos fehacientes de las personas que están involucradas en el hecho, hay imputaciones, caso contrario no existirían”, agregó.
El periódico La Razón circuló el lunes con un “inserto” a su publicación, cuyo contenido se atribuye a una denominada Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarios de Bolivia y figuran como responsables dos ex dirigentes indígenas: Jaime Apaza y Víctor Hugo Velasco, contra quienes anunció un juicio el Ministerio de Gobierno, de la misma manera que considera un proceso al medio impreso por la no aclaración de “solicitada”, en el mismo documento cuestionado.
El documento, según sus creadores, es una “copia de artículos”, que en otros términos se conoce como “plagio” de notas de prensa, tomadas y alteradas, violando la propiedad intelectual y los derechos reservados. Las entidades colegiadas piden trasladar el caso al Tribunal de Imprenta.

Especial: Grupos que financiaron el terrorismo separatista pagan costosas publicaciones para desacreditar las investigaciones

Por: Adalid Cabrera Lemuz
Los mismos grupos que financiaron una escalada terrorista y separatista en Bolivia desde el departamento de Santa Cruz son los que ahora se han dado a la tarea de pagar costosas publicaciones con el objetivo de sembrar dudas en la población sobre el trabajo que cumple el Ministerio Público para desvendar en su totalidad esas actividades que pusieron en serio riesgo la paz, seguridad y unidad nacionales, manifestó el martes el viceministro de Gobierno, Marcos Farfán.

Farfán se refirió a la separata publicada el lunes en el periódico La Razón bajo el título: Caso Rosza, un mar de dudas" donde se busca deslegitimar los avances de la investigación sobre las actividades del grupo terrorista y mercenario encabezado por el boliviano-húngaro-croata Eduardo Rosza Flores.

El viceministro dijo que curiosamente esa separata sale poco después de que el periodista español y corresponsal de guerra, Julio César Alonso, haya desnudado casi completamente las actividades de Rosza Flores y su agrupación de mercenarios extranjeros. Alonso dijo que sin lugar a dudas esta agrupación vino a Bolivia a provocar una guerra civil, tal como lo hizo en otras naciones, siempre a cambio del pago de jugosas y millonarias recompensas.

Alonso señaló que grupos como los de Rosza deambulan por el mundo, venden su trabajo al mejor postor y cumplen diversas misiones en los países con el fin de sembrar el terror, la violencia, el dolor, la destrucción y el luto en las familias.

Y razones para hacer esas revelaciones no le faltaron a Alonso debido a que Rosza era un viejo conocido suyo. Conoció sus actividades cuando, cámara en mano realizaba la cobertura periodística de diversas contiendas bélicas en las que vio en primera fila la cruenta forma cómo actuaban los mercenarios en diversas guerras civiles, sea en Los Balcanes, Croacia, África y otros.

Alonso se fue el lunes de Bolivia después de permanecer casi dos semanas para investigar sobre las ramificaciones del grupo de Rosza Flores en el país y dictar un curso universitario sobre la investigación periodística en situaciones de conflicto. Alonso quería saber más sobre Rosza y su grupo, al que seguía desde hacía tiempo con el fin de acumular pruebas en su contra. El periodista español reveló que Rosza ejecutó en Los Balcanes al periodista suizo Cristhian Battemberg por el solo hecho de haber descubierto sus andanzas.

Por las revelaciones de este periodista español, los bolivianos pudieron conocer los peligros que se cernían sobre Bolivia si es que prosperaban las actividades de Rosza y sus mercenarios que operaban bajo el mandato de grupos nacionales opositores, de acuerdo con las investigaciones preliminares.

Hasta la salida de Alonso de Bolivia, los grupos logísticos que sustentaron y financiaron las actividades terroristas y mercenarias se mantuvieron lejos del foro hasta que volvieron al ataque, esta vez con una millonaria publicación de 12 páginas evaluada en unos 240.000 bolivianos con la pretensión de desmoronar uno a uno los avances de la investigación realizada por el Ministerio Público.

Según el viceministro de Gobierno, basta mirar los que firman la separata publicada en La Razón para darse cuenta de que se trató de un contraataque bien financiado para deslegitimar las investigaciones y desmentir todas las revelaciones hechas por el corresponsal de guerra.

La separata fue presentada como una producción del medio que la publicó bajo la salida de "Especial", debido a que no aclara puntualmente que se trata de una solicitada o separata pagada. Solamente en un espacio reducido de su última página aparece: "Esta es una publicación de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarios de Bolivia (CONNIOB), una organización apócrifa desconocida por el sindicalismo y los movimientos sociales del país.

Farfán señaló que al lado de la identificación aparecen las firmas de Jaime Apaza Chuquimia y Víctor Hugo Velasco Iporre, quienes se identifican como responsables de CONNIOB.

Apaza es un indígena desclasado que marchó junto a las turbas racistas que agredieron a los campesinos de Chuquisaca el pasado 24 de mayo de 2008, a los que maltrataron y humillaron, al punto de hacerlos desnudar e hincar en plena plaza 25 de mayo para pedir perdón, no se sabe de qué.

Los campesinos provenientes de diversas provincias de Chuquisaca se encontraban en Sucre para participar de los actos de celebración de la efeméride de Chuquisaca.

Apaza también fue visto en los cabildos autonómicos realizados en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija y en actividades junto a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que perpetró acciones violentas contra pobladores de rasgos altiplánicos tras el referéndum revocatorio de agosto del año pasado, que fue la señal del inicio de un golpe cívico-prefectural que tenía el objetivo de desestabilizar no solamente al gobierno del presidente Evo Morales, sino a la propia democracia.

En esa consulta, que fue planteada por los prefectos que se oponen al gobierno, la población dio su amplio respaldo al presidente Evo Morales y no a los prefectos de La Paz y Cochabamba, José Luis Paredes y Manfred Reyes Villa, lo que significó una derrota contra los aprestos de la oposición.

Finalmente el golpe cívico-prefectural fracasó pero sus responsables en Pando dejaron tras de sí más de una decena de campesinos masacrados cuando se trasladaban a participar en una concentración popular. El Ministerio Público sustenta acciones para el procesamiento del ex prefecto de ese departamento, Leopoldo Fernández Ferreira, y un grupo de paramilitares que estaban a su servicio.

Para Farfán, las organizaciones que financiaron estos aprestos subversivos y los que costearon el viaje, hospedaje, alimentación, armamento y organización del grupo de Rosza parecen haber vuelto al escenario con la publicación de la separata en la que descalifican las investigaciones realizadas al respecto.

Agregó que el contenido de la separata muestra que técnicamente fue elaborada por periodistas profesionales muy bien rentados porque intentaron manipular con habilidad los acontecimientos para mostrar que las investigaciones del Ministerio Público no tendrían ni pies ni cabeza.

"Lo que se busca con esa publicación es crear un colchón periodístico para justificar acciones judiciales de prevaricato contra los investigadores que llevan adelante el caso", señaló.

En la tapa de la separata los autores colocaron un epígrafe que desnuda sus verdaderas intenciones. Señala: "En casi cuatro meses, la muerte de tres hombres acusados por el gobierno de terroristas no termina de aclararse. Hay contradicciones y las pruebas se esfuman. El caso está paralizado por el conflicto de competencias. Un abogado planteará una demanda internacional".

Ese solo epígrafe no soportaría un simple análisis de contenido. Para empezar se habla de "muerte de tres hombres acusados por el Gobierno de terroristas…..", cuando las pruebas acumuladas por el Ministerio Público hasta hoy y por las declaraciones tomadas por la Comisión Parlamentaria que investiga el caso muestra en su totalidad lo que significa Rosza y su grupo de mercenarios, lo que fue corroborado por las revelaciones de Alonso.

Igualmente induce a los lectores a pensar que el caso no avanza y que "hay contradicciones y las pruebas se esfuman". Está claro que el propósito de deslegitimar el trabajo de la Fiscalía y de la comisión parlamentaria.

Otro de los conceptos manejados en la publicación en su tapa anota "El caso está paralizado por el conflicto de competencias. Un abogado planteará una demanda internacional", al parecer esos planteamientos son para sentar las bases de una recusación a los investigadores y los jueces que vayan a tratar el asunto y, más aún, advertir con el inicio de una demanda internacional.

El tratamiento informativo dado al caso en la separata es coincidente con la que impulsan otros medios de comunicación privado, algunos de cuyos propietarios son investigados por la adjudicación ilegal de extensiones de tierras en las zonas del oriente del país, que se refieren a los mercenarios como "supuestos terroristas"

En el fondo, al referirse a los tres mercenarios muertos en la confrontación con la Policía el pasado 16 de abril en el hotel Las Américas de Santa Cruz , la publicación intenta darle un contenido humano para introducir en forma subliminal al lector que los identifique con tres hombres que fueron ejecutados por las fuerzas del orden, un discurso que ha sido manejado con habilidad por autoridades políticas y parlamentarias del departamento de Santa Cruz, entre ellos el prefecto de ese departamento, Rubén Costas, y el presidente del Senado, Oscar Ortiz.

Desde la segunda página, el lector menos avisado podría ver las intenciones de la separata. Abre la nota con "La pregunta sigue, cómo llegó Rosza?: El desarrollo señala que unos piensan que fue financiado por empresarios de Santa Cruz", pero siembra la cizaña al mencionar que otros piensan que fue el propio gobierno que lo contrató con el fin de tener un pretexto para atacar a los opositores y autonomistas.

En esa misma página da cobertura a las declaraciones de los dos integrantes del grupo de Rosza que no murieron en el enfrentamiento y que están presos en la cárcel en un espacio en el que reivindican su inocencia. La publicación hasta cita una consideración de la enciclopedia Wilkipedia que califica al caso como un "confuso asunto".

En las páginas subsiguientes la separata incluye una información manipulada sobre lo que habría sido el operativo mostrando nuevamente a los mercenarios como víctimas en base a supuestas declaraciones de testigos y coloca con realce la presencia fortuita de un grupo de tripulantes militares de una aeronave venezolana en el hotel y de una autoridad del Ministerio de Gobierno, además de una supuesta auditoria técnica de un Consejo de Defensa de los Derechos Humanos del Comité Pro Santa Cruz que subraya que la Policía habría dejado morir a los terroristas.

En la pagina central, la publicación muestra sus verdaderas intenciones al subrayar "La grandes pruebas se caen poco a poco y para descalificar al periodista español Julio César Alonso y a Ignacio Villa Vargas calificándolos como "ex convictos".

Otro de los blancos de la publicación es la Comisión Parlamentaria que investiga el caso con la toma de declaraciones a varias personas en Santa Cruz y La Paz.

En sus páginas finales el impreso dedica espacios al fallo judicial emitido por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz que resta jurisdicción y competencia al fiscal Marcelo Soza para investigar el caso o a tomar declaraciones a los presuntos imputados. Incluye una información en la que subraya que el abogado de Ellot Toasó, uno de los cómplices de Rosza detenido, demandó al presidente boliviano ante las Naciones Unidas

De pies a cabeza, la publicación de 12 páginas parece ser un legajo de la defensa de los imputados antes que un trabajo periodístico que debería mostrar los hechos sin riesgo de ser manipulados y sin tratar de inducir a los lectores a hacer suyos los discursos esgrimidos por los investigados en este caso.

El viceministro de Gobierno subrayó que otro de los objetivos de la separata y de sus autores intelectuales y materiales es distraer la investigación y sembrar dudas en la población sobre su desarrollo y hasta incurre en una apología del delito al buscar la liberación de culpas de los sospechosos de haber financiado el montaje de una conspiración contra el gobierno que habría incluido hasta un magnicidio con la ejecución de las principales autoridades.

El Ministerio de Gobierno ha salido al frente a esa publicación y el martes publicó una solicitada de una página, ni el 10 por ciento del espacio de la separata, en la que hizo conocer sus cuestionamientos a la publicación, mucho más si intentó ingresar de contrabando en la mente de los lectores del mencionado periódico sin identificar su origen.

La solicitada del Ministerio de Gobierno enfatizó que las autoridades aportarán en forma permanente con pruebas al Ministerio Público con el fin de contribuir a la investigación sobre terrorismo y separatismo para que la justicia sancione a las personas que financiaron a los mercenarios implicados con estos hechos y sus financiadores, señaló el martes un informe del Ministerio de Gobierno.

El informe subraya que la publicación se realiza en un momento en el que la investigación confirma que el país "fue expuesto al riesgo de una guerra civil, propiciada por grupos de mercenarios terroristas internacionales que fueron traídos al país para generar la división de nuestro territorio".

El comunicado del Ministerio de Gobierno alertó a la población "a no dejarse engañar por estos intentos que sólo pretenden evitar que la investigación avance y justificar la decisión de jueces prevaricadores que responden a un grupo de personas que, valiéndose de sus recursos económicos, no tuvieron ningún escrúpulo en contratar a estos mercenarios para mantener sus privilegios dentro del país".

En España investigan a quiénes contrataron al grupo de Eduardo Rózsa

Revelaciones del periodista Alonso aportaron en la investigación de la Fiscalía y de la comisión de diputados.

“Dentro de un tiempo creo que vais a tener bastante información, no sólo de Bolivia, sino de España”, dijo ayer el periodista español Julio César Alonso, que investigó por 14 años la vida y las acciones del mercenario boliviano Eduardo Rózsa Flores.
El investigador del Tribunal Penal Internacional, con sede en Europa, explicó que en España ya se investigan los nexos que importaron al grupo mercenario a Bolivia.
Alonso señaló que la apertura de una veta investigativa en España responde a la preocupación de la presencia mercenaria y el hecho de que su país haya servido de tránsito para que grupos de mercenarios, como el de Eduardo Rózsa, vengan a fabricar una guerra civil. “Yo quiero que se abra una investigación en España porque no quiero que en mi país hagan mercenarios. Lo que pasó en Bolivia nació en Europa, hay que investigarlo desde Europa”, señaló.
Desde la anterior semana, el periodista español relató en varios medios su experiencia y hallazgos de la investigación que siguió en el caso del mercenario Eduardo Rózsa Flores, y los grupos húngaros y croatas radicales de ultraderecha. Luego de sus revelaciones, partidos políticos de oposición y sectores de ultraderecha salieron al paso con una lluvia de acusaciones para descalificar al periodista y las evidencias del pasado mercenario de Rózsa.
“Yo no voy a entrar en asuntos internos de Bolivia; pero sí me tomo esto como un problema interno de mi país y de mi comunidad”, dijo.
Ayer por la mañana, Alonso visitó al fiscal Marcelo Soza y a su equipo de investigadores asignados al caso terrorismo. En horas de la tarde tuvo una sesión con los miembros de la comisión especial de diputados, que realiza una investigación paralela de la presencia, las acciones y los vínculos del grupo que lideró Rózsa. En ambas oportunidades brindó, voluntariamente, informes sobre sus conocimientos de la persona de Rózsa Flores y Mario Francisco Tadic, principalmente; además de proporcionar elementos nuevos, en el marco de establecer los verdaderos vínculos del separatismo.
El martes explicó que el contacto con Rózsa se realizó en Hungría, a través de Gylla Atilla, un reclutador de mercenarios que supuestamente fue a quien acudieron (los bolivianos de ultraderecha) para pedir ayuda armada con el propósito de independizar Santa Cruz.
César Navarro, presidente de la comisión multipartidaria, a la finalización de la entrevista con Alonso señaló que el aporte del periodista fue relevante, ya que pudo confirmar la presencia de extranjeros mercenarios que eran parte del grupo de Eduardo Rózsa Flores.
“Él nos ha informado que el señor Mario Tadic es una persona vinculada a Rózsa desde la década de los 90 y que estaría involucrado a la muerte de un periodista suizo en España, Christian Wurtenberg”, informó.
De la misma manera, confirmó los datos sobre el mercenario Tibor Revesz, que sería el fundador de la logia Szekely y tiene formación paramilitar. El mercenario también habría sido contactado por Gylla Atilla para establecer la estructura terrorista.

Comisión pide datos del mercenario
César Navarro, presidente de la comisión multipartidaria que investiga el tema terrorismo, informó que el periodista Julio César Alonso brindó una declaración altamente importante para las investigaciones.
“Hemos comprometido que hasta la primera quincena del mes de agosto, el señor Alonso nos enviará documentación a través de la Embajada boliviana (en España, sobre Eduardo Rózsa Flores)”, señaló.
La documentación será analizada por los diputados a cargo de la investigación. Sin embargo, explicó, se prevé un desfase porque la comisión multipartidaria espera presentar su informe definitivo hasta finales del mes de julio.
“Consideramos que la información que (ahora) ha brindado nos da importantes detalles; pero también nos confirma hipótesis. Corroboramos que Rózsa fue contratado en el Congo y participó en los Balcanes porque quiso”, explicó.

Con permiso para indagar terrorismo
El periodista español Julio César Alonso, investigador del Tribunal Penal Internacional, informó ayer a la comisión especial que investiga el tema terrorismo que está autorizado para investigar el caso de Eduardo Rózsa en el país. Así lo confirmó el presidente de la Comisión, César Navarro.
“Él solicitó autorización a la Embajada de Bolivia para realizar sus trabajos periodísticos en nuestro país, también pidió que se le pueda brindar la información para que él pueda tomar declaraciones a varias personas en nuestro país para hacer una nota periodística”, informó Navarro a la conclusión de la reunión con el periodista que investigó a Rózsa por más de 15 años.
El investigador se encuentra en el país desde el 5 de julio y prevé regresar a España el 2 de agosto, según informó en la sesión conformada por diputados de oficialismo y oposición. Alonso se comprometió a autoavalarse ante la Embajada de Bolivia en España, con documentación que acredite su experiencia laboral y profesional en guerra. Pese a que su presencia fue voluntaria y como parte de una invitación posterior, Alonso no se hizo problemas para responder sobre temas relacionados a su intimidad, como su reclusión por un caso de narcotráfico y contestar acerca de los detalles del pago de su viaje al país.
Como resumen de su aporte informativo en la comisión parlamentaria, según Navarro, se conocieron datos importantes, como la forma de organización y articulación del grupo de Eduardo Rózsa Flores y muchos puntos coincidentes con hipótesis de las investigaciones de la comisión.
Por ejemplo, dijo Navarro, se ratificó que el mercenario Tibor Revezs era parte de una logia y que Rózsa tuvo otras conexiones mercenarias.

Alonso explicó detención
Julio César Alonso, el periodista español que hizo importantes aportes para conocer quién fue realmente el mercenario Eduardo Rózsa Flores, explicó ayer que fue detenido en Argentina por un tema de narcotráfico.
“Sí, yo estuve condenado hace años, tendría que haber salido de la cárcel, si no me equivoco, hace dos (años), estuve un año. En España los delitos de narcotráfico se cumplen íntegramente. Le voy a explicar, incluso hemos eliminado cualquier posibilidad de facturar equipaje. Yo investigué a la Policía bonaerense, está el informe del 94, llegué a Madrid con un equipaje que no era mío con 7 kilos de cocaína al 45% y fui condenado a 11 años.
Al año se reabrió el caso, que es lo que le ha faltado a esta gente investigar, y al reabrirse el caso se me puso en libertad y se archivó. En aquella época, incluso cinco mil periodistas pidieron mi indulto, yo lo rechacé porque el indulto en España suponía reconocer un delito”, relató el investigador, que fue más de 15 años corresponsal de guerra y convivió, por su trabajo, con gente mercenaria como Eduardo Rózsa Flores y Mario Francisco Tadic, a quien reconoce como autor de la muerte de dos periodistas, entre ellos la de su camarada Christian Wurtenberg.
El periodista también anunció ayer que no hablará más con los medios de comunicación porque lo que tenía que decir ya lo dijo. Además explicó que nadie pagó su viaje y sobre otras acusaciones prefirió no tomarlas en cuenta.

Contrataron a Rózsa en Hungría, a través del mercenario Atilla

Cada miliciano habría recibido una oferta que supera los 1.000 euros mensuales, sin contar los viáticos en el país.
Gylla Atilla es un mercenario, un conocido mercenario, anticomunista y en Hungría habría sido el nexo para contactar a los emisarios bolivianos con el mercenario Eduardo Rózsa Flores. Los términos del contrato para “independizar Santa Cruz” se habrían suscrito en Hungría.
Según datos indagados por el periodista español Julio César Alonso, organizaciones ultraderechistas con objetivos de limpieza étnica contactaron a Rózsa, en Hungría, a través del mercenario Atilla, quien es reconocido como líder de traficar mercenarios a la guerra de Croacia.
“A través de ese hombre se empiezan a formar los primeros contactos con Eduardo Rózsa Flores, a quien le facilita (Atilla) un guardaespaldas (Michael Martion Dwyer) y además le habilita contactos para que organice su propio grupo de mercenarios para este trabajo”, dijo.
En Hungría y en Bosnia, el periodista corresponsal de guerra aseguró que existen personas que han iniciado una investigación para identificar cuáles fueron los contactos.
Alonso, en una entrevista el fin de semana, señaló que considera que entre los vínculos que establecieron el contacto Hungría-Bolivia se debe tener en cuenta a las organizaciones de ultraderecha, de carácter nacional socialista y racista.
“Habrá que buscar algo parecido aquí, entre los sectores afines a estas ideologías. Ellos tienen reuniones a nivel de la internacional nacional socialista; habrá que investigar qué gente de Bolivia participa en esas reuniones y así empezaremos a descubrir cuáles son los nexos que trajeron a Rózsa”, señaló.
Rózsa, una vez contactado, explicó el corresponsal de guerra, buscó entre la gente mercenaria con la que trabajó a los miembros duros de su grupo. El primero que se conformó era el encargado de entrenar a los futuros soldados. “Ahí están los especialistas en explosivos, en combate cuerpo a cuerpo, en artillería pesada, en inteligencia y en comunicaciones”, explicó.
Según Alonso, en esta clase de conformación irregular, generalmente un contrato con un mercenario supera los 1.000 euros, sin contar con los otros gastos (viáticos).
Desde el 16 de abril, fecha en que se desmontó al grupo armado en un operativo policial en el hotel Las Américas de Santa Cruz, la Fiscalía y la comisión especial de diputados investigaron el caso.
La investigación paralela, entre los primeros indicios, estableció que en el país hubo fuentes de financiamiento de las actividades del grupo; identificadas, en sus declaraciones testificales, por los mismos miembros de la milicia que sobrevivieron, como ‘Los tíos’; ‘La torre’; ‘El faro’ y ‘el Consejo Supremo’.
El ‘Consejo Supremo’, por ejemplo, según un chat de Rózsa, lo conformaron Rubén Costas, Branko Marinkovic, Eduardo Paz, Mauricio Roca y Germán Antelo, líderes cruceños sospechosos de aportar, supuestamente, para el movimiento autonómico cruceño, que bien pudo derivar en el soporte económico para Rózsa.
Para el periodista español, el caso de Bolivia no debe ser aislado del contexto europeo.

García asegura que opositores encubren

Respecto a las declaraciones del corresponsal de guerra Julio César Alonso, sobre los mercenarios liderados por Eduardo Rózsa y sus pretensiones de separatismo en Bolivia, el vicepresidente Álvaro García instó ayer a la oposición a dejar de encubrir los afanes secesionistas.
“Tengo que lamentar la actitud sistemática de encubrimiento de la oposición. Este es un tema de Estado y ahí la oposición se aplazó. La oposición aplicó un espíritu de secta, no le importa el país, le interesan sus intereses”, declaró.
Los datos, aseveró, son contundentes porque hubo personas que pretendían separar el país. “Lo que dijo el periodista Alonso reafirma varias cosas que están en la investigación y consolida una serie de informaciones. Lo que debería hacer la oposición es pedir que los rastros se verifiquen y no salir a descalificar, porque quienes hacen eso encubren”.

Alonso acusa a periodista de robo

El corresponsal español Julio César Alonso acusó la tarde del martes al periodista John Arandia de robarle información privada de su flash memory, cuando fue invitado a su programa televisivo; hecho que fue negado por el aludido, quien afirmó que pidió permiso para emitir los documentos privados a través de la Red Uno, reportó la Red Erbol.
“El que se ha llevado la información flash es un periodista que se llama John, yo le dejé mi memoria flash para que sacara unas imágenes, él (refiriéndose a Arandia) nada más lo contó ayer, él sólo ha hecho paste y copy, y ha metido toda la información en su ordenador”, aseveró.
Alonso expresó su indignación al señalar que su pasaporte fue exhibido sin su permiso en el programa Que no me pierda, que dirige Arandia en la Red Uno.
“Yo tenía documentos personales, ayer ha sido exhibido mi pasaporte sin ningún permiso, yo creo que siendo benévolo, fue un despiste, no voy a entrar en una lucha en la que pretenden que entre, pues cada uno tiene que asumir sus actos”, expresó.
“Antes del programa yo autoricé que muestre los videos, no le autoricé sobre los documentos. En el programa, y como no tengo nada que ocultar, me pregunta si podemos hablar de una carta de mi productora y otro documento de Word que es alterable”.
Pidió que se le devuelva el material que fue extraído de su memoria. “Me gustaría que me devolviese el contenido de la memoria flash que se ha borrado”, señaló.
Sobre esta acusación, el periodista aludido, John Arandia, aclaró que utilizó la documentación con el respectivo permiso de Julio César Alonso y aseguró que no teme algún proceso judicial y más bien convocó a los que se sienten afectados a asumir las acciones.

Tadic ratificó su denuncia

El Ministerio Público recibió ayer la declaración ampliatoria de Mario Francisco Tadic, en el marco de la querella formal contra Hugo Antonio Achá Melgar, ex presidente de Human Rights Foundation Bolivia, y Alejandro Melgar Pereyra, árbitro conciliador de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), a quienes acusa por el delito de Trata y Tráfico de Personas.
El 16 junio, la defensa de Tadic presentó la denuncia contra ambos, por considerarse engañado y explotado.
Gerardo Pardo informó ayer que la audiencia realizada en el penal de San Pedro fue para ratificar su denuncia contra esas dos personas, a quienes logró identificar como las que “manejaban el grupo mercenario de Eduardo Rózsa Flores”.
Tadic denunció también que le quitaron sus documentos y no le permitieron abandonar el país.
Desde la anterior semana, el periodista español Julio César Alonso denunció a Tadic como un mercenario que participó en la muerte del periodista Christian Wurtenberg, en la guerra croata.
Alonso aseguró que, desde Suiza, los familiares del periodista que murió torturado iniciarán una demanda contra Tadic.
La defensa del imputado por el caso terrorismo nuevamente invitó al denunciante a presentar pruebas. Anunció que analiza la posibilidad de iniciar una demanda contra el periodista, quien a su vez dijo que puede demostrar el pasado mercenario de Tadic.

Fiscalía viajará a Hungría tras mercenarios de Rózsa

Con documentación en mano, el equipo de investigadores solicitará al consulado húngaro, en Europa, allanar la casa del mercenario.

Luego de las reveladoras declaraciones del corresponsal de guerra Julio César Alonso sobre el mercenario Eduardo Rózsa y el grupo que reclutó para su hazaña terrorista en el país, el Ministerio Público decidió viajar a Hungría en busca de los mercenarios fugitivos.
Según el periodista español, “alguien” de Bolivia fue a Hungría para conectarse con el coronel Gyla Atilla, un mercenario anticomunista, a quien le solicitan “una guerrilla blanca, racista, cristiana y anticomunista”. Atilla es el contacto con Rózsa y le pide que busque a sus especialistas para formar una brigada. “Atilla le proporciona al irlandés Michael Dwyer como guardaespaldas y también está Arpad Magyarosi como el francotirador; a partir de ello se conforma el grupo, con gente mercenaria de Hungría”.
Alonso considera que por lo menos el primer grupo de mercenarios sobrepasó la veintena, de los cuales, solamente algunos han sido identificados por el Ministerio Público como prófugos, es el caso de Gabor Dudog, Daniel Gaspar, Ivan Pistovack, Tibor Revesz y Tamas Lajos Naguiji, entre otros.
El Ministerio Público anunció su viaje a Hungría para colectar información de los vínculos, contactos y fuentes de financiamiento del grupo terrorista de Eduardo Rózsa Flores.
“Tenemos que viajar con el tema de llevar toda la información, toda la documentación, y asimismo la posibilidad de contactarnos con algunas personas y recabar informes que probablemente sean importantes en cuanto al financiamiento y otras situaciones”, señaló.
Soza reiteró que el Ministerio Público está convencido de que hubo financiamiento interno y, es más, anunció que está a punto de confirmar esas sospechas con base en nuevos informes sobre el caso.
“Algunas personas, ciudadanos húngaros, están prófugos y fuera del país; por consiguiente, vamos a alistar toda la documentación para que mediante la Embajada de Hungría en Europa se inicien las acciones correspondientes contra ellos”, señaló el fiscal que investiga el caso.
La autoridad anunció que acudirá al Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar el traslado y las acciones que se puedan seguir, considerando que existen tratados internacionales contra el terrorismo.
“Como un delito gravísimo, rechazado por las Naciones Unidas, es obligación del Estado boliviano y de todos los Estados que probablemente se vean involucrados en sus ciudadanos, colaborar y cooperar con la acción de la justicia”, señaló.
Una de las sugerencias del periodista español al Ministerio Público fue solicitar el allanamiento a la casa de Rózsa en Hungría, aspecto que no quedó descartado. Sin embargo, el fiscal reconoce que la petición se la hará en el marco diplomático correspondiente.
“Será de acuerdo a las autoridades de ese país, seguramente una vez iniciada la acción correspondiente allá en Hungría, será el cónsul, a través de las instancias correspondientes en ese país, quienes lo soliciten”, señaló y comentó que el trámite será agilizado en cuanto se resuelva el tema de competencia.

Alonso y Soza, reunidos
El periodista español que investigó al mercenario Eduardo Rózsa por más de 14 años, Julio César Alonso, y el fiscal director de la investigación el caso terrorismo, Marcelo Soza, sostuvieron ayer una reunión en la que el periodista facilitó información para coadyuvar las investigaciones.
Soza señaló que durante la reunión, con la participación del equipo de investigación, el visitante ayudó a descifrar algunos códigos y nombres de mercenarios que mantuvieron contacto con Eduardo Rózsa vía mail.
“Nos ha dado datos importantes que nosotros no podíamos descifrar, como nombres y vínculos”, señaló.
Alonso, una vez que el Ministerio Público solucione el tema de la inhibitoria y la paralización de investigaciones, podría ser citado oficialmente por la Fiscalía.
Entre las personas identificadas por el periodista español, se conoció la posible participación de ‘Alejandro’, un mercenario español, experto en explosivos.
“Probablemente hemos dado con el especialista en bombas, está anotado su nombre en la libreta de Rózsa”, reveló. Se conoció que aún habrá más reuniones con el fiscal Soza.

Rózsa: 25 mil muertos para forzar mediación de países

El periodista español Julio César Alonso, quien investigó al mercenario boliviano Eduardo Rózsa, sostiene que la guerra civil que planificaba éste debía ocasionar la muerte de 25 mil personas para forzar la intervención de la comunidad internacional. Relato que ofreció en forma primicial:

“Cientos de bosnios vieron cómo Rózsa y sus hombres asesinaban, robaban y quemaban en los barrios musulmanes.
Tras la paz en Croacia y Bosnia, y siempre bajo la coordinación del coronel Gyla, Rózsa viaja con un grupo nuevo hasta Angola para apoyar a la UNITA de Jonás Savimbi, donde desempeña el papel de enlace con la prensa internacional mientras su grupo se dedica al sabotaje en Cabinda. La UNITA es derrotada, Savimbi muere y Rózsa huye a Hungría con sus mercenarios.
Reaparece en Kosovo, ya convertido al Islam y trabajando para una sospechosa ONG musulmana financiada en parte por USAID. Pese a estar ubicado en Macedonia, su afán de protagonismo le hace aparecer en la frontera de Morina. Allí comenta a periodistas croatas que va a “agitar a los albaneses que por cobardía no pelean”.

Korenica es uno de sus objetivos, donde asesina a cinco policías serbios desarmados. Más tarde sus hombres atacan tanto a kosovares como a serbios en Subogrlo, pero encuentra resistencia y debe retirarse. Ahí pierde, para evitar su identificación, a dos hombres a los que pese a estar heridos Rózsa les hace explotar con granadas de mano. Sus tumbas permanecen olvidadas en la carretera de entrada al pueblo. Los vecinos identifican a Rosza y a Thomas Claim, un mercenario australiano.
Posteriormente, Sudán recibe el ofrecimiento de Rózsa, quien, con un nuevo grupo se postula para trabajar en Darfur, donde propone al Gobierno sudanés hostigar a las ONG y limpiar la etnia Fur en la zona de Mukjar.
Las últimas noticias que tuvimos de él fueron a través de su blog, pero nadie conocía su paradero. Tan sólo un proyecto nos daba pistas de sus planes: si Chico fue su primera parte de autobiografía, el nuevo proyecto llamado La Guerra Sucia (The Filthy War) le consagraría en el mundo del celuloide.
En Hungría consulta con varios técnicos de cine una idea macabra: rodar (grabar) una película real de cómo se puede provocar una guerra. Las imágenes serían reales y los muertos y torturados también. Pero nadie sabía dónde habría de realizarse.
Regresando de la República Democrática del Congo, la noticia de su muerte nos llegó por Internet. Bolivia era el país elegido para su, literalmente, último trabajo. Allí pensaba organizar su guerra, la guerra que al menos duraría los meses suficientes para finalizar su película, sus masacres, sus torturas y su nuevo reino, “limpio de indios, negros, comunistas y demás desperdicios…”.
Sin embargo, no alcanzábamos a comprender los titulares de la prensa boliviana. Parecía que nadie quería creer que esos cinco hombres, dos mayores y tres jóvenes, pudieran ser mercenarios.
Pero nadie buscó documentación sobre los soldados de fortuna. Nadie pensó que la mejor edad de un soldado está entre los 19 y 30 años. Que la presencia de esos cinco dibujaba perfectamente parte de la estructura de una célula mercenaria. Nadie miró hacia atrás y comparó el grupo con el inicio de Rózsa Flores en Croacia, ni la coincidencia del trabajo que realizarían a modo de copia del efectuado en otros países.

Rózsa Flores pensaba calcar su particular “Guerra Sucia” en Bolivia, país al que siempre despreció en las conversaciones privadas y al que se refería, entre otras lindezas, como “cuna de indios analfabetos”, “nación de bobos” o “cubo de basura”,.
Sí, ya sé, en sus entrevistas nunca lo dijo, era un maestro en cultivar su imagen. Pero tal vez dentro de unos meses sepamos algo más.
Dos amigos de Rózsa, uno en Budapest y otro en Beli Monaster (Croacia), recibieron en el mes de marzo un video de Rózsa en el que, según sus receptores, el mercenario se sentía traicionado por los que le habían contratado. Decidió grabarlo para que, en caso de que lo eliminasen, se supiese cómo y quién había contratado sus servicios para organizar algo desconocido en Bolivia: una guerra civil en la que militares, policías e indígenas se convertirían en víctimas protagonistas de su última película.
Será en septiembre u octubre cuando este documento salga a la luz. Entonces sabremos la verdad de Rózsa Flores, un experto mercenario que formaba grupos mixtos de veteranos y jóvenes para orgías de sangre. Hoy Colton Perry en EEUU podría aportar más datos sobre el finado; el norteamericano fue herido en una pierna y en la espalda mientras cubría la retirada del PIV en Zupanja. Muchos apuntan a la pistola UZI de Rózsa Flores como la autora de esos disparos.

Los mercenarios llegaron a Bolivia. Estaban preparando no una defensa, sino una guerra que debía durar, para ser rentable económica y políticamente, más de un mes. El cálculo de muertos para este fin era, en la primera semana, de 25.000. Con este planteamiento sólo una intervención internacional, siguiendo el modelo de Croacia y Kosovo, la detendría.
Llegarían voluntarios argentinos, algunos de ellos ya veteranos “voluntarios” de las guerras balcánicas. También se esperaban paraguayos, colombianos y algunos elementos uruguayos. ¿O todavía se esperan?
Rózsa Flores ha muerto, pero su gente no. ¿Siguen en Bolivia? ¿Volverán? No me alegro de la muerte aunque sea natural, pero al menos a mí me evita volver a grabar niños reventados, mujeres agarrándose sus vientres y sangre, mucha sangre que, sea de quien sea, es roja y al contacto de la pólvora tiene olor a fritanga”.

Canciller revela que Zelaya va hacia Honduras y pide decisiones a EEUU

Roda advierte que este sábado concluye el plazo para que los golpistas depongan armas. Pide a Washington dejar de apoyar a Micheletti.

El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, retorna a su país donde pretende reasumir el mando, en momentos en que el plazo que se le dio al dictador, Roberto Micheletti, –de deponer armas– fenece este sábado 18 de julio, informó ayer la canciller hondureña, Patricia Roda, quien pidió a Estados Unidos sancionar a los golpistas y dejar de financiarlos.
“Nuestro Presidente va allá a instalarse como corresponde y como el pueblo hondureño le dio en mandato, lo eligió para instalar el gobierno y trabajar, justamente va allá en camino. De hecho, nuestro Presidente nunca estuvo lejos de Honduras y ha dirigido personalmente la resistencia popular”, reveló la diplomática al ingresar al hotel Radisson, donde el presidente Evo Morales ofreció un almuerzo a mandatarios y autoridades que arribaron a La Paz para los festejos del Bicentenario de la Gesta Libertaria paceña.
Consultada por Cambio sobre cuándo concluye el plazo para que los golpistas depongan armas y permitan el retorno efectivo de Zelaya a la Presidencia, respondió: “¿El plazo?.. ya estamos en Honduras, ya se acabó el plazo, no existe el plazo, el único plazo que estamos agotando hasta el día sábado es que los golpistas se separen de la silla y rindan cuentas por sus crímenes, pero el retorno a Honduras es permanente...porque (los golpistas) no pueden controlar cada centímetro”.
“Nuestro Presidente ahorita mismo, justamente se conduce hacia Honduras para montar el Gobierno constitucional de la República, el único que reconoce el mundo entero”, dijo.
Roda denunció posteriormente, en conferencia de prensa, que cuenta con información del involucramiento directo de algunos sectores de la extrema derecha norteamericana con el golpe de Estado perpetrado en su país el 28 de junio. “Quienes se han instalado en la casa presidencial se han convertido en asesores de los golpistas y están brindando apoyo mediático, que ha contribuido en el aislamiento a nuestros pueblos”.

QUE EEUU DÉ SANCIONES
La Canciller hondureña señaló que EEUU aún no respondió con contundencia frente al régimen de facto de Micheletti, por lo que demandó sanciones inmediatas a los golpistas.
“Hemos tenido respuestas de los países emergentes que son fuertes, que en muchos sentidos el Gobierno de EEUU depende de sus economías como de la brasileña, argentina, la mexicana, para que nos ayuden a que EEUU comience a sancionar al régimen golpista, para que se suspenda la ayuda, que se cierre la base militar compartida a través de la cual las Fuerzas Armadas de Honduras toman oxígeno”, demandó.
Exhortó también al país del norte a suspender los desembolsos a favor del régimen de facto de Micheletti, así como el acceso a las reservas internacionales de Honduras.

CONDENA INTERNACIONAL
La condena internacional que mereció el golpe de Estado en Honduras, aseguró Patricia Roda, logró aislar parcialmente al régimen golpista, “pero consideramos que es importante que el resto de la comunidad internacional, sobre todo los países más potentes del continente, aporten a decir aquellas decisiones que podrían terminar en el corto plazo con esta pesadilla para el pueblo hondureño y para el continente”.
“La OEA por fin se ha convertido en un organismo de 34 opiniones y 34 voluntades que se movilizan en torno a determinadas decisiones”, destacó al apuntar que en 47 años de existencia este organismo no hizo nada en contra de las dictaduras. También destacó el rol del ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas) y de otros entes.

Micheletti violó espacio aéreo de dos países
Patricia Roda, canciller de Honduras, durante su visita a La Paz, denunció ayer que el régimen de facto de su país, liderado por Roberto Micheletti, violó el espacio aéreo de Nicaragua y Costa Rica, el día que ejecutó el secuestro del presidente Manuel Zelaya.
“Esa terrible herencia dio por resultado que a nuestro Presidente se le secuestrara y expulsara. Pero estos señores golpistas que tienen sus testaferros en las organizaciones políticas tradicionales como el que está el Presidente del congreso nacional...una especie de caricatura de presidentito violó el espacio de Nicaragua y Costa Rica”, aseveró la diplomática.
Roda señaló que el día que fue secuestrado y sacado del país Zelaya por fuerzas militares, el 28 de junio, “lo transportaban a Costa Rica y ni siquiera se dignaron a pedir permiso para transitar por el espacio aéreo”.
Con ese hecho, dijo, los golpistas trataron de evitar cualquier “maniobra para conducir una propuesta inmediata que hemos encabezado”.
El día del secuestro de Zelaya, también las oficinas y casas diplomáticas y de las autoridades del Gobierno hondureño se encontraban rodeadas de militares.
Patricia Roda arribó al país para participar de los festejos por el Bicentenario del Primer Grito Libertario de La Paz. En su estadía se reunió con autoridades de Gobierno, así como con los presidentes de Bolivia, Paraguay y Ecuador.

Golpe tiene escudo mediático
La canciller hondureña, Patricia Roda, denunció ayer que en su país se impuso una “militancia” al régimen de facto de Roberto Micheletti por parte de los monopolios mediáticos y se acalló aquellos que van en contra de él.
“En forma permanente se dio hostigamientos a los medios de comunicación independientes, aquellos que no son socios o no trabajan para los monopolios mediáticos que han sostenido con militancia absoluta la posibilidad de legitimar y consolidar el golpe de estado”, afirmó la diplomática.
Denunció que varios medios de comunicación fueron cerrados por no estar a favor de la dictadura y otros fueron expulsados como Telesur, y pidió en conferencia de prensa no llamar “gobierno” al régimen de Micheletti, pues lo que comenzó con sangre no puede ser legitimado.
Lamentó que en la Honduras de hoy se den “asesinatos selectivos”, contra dirigentes e incluso un periodista –“un colega suyo”–, además del encarcelamiento de un ciudadano por protestar contra el asesinato de su joven hijo en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa, el día que Zelaya intentó retornar a su país.
“Lo asesinaron con bala directa al cerebro, disparada por un francotirador”, manifestó.

Un puñado de ricos se apoderó de tierras en Pando y generó pobreza

El plan de asentamiento humano comenzó en 2006 y parte del principio del saneamiento previsto por la ley.

Cinco familias se apropiaron de 16.734 hectáreas (ha) de tierra en el departamento de Pando y las sometieron a procesos de deforestación y explotación de los recursos naturales, denunció ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
La autoridad identificó a las familias del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, de los senadores José Villavicencio (UN), Róger Pinto y Paulo Bravo (Podemos), y de la ex presidenta del Comité Cívico Ana Melena de Suzuki, a las que acusó además de oponerse al Plan de Asentamientos Humanos (PAH) que impulsa el Órgano Ejecutivo.
Los senadores señalan que el traslado las familias a Pando tendría el objetivo de equilibrar las zonas electorales en las que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene aceptación y que además el Ejecutivo pretende un plan de deforestación.
“Si ellos creen que estamos llevando gente para ganar votos, de verdad están retrasados en el tiempo”, replicó el Ministro y calificó a los legisladores de trasnochados “porque su supuesto predominio político ya lo perdieron”.
Quintana recordó que el PAH se realiza desde el año 2006, como parte del Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo –continuó– es lograr un equilibrio entre territorio y población, resolver el problema de la pobreza, la conflictividad social y la presión demográfica sobre la tierra.
Además el de impedir la incursión de súbditos extranjeros que lleguen a explotar de forma ilegal los recursos naturales; fomentar una nueva estructura económica y sentar la soberanía territorial en lugares despoblados, principalmente en las fronteras.
Indicó incluso que el Ejecutivo está atrasado en el plan de asentamientos, ya que éste debió iniciarse el 2 de agosto de 2008, cuando el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) terminó el proceso de saneamiento en el departamento de Pando.
Al igual que en Pando, en los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz se aplicará el plan de asentamientos humanos.

LAS FAMILIAS
De acuerdo a los datos presentados por el Ministro, la familia del senador de Unidad Nacional (UN) José Villavicencio posee siete predios que suman una extensión de 7.359 hectáreas.
“Cuando uno suma las propiedades que tiene esta familia se da cuenta de que posee tres veces la superficie territorial de la ciudad de Cobija, lo que quiere decir que comparativamente habrían deforestado más o menos dos tercios” de la capital pandina, apuntó.
Por este hecho, la ex Superintendencia Forestal le está siguiendo un proceso al senador Villavicencio.

PINTO
La familia del senador Róger Pinto, de Poder Democrático y Social (Podemos), tiene 3.269 hectáreas de tierra distribuidas en dos predios: El Lago, con 2.205 ha, y El Atajo, con una superficie de 1.064 hectáreas.
“Si el señor Pinto fuera generoso con su país y con su departamento, cediendo su territorio podríamos fundar una segunda ciudad de Cobija”, dijo Quintana y sostuvo que fácilmente en las propiedades del senador se podría albergar a más 40 mil personas.
De acuerdo con el ministro Quintana, en ambos predios más del 50 por ciento de los recursos forestales ya no existe.






MELENA DE SUZUKI
La ex presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena de Suzuki, que huyó a Brasil después de la masacre de El Porvenir, tiene 330 hectáreas de tierra, una décima parte de lo que es la superficie de la ciudad de Cobija.











PAULO BRAVO
La familia del senador Paulo Bravo (Podemos) tiene dos propiedades que suman una superficie total de 222 hectáreas, de la que más del 60 por ciento está deforestada, según la denuncia del Ministro.
“El senador Paulo Bravo le debe a ese departamento la mitad de los bosques de su propiedad”, indicó.














FERNÁNDEZ
La familia del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, hoy recluido en el penal de San Pedro de La Paz por su vinculación con la masacre de El Porvenir, tiene seis predios que suman 5.552 hectáreas.
El predio Santa Isabel, que está a nombre de Leopoldo Fernández Ferreira y Pilar Negri Soria de Fernández, tiene una superficie de 3.874 ha; El Paraíso 14 ha y el predio Santa Lucía 24 ha. En tanto, el predio Oasis cuenta con una superficie de 12 hectáreas, y La Guardia del Tigre tiene 1.190 hectáreas.
“Las propiedades que tiene el señor Leopoldo Fernández y su familia son superiores a la superficie de toda la ciudad de Cobija”, indicó Quintana.

Algunos datos
La ex presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena de Suzuki, tiene una propiedad con una superficie total de 330 hectáreas.

La familia del senador de Unidad Nacional (UN) José Villavicencio posee siete predios que suman una extensión de 7.359 hectáreas.

La familia del senador Paulo Bravo (Podemos) tiene dos propiedades que suman una superficie total de 222 hectáreas. El 60 por ciento está deforestado.

La familia del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, hoy recluido en el penal de San Pedro de La Paz, tiene seis propiedades, que suman 5.552 hectáreas.

La familia del senador Róger Pinto (Podemos) tiene 3.269 hectáreas de tierra distribuidas en dos predios: El Lago (2.205 hectáreas) y El Atajo (1.064 hectáreas).

El Ministro dijo que si el senador Pinto cediera sus propiedades se podría fundar una segunda ciudad de Cobija, que albergaría a 40 mil personas.

“Los asentamientos son una política de Estado”
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó ayer que los asentamientos humanos son una política de Estado que tiene el objetivo de lograr un equilibrio entre territorio y población, además de resolver el problema de la pobreza.
Quintana dijo que ése es el objetivo del plan de asentamiento que se realiza en el departamento de Pando y que fue retrasado en más de un año por la masacre de Porvenir, registrada el 11 de septiembre de 2008.
Negó que la ejecución de esta política de Estado, en la región amazónica, tenga fines electorales como lo denunciaron legisladores de la oposición.
Precisó que en Pando, donde el proceso de saneamiento concluyó el 2 de agosto de 2008, se entregarán 200.000 hectáreas a las comunidades campesinas.
Estas poblaciones, en cerca de un 90 por ciento, se dedicarán a la economía agroforestal para lograr la reforestación de las regiones depredadas, indicó Quintana.
Recordó que en las décadas 50 y 70 se llevaron adelante otros procesos de colonización en los departamentos de Santa Cruz y en el norte de La Paz, y no necesariamente los beneficiados votaron por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
En esa dirección, aseguró que los asentamientos humanos del Plan Nacional de Desarrollo tienen como componente esencial la estrategia de distribución justa, equitativa y necesaria de tierras a los bolivianos que no la poseen.
Quintana denunció que “algunos sectores avalados por empresarios de la región quieren obstaculizar el plan de dotación de tierras a necesitados porque temen perder sus concesiones forestales”.
Reveló que el senador Roger Pinto (Podemos) y otros parlamentarios impulsaron una ley que permitía la enajenación del territorio boliviano mediante la venta de tierras a extranjeros.
Señaló que estos políticos –que ahora se oponen al plan de asentamientos que busca que los bolivianos más necesitados superen la pobreza– saquearon los recursos naturales de Pando (depredación de maderas preciosas), traficaron madera, combustibles y cometieron contrabando.
Es más, son socios de empresarios privados extranjeros y de Santa Cruz, que son dueños de extensas concesiones forestales, por ello se oponen a la distribución de tierras porque perderán sus privilegios.
Además, denunció que existen organizaciones no gubernamentales que se oponen férreamente a que se distribuyan tierras, argumentando que sus intereses se verán seriamente afectados.
El ministro Quintana acusó además a la bancada parlamentaria de Pando de ser el cómplice silencioso del accionar de las ONG en la política y economía del país del norte, puesto que se opone a que tropas bolivianos sienten soberanía en Pando y prefieren la presencia del Comando Sur de Estados Unidos.
“Expresan su sentimiento antipatriótico hacia las tropas del Comando Amazónico, cuya misión es proteger la soberanía nacional”, agregó el ministro.

Luis Arce Gómez es recluido en Chonchocoro

Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior de la dictadura de Luis García Meza, llegó al aeropuerto internacional de El Alto deportado de Estados Unidos para cumplir su condena de 30 años de prisión, sin derecho a indulto en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro por delitos de lesa humanidad.

El también conocido el “ministro de la cocaína” arribó al aeropuerto 06.20 en un vuelo comercial de American Airlines, procedente de Miami, en medio de un fuerte resguardo policial que se desplegó por el aeropuerto de El Alto. Estuvo custodiado por cinco funcionarios de enlace de la administración estadounidense.

Tras su arribo, visiblemente afectado por los 71 años de vida, demacrado, con los cabellos y barba, completamente blancas, además del padecimiento de la enfermedad de idabetes, Arce Gómez fue trasladado al chequeo médico en una silla de ruedas.

Tras ese trámite fue inmediatamente trasladado a la cárcel de alta seguridad de Chonchocoro (a 10 kilómetros de El Alto), ubicado en medio del altiplano boliviano, donde las temperaturas por la temporada de invierno llegan hasta 5 grados bajo cero.

Arce Gómez es recluido en el mismo penal en el que cumple su sentencia García Meza, líder de las jornadas sangrientas del golpe de Estado del 17 de julio de 1980.

La deportación por parte del gobierno estadounidense fue destacado por el presidente Evo Morales quien aprovechó la oportunidad para pedir ahora que extraditen al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos ex ministros, acusados en Bolivia de genocidio en hechos violentos de octubre de 2003 cuando fueron muertos 65 personas y resultados heridas al menos 200 personas.

“La justicia tarda pero llega”, exclamó el mandatario boliviano, ante los periodistas de Bolivia. Además dijo que deben terminar las dictaduras en el mundo, al referirse al caso de Honduras donde rige el gobierno de facto de Alberto Micheletti.

ANTECEDENTES

El 8 de agosto de 2008, la jueza de Migración estadounidense, Denise S. Slavin, resolvió la deportación de Estados Unidos del también denominado ‘rey de la cocaína’ para que salde deudas penales pendientes en Bolivia, producto de su participación en la dictadura.

Arce Gómez presentó el 28 de mayo de 2008 un recurso ante la jueza S. Slavin, en un centro de detención de Miami, basado en la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas para evitar su deportación.

El ex titular de Interior (1980-1981) argumentó que su vida correría peligro y que sus enfermedades no serían tratadas adecuadamente, debido al “pésimo sistema médico que existe en las cárceles bolivianas”. Estas argumentaciones no tuvieron efecto, pese a insistencias de Arce.

El ex ministro se encontraba bajo custodia de las autoridades de inmigración de Estados Unidos en el centro de detención de Krome, en Miami, tras cumplir la mitad de una condena de 30 años que le fue impuesta por narcotráfico en 1991 en el país del norte.

En Bolivia fue sentenciado, en 1993, en ausencia, también a 30 años de reclusión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante y después del golpe militar de García Meza, en julio de 1980.

Arce Gómez fue ministro de Interior y se convirtió en el hombre fuerte del régimen dictatorial. El ‘ministro de la droga’ fue detenido en 1989 y extraditado inmediatamente a Estados Unidos, donde fue sentenciado por su relación con una banda de envíos de cocaína a ese país.

A partir de su determinación de la deportación, la jueza echó por tierra todos los argumentos que Arce había presentado pretendiendo sustentarlos durante más de ocho meses.

LO ULTIMO:Eduardo Rózsa y su grupo terrorista en entrenamiento paramilitar subversivo

MINISTRO DE GOBIERNO DESTACA QUE FELCN DIO EL GOLPE MÁS DURO AL NARCOTRÁFICO AL DESCUBRIR MEGAFÁBRICA DE COCAÍNA EN LA CHIQUITANIA

Puntualizó que desde que salió la DEA se descubren más fábricas de cocaína en el país, demostrando que la FELCN encara lucha eficaz contra el narcotráfico.

El ministrote Gobierno, Alfredo Rada, afirmó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) el último fin de semana dio un duro golpe al narcotráfico al descubrir una megafábrica de cocaína que estaba instalada en la Chiquitanía (Santa Cruz) y que producía 100 kilos de cocaína por día. Explicó que esta megafábrica estaba instalada en tres mil hectáreas de tierras, además que contaba con maquinaria y procesares para elaborar la droga de última tecnología y que estaba siendo operado por la mafia colombiana ya que fueron destinados cinco ciudadanos de esa nacionalidad..

Ponderó el trabajo desplegado por la fuerza antidroga sin que interviniera la DEA, lo que demuestra que se realiza una traer eficaz de interdicción y edscubrimie4nto de fábricas y laboratorios que elaboran droga en el país

Rada indicó que la DEA salió del país, en noviembre del año pasado y desde que salió ese organismo norteamericano, en Bolivia, se están logrando el mayor número de interdicción de fábricas de cocaína y hasta la fecha se descubrieron cuatro de esas fábricas de droga.

Tres encuestas vaticinan la reelección de Evo

El Presidente Evo Morales sería reelegido en los comicios generales de diciembre con al menos 50 por ciento de votos, según encuestas realizadas entre marzo y junio por las empresas Ipsos y Greeberg Quinlan Rosner y por las Carreras de Derecho de la UMSA de La Paz, UMSS de Cochabamba y UAGRM de Santa Cruz.

El sondeo de junio de la empresa Ipsos señala que Evo Morales obtiene un 44% de apoyo, Víctor Hugo Cárdenas 8%, Samuel Doria Medina 7%, Rubén Costas 6% y Manfred Reyes Villa y Jorge Quiroga 5%.

Una encuesta de las Carreras de Derecho de las universidades públicas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, también realizado en junio, indica que Morales tiene 37,4% de respaldo; Jorge Quiroga 6,15%; Samuel Doria Medina 5,8%; Víctor Hugo Cárdenas 5,75%, Hugo San Martín 5,1%, Manfred Reyes Villa 4,2%, René Joaquino 1,2%, Marcelo Antezana 0,21%, y Peter Maldonado 0,17%. No sabe por quién votará el 33,4% de los consultados.

Una encuesta de la empresa Greeberg Quinlan Rosner, realizada entre el 17 de marzo y el 17 de mayo en las principales capitales del eje troncal de Bolivia, ratifica la victoria de Morales y revela que René Joaquino es el único que puede hacerle frente. Este sondeo indica que el 68% de la población no votaría por Tuto Quiroga.

El candidato a la presidencia Román Loayza Caero, disidente del MAS, sólo aparece en la encuesta de las Carreras de Derecho con una intención de voto de 0,75%. Loayza fue elegido diputado uninominal por la Circunscripción 31 de Cochabamba (Provincias Ayopaya, Arque, Quillacollo, Tapacarí y Bolívar) en la gestión 1997-2002 con 52.60% de votos. En 2006 fue el asambleísta más apoyado del país con 286.143 votos.

EVO MORALES: EXISTEN GRUPOS QUE PRETENDEN DIVIDIR BOLIVIA O ATENTAR CONTRA LA VIDA PARA DAR UN GOLPE DE ESTADO COMO SUCEDIÓ EN HONDURAS

El Presidente Evo Morales señaló que existen ciertos grupos que pretenden dividir el país o atentar contar la vida de las autoridades gubernamentales con el propósito de dar un golpe de Estado como sucedió recientemente en Honduras.

El comentario lo hizo al recibir la visita de los “Ponchos Verdes” de la Provincia Carangas del Departamento de Oruro, quienes ofrecieron un ritual tradicional de esa región para fortalecer el espíritu de los gobernantes del país y alejar los malos espíritus y envidias de su alrededor.

Morales señaló que existen personas que le quieren sacar de Palacio para dividir Bolivia y organizar grupos de terrorista para atentar contra la vida efectuando una traición a la Patria porque intentan dividirla y eso pasa en Honduras.

Anotó que cuando algunos gobiernos o presidentes piensan en la igualdad de su población, no faltan algunos militares. o personas sobretodo el colonialismo interno no permite que existan transformaciones.

Enfatizó que luego de 1952 los campesinos y sectores obreros levantados en armas empujan para exista el voto universal y para que exista reforma agraria aunque no se aplicó en beneficio de los pueblos indígenas.

Invitó a los “Ponchos Verdes” a participar de la parada militar con sectores originarios e indígenas bolivianos y de otros países, al celebrarse el Bicentenario del Grito Libertario de La Paz.

Bolivia pierde ATPDEA antes que rifar su dignidad a EEUU por $us25 millones

El presidente Evo Morales rechazó hoy las observaciones y condicionamientos que impuso Estados Unidos a Bolivia para restituirle las preferencias arancelarias de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés) y reivindicó la dignidad de los bolivianos, pues dijo que esa virtud no se la regala por 25 millones de dólares.

“La dignidad de los bolivianos no cuesta 25 millones de dólares, la nacionalización, la nueva Constitución Política del Estado (CPE), las políticas gubernamentales (…) que sepa Obama y su gobierno”, afirmó el Mandatario en conferencia de prensa realizada en Palacio Quemado.

De esta manera se refirió ante la decisión del Gobierno de Estados Unidos de rechazar la prórroga de las preferencias arancelarias para Bolivia, pero sí extenderlas para Ecuador.

Un funcionario de la Administración de EEUU informó que “tras una revisión del cumplimiento de los criterios necesarios”, se decidió mantener la suspensión de esas ventajas para Bolivia. En cambio para Ecuador se mantendrán las preferencias arancelarias hasta finales de este año, cuando expira el plazo para estos beneficios.

OBSERVACIONES

Según en Jefe de Estado, se observó varias acciones de la gestión gubernamental y condicionó varios aspectos.

EEUU observó el artículo 56 y 57 de la vigente Constitución aprobada el 25 de enero en referendo nacional referido a la propiedad privada individual y colectiva, además de la expropiación de bienes previa indemnización justa.

Contradictoriamente estos artículos están en la anterior Carta Magna con los mismos detalles en el artículo 22.

También se observó el proceso de nacionalización de las empresas hidrocarburíferas, que retornó a manos de los bolivianos con más ingresos destinados al desarrollo del país.

"La nacionalización es una política del Estado boliviano y del pueblo boliviano la recuperación de los recursos naturales. El gobierno de Obama no tiene nada que observar sobre las políticas que implementamos e implementaremos en Bolivia", aseveró.

Otro aspecto cuestionado por EEUU es que se haya salido del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Morales dijo que esa instancia tiene la línea de favorecer a las empresas transnacionales en desmedro de los países pobres.

"Por dignidad de los bolivianos, estas políticas no se revisa, cualquier inversionista si quiere invertir tiene la obligación de respetar las normas bolivianas. No es posible que el gobierno de Estados Unidos observe este tema del retiro del CIADI", agregó Morales.

El gobierno de Obama cuestionó el crecimiento de las plantaciones de la hoja de coca, sin reconocer los grandes esfuerzos y resultados en la lucha contra las drogas.

A los estadounidenses tampoco les agradó la expulsión de los 57 funcionarios de la DEA.

"Es preocupante es la expulsión por parte del Gobierno de Bolivia a los empleados de la DEA. La DEA contaba con 57 empleados en cuatro ciudades, Bolivia era sede de la DEA de la región. Es decir, Bolivia, en otras palabras, era una base de maniobra política regional porque la DEA, desde acá, junto a la CIA (agencia de inteligencia de EEUU) y con los embajadores de Estados Unidos, conspiraba a los gobiernos de la región", denunció.

Lo que es peor, dijo Morales, se observó erróneamente que la administración boliviana estaba atentando contra los sindicatos, cuando en esta gestión se han aprobado medidas a favor de los trabajadores garantizado la estabilidad laboral de los dirigentes sindicales.

Ante la serie de observaciones, Morales garantizó el mercado para los productos que se exportaban a Estados Unidos con medidas innovadoras. El Presidente advirtió que esta decisión de EEUU sobre el ATPDEA es una muestra de que continuarán las agresiones de esa administración.